Con los votos a favor de los cuatro partidos de la coalición de derecha y los votos en contra del Frente Amplio, en la madrugada de este 8 de agosto, quedó aprobada la nueva Ley de Regulación de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual: un verdadero engendro, regresivo y antidemocrático.
El contenido y la forma en que se aprobó esta ley revisten una enorme gravedad, para ser más precisos, son una verdadera vergüenza.
Este engendro no es una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es un plan de negocios para beneficiar en cifras millonarias a un reducido grupo de empresarios conformado por el oligopolio que domina el sistema de medios a nivel nacional y por poderosas trasnacionales.
No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de elementos centrales de como se configura y como se maneja el poder. De derechos fundamentales como el Derecho a la Información, a la Libertad de Expresión y al acceso a internet, que son de las y los ciudadanos y de toda la sociedad. De uno de los rubros económicos de mayor crecimiento y proyección hacia el futuro, como la transmisión de datos, que hoy ya alcanza los 500 millones de dólares anuales. De una de las empresas públicas de mejor desempeño y de enorme valor estratégico para la soberanía, para el desarrollo productivo futuro, para la calidad de vida de las y los uruguayos, como ANTEL.
En todos estos aspectos la ley aprobada es un retroceso brutal. Esta ley, respaldada por la derecha, permite una mayor concentración de la propiedad de los medios, ya de por sí muy concentrada; habilita la extranjerización total de la propiedad de los medios; golpea a ANTEL, privatizando la transmisión de datos, habilitando a que le compitan los oligopolios nacionales y grandes trasnacionales y limitando las posibilidades en esa competencia de la telefónica estatal; cristaliza la situación actual de privilegios en las licencias para radio, televisión abierta y cables, extendiendo las licencias vigentes, automáticamente, por 15 años más; elimina las instancias de participación de la sociedad en las adjudicaciones de licencias volviendo a una discrecionalidad casi absoluta del Poder Ejecutivo, es decir al dedo y al amiguismo político; elimina la obligación de pagar un canon anual a los grandes medios y de esa manera desfinancia el Fondo de Promoción de la Producción Audiovisual Nacional; golpea a los medios públicos. Y como si todo esto fuera poco, atacaba la libertad de expresión y de prensa y por ello también el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión, introduciendo un mecanismo de censura previa en el artículo 72, incorporado con los votos de la coalición de gobierno en el Senado.
Por todo eso es una ley regresiva y antidemocrática. Por todas esas razones, no solo por el artículo 72 y la censura, que, por supuesto tenía una gravedad enorme.
Lo sucedido con el articulo 72 y el establecimiento de un mecanismo de censura previa a la prensa muestra la frivolidad y el desapego democrático del presidente Luis Lacalle Pou, de todo el Poder Ejecutivo, de los grupos empresariales que presionaron e impulsaron la aprobación de esta ley y de los partidos de la derecha.
Que se haya utilizado como moneda de cambio para lograr los votos un artículo que establecía la censura, que se haya estado dispuesto a votarlo dos veces, en el Senado y en Diputados, solamente para garantizar el negocio millonario de un grupo de grandes empresarios nacionales e internacionales, muestra el peso enorme del dinero y del poder que estos empresarios manejan.
Esto no lo arregla la farsa política montada desde Presidencia y el cacareado veto del presidente Luis Lacalle Pou. Aunque traiga como actor secundario al pataleo, hasta ahora intrascendente, del líder de Cabildo Abierto, senador Guido Manini Ríos, que una vez más demostró el sometimiento político absoluto de su partido al Partido Nacional y al presidente Lacalle Pou.
El artículo 72 era muy malo, pero el veto de Lacalle Pou de ese solo artículo, es una corrección parcial e insuficiente que mantiene los grandes perjuicios a ANTEL, a la democracia y a la Libertad de expresión y el Derecho de información, que están en casi la totalidad de la ley que va a entrar en vigencia. La concentración de la propiedad de los medios y la habilitación a su completa extranjerización son también amenazas, muy explicitas, a esos derechos.
Junto a SUTEL, APU, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, el PIT-CNT y el Frente Amplio, comprometemos nuestra lucha por la derogación de este engendro.
Para enfrentar la concentración del poder y la riqueza en los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Para enfrentar el desmantelamiento de ANTEL, la privatización de su principal rubro de crecimiento, que pone en peligro el desarrollo soberano futuro y la igualdad del acceso a internet de las y los uruguayos.
Esta ley nació mal, en medio de presiones, urgencias injustificadas, argumentaciones insólitas, silencios que muestran mucho y farsas políticas. Eso no lo cambia una operación de marketing político que incluye un veto. Esta ley sigue siendo un engendro mal nacido.
