Advierten sobre la posibilidad de juicios millonarios contra el Estado en caso de que triunfe el referéndum para derogar 135 artículos de la LUC.
Por Fabricio Mato
En un comunicado dado a conocer el pasado lunes 2 de agosto, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) reclamó al gobierno de Lacalle Pou que detenga el proceso de portabilidad iniciado por la Ley de Urgente Consideración (LUC) y que deje que el pueblo decida a través de las urnas si desea continuar con la norma que establece la obligación de las empresas de ofrecer la portabilidad a los usuarios
“Desde SUTEL observamos con preocupación y alarma el silencio reinante por parte del Poder Ejecutivo con respecto a la Portabilidad Numérica, con la cual se avanza sin prisa pero sin pausa en un proceso que, será sometido a referéndum junto con 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración N°. 19.889 (LUC) y de ser aprobado (lo cual descontamos que ocurrirá), generará juicios millonarios contra el Estado uruguayo por parte de las empresas que se presentaron oportunamente al llamado”, advirtió la organización sindical.
Los artículos 471 a 473 de la LUC declaran la portabilidad numérica como un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil, lo cual permite la irrupción de políticas agresivas y anticompetitivas por parte de las multinacionales, quienes ofrecerán supuestas mejores condiciones contractuales a los usuarios.
Sin embargo, las trabajadoras y los trabajadores de ANTEL advierten que “la experiencia internacional indica que un número menor de usuarios cambia de operador de telefonía, en relación al gasto ocasionado al sistema. La implementación de la portabilidad numérica solo logrará elevar en forma desmedida los gastos de los operadores, recogiendo nulos beneficios para sus usuarios”.
Esta misma experiencia internacional demuestra que las empresas no realizan las inversiones requeridas en avances tecnológicos e infraestructura, ya que destinan buena parte de su presupuesto a publicidad y promoción para captar usuarios.
SUTEL advierte que estas medidas “afectan a la empresa uruguaya que deberá realizar importantes gastos para competir en forma equitativa en un contexto claramente desfavorable de desidia de las autoridades actuales”.
A través de este comunicado, las trabajadoras y trabajadores manifestaron su preocupación por el silencio en el que se mantiene la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) desde el 6 de julio, luego de la apertura de los sobres en los que las empresas que habían clasificado a esta etapa del proceso de implementación de la Portabilidad Númerica realizaron su oferta de precios.
SUTEL denuncia que el gobierno de la coalición de derecha que comanda Luis Lacalle Pou ha hecho oídos sordos a la voz popular que se expresó a través de la recolección de casi 800.000 firmas contra 135 artículos de la LUC y que significó una auténtica patriada en las actuales condiciones de pandemia, superando largamente las cerca de 670.000 requeridas y augurando un importante triunfo popular cuando la Corte Electoral convoque el referéndum para que el pueblo decida.
“Llama poderosamente la atención de los y las trabajadoras de ANTEL que el Poder Ejecutivo no se haya expresado sobre los caminos que se recorrerán sobre este tema, habida cuenta del inminente referéndum donde, justamente se pone en cuestión este proceso”, puntualizaron.
El sindicato expresó también su preocupación porque todavía hoy se establece en el portal oficial de la Presidencia de la República que la portabilidad numérica iniciará en octubre, cuando es notorio que la norma que la regula será sometida a un proceso de consulta popular seguramente en el primer trimestre del año 2022.
“De avanzar con la planificación expresada (…) y luego de obtenerse un resultado favorable en el señalado referéndum, se habrá expuesto al Estado uruguayo, por falta de cautela y previsión de las actuales autoridades, a demandas de los oferentes, usuarios, e incluso otras operadoras de telecomunicaciones que se vean afectados”, señala el comunicado.
En su comunicación, las trabajadores y trabajadores de ANTEL le recordaron a los representantes gubernamentales que el art. 25 de nuestra Constitución establece que cuando exista un daño contra el Estado que “haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.
“Los trabajadores y trabajadoras organizados en SUTEL reclamamos se detenga el proceso antes que la Portabilidad Numérica “caiga” por la decisión soberana que legítimamente y transitando los caminos correspondientes ya se ha expresado y, confiamos, lo ratificará una vez más en las urnas, evitándole al Estado uruguayo mayores costos y reclamos a futuro por responsabilidad de quienes hoy son las autoridades competentes”, concluyeron.
Como ya informara EL POPULAR la complejidad de la situación fue reconocida por el propio Ministro de Industria, Energía y Minería Omar Paganini, que reconoció el pasado 20 de julio en la Comisión de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de Rendición de Cuentas remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo: “Sí hay un tema que hay que manejar, que es la parte jurídica viendo que puede ser que haya una derogación, que lo estamos analizando bien a ver qué vamos a hacer. El proceso, por suerte, no está todavía adjudicado, pero nosotros por ahora tenemos una ley vigente que nos obliga a hacerlo y creemos que esto es bueno para la ciudadanía”. (https://elpopular.uy/las-firmas-ya-lograron-poner-un-freno-a-la-destruccion-de-antel/).
Lo llamativo es el silencio de la URSEC, organismo encargado de instrumentar el proceso de Portabilidad Numérica, establecido en la LUC. El director de la URSEC, en representación del Frente Amplio, Pablo Siris, anunció que solicitar al Directorio un informe jurídico sobre los riesgos de continuar con el proceso de Portabilidad Numérica ante la realidad del referéndum para derogar 135 artículos de la LUC.
