Por Rodrigo Gorga
La bancada del Frente Amplio incorporó en la Rendición de Cuentas un aditivo que encomienda a la OPP convocar a un diálogo nacional para construir una estrategia de desarrollo con visión de largo plazo, participación social y planificación estatal.
La primera etapa del debate presupuestal concluyó en la Cámara de Diputados con la aprobación del proyecto y varios aditivos que expresan distintos énfasis de país. En el marco de la discusión parlamentaria, se destaca que la bancada del Frente Amplio logró incorporar un aditivo que convoca a iniciar un diálogo nacional para la construcción de una Estrategia Nacional de Desarrollo, cumpliendo así con una de las acciones prioritarias definidas en las Bases Programáticas 2025–2030. Esta estrategia apunta a dotar al país de una visión nacional de largo plazo, a través de la convocatoria a la sociedad organizada a participar en su elaboración.
El artículo 65 encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la convocatoria a un Diálogo por una Estrategia Nacional de Desarrollo, que deberá definir su metodología y objetivos mediante reglamentación del Poder Ejecutivo. El proceso incluirá la posibilidad de elaborar uno o más proyectos de ley y contará con la participación del Estado, los trabajadores, los empresarios y la academia, además de otros actores políticos y sociales que se consideren pertinentes, con el propósito de avanzar hacia un verdadero proceso de planificación estratégica participativa.
El propio programa del Frente Amplio establece, en su página 16, y como primera acción prioritaria “Desplegar una Estrategia Nacional de Desarrollo a largo plazo, lo que conlleva retomar la planificación estratégica por parte del Estado” que “debe incluir la participación de diferentes actores de la sociedad, en particular los trabajadores.” Se trata de un paso concreto hacia la construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo nacional, capaz de enfrentar los desafíos del presente con horizonte estratégico.
A diferencia de la visión liberal, que confía en que el mercado por sí solo asigna los recursos de manera eficiente y concibe al Estado como un mero árbitro de las reglas del juego, es una seña de identidad del Frente Amplio la idea de que el desarrollo requiere un Estado activo, capaz de planificar, orientar e integrar las fuerzas productivas en función del interés nacional. Frente a la lógica del lucro y la competencia, la planificación democrática busca construir una economía al servicio de las grandes mayorías, donde el crecimiento sea una herramienta para ampliar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la soberanía popular
En su intervención parlamentaria, el diputado Bruno Giometti subrayó que la convocatoria al diálogo por una Estrategia Nacional de Desarrollo formaliza un proceso que ya está en marcha, impulsado por encuentros entre el Estado, los trabajadores y las cámaras empresariales para discutir el rumbo productivo del país. Giometti señaló que el propósito es “generar acuerdos nacionales que permitan transitar hacia una transformación de la matriz productiva, con mayor incorporación de tecnología y trabajo de calidad para nuestra gente”, y también recordó que esté en línea con lo que establecen las Bases Programáticas 2025–2030.
Desde la oposición, la medida fue cuestionada. Legisladores de la coalición de gobierno calificaron el artículo como “innecesario”, “manuscrito” y “una pérdida de tiempo”, argumentando que el Poder Ejecutivo ya tiene potestades para convocar este tipo de instancias sin necesidad de norma alguna. Algunos sostuvieron incluso que promover un diálogo social amplio debilita el carácter representativo del sistema político, mientras otros ironizaron con que el gobierno “vive en estado de asamblea permanente”.
Durante el debate parlamentario, Giometti reconoció que el artículo tiene un carácter programático, y que su valor no radica en crear una obligación administrativa, sino en dar una señal política y estratégica sobre el rumbo que el país debe asumir. En ese sentido, sostuvo que incluir en la ley la convocatoria a un diálogo nacional no es redundante, sino necesario, porque eleva a rango institucional el compromiso de avanzar hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo. “No se trata solo de habilitar un diálogo —dijo—, sino de afirmar que el desarrollo no puede ser fruto de la inercia o del azar, sino de la planificación democrática y de acuerdos amplios que trasciendan los períodos de gobierno”.
Por eso, la discusión sobre el artículo 65 no es técnica ni simbólica: es política. Mientras la derecha concibe la democracia como delegación, el Frente Amplio la entiende como participación activa en la definición del rumbo nacional. Retomar la planificación estratégica a través de la OPP no solo apunta a pensar el país a largo plazo, sino también a democratizar las decisiones sobre su desarrollo, devolviendo a la ciudadanía organizada —trabajadores, empresarios, academia y gobiernos locales— un papel protagónico en la construcción del futuro colectivo.
La Estrategia Nacional de Desarrollo se inscribe así en una concepción que busca combinar ciencia, tecnología, trabajo y soberanía, frente a la lógica liberal que reduce el papel del Estado y confía el destino del país a las fuerzas del mercado.
Como recuerdan los historiadores económicos Luis Bértola y Reto Bertoni en su trabajo “Aportes hacia una estrategia de desarrollo: conceptos, diagnósticos nacionales y prospectiva global” (2019), una estrategia de desarrollo requiere planificación, coordinación y un Estado con capacidad de conducción. Uruguay, señalan, ha carecido en los gobiernos del Frente Amplio de una instancia fuerte que concentre el diseño y la implementación de una estrategia de transformación productiva, lo que llevó a una pérdida del peso de la planificación dentro de la OPP y a la fragmentación de las políticas de desarrollo. Más allá de los avances institucionales y sociales de los gobiernos progresistas, los autores advierten que no se logró modificar la estructura productiva ni superar la concentración exportadora en pocos rubros primarios, lo que mantuvo la vulnerabilidad estructural del país.
Esta definición cobra particular relevancia en la coyuntura actual, marcada por una década de estancamiento económico, restricciones fiscales y un deterioro social que se expresa con especial crudeza en el aumento de la pobreza infantil y las desigualdades territoriales. Uruguay enfrenta el desafío de romper con la lógica pendular de su economía, que alterna fases de crecimiento coyuntural con etapas de estancamiento estructural. La respuesta no pasa solo por crecer, sino por transformar el modo en que crecemos.
Avanzar hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo significa dotar al país de una brújula colectiva, construida con participación social y visión de largo plazo, capaz de orientar las políticas productivas, tecnológicas y territoriales hacia un modelo más justo, sostenible y soberano. Recuperar la planificación estratégica del Estado no es volver al pasado: es asumir, con responsabilidad política, el desafío de pensar el futuro.
