Un nuevo texto, que modificaría el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años presentado por Cabildo Abierto (CA) el pasado año se encuentra a discusión por parte de los senadores del Partido Nacional.
La nueva propuesta fue elaborada por la senadora nacionalista Carmen Asiaín, miembro de la Comisión de Constitución y Legislación.
Con respecto a la propuesta original de Cabildo Abierto, la propuesta del Partido Nacional eleva la edad para la aplicación de la prisión domiciliaria de 65 a 70 años, al tiempo que propone que dicho régimen pueda aplicarse a mayores de 65 años, que se hallen con “graves problemas de salud” o en una “situación de grave discapacidad” si así lo dispone el juez.
Más allá de las modificaciones introducidas en el nuevo proyecto del Partido Nacional, ambas propuestas favorecerían a aquellos represores procesados y condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.
De aprobarse esta iniciativa, que ya puede definirse como una iniciativa “conjunta” por los efectos que producirá, más de 20 presos de la Unidad de Domingo Arena, que fueron procesados por delitos que estaban tipificados en el Código Penal vigente en los años de la dictadura cívico-militar, serían beneficiados y accederían al beneficio de la prisión domiciliaria.
De acuerdo a La Diaria, el único que no se vería beneficiado con el régimen de prisión domiciliaria preceptiva sería Jorge Charleta Gundelzoph, quien fuera “procesado por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos y un delito de privación de libertad”.
El beneficio no alcanzaría tampoco, añade el medio de prensa, a “Enrique Uyterhoeven, procesado por torturas en el centro clandestino La Tablada contra una decena de presos políticos”.
La mejor evidencia disponible de que se trata de una “iniciativa conjunta” entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto, la aportó el semanario Búsqueda cuando informó que Cabildo Abierto respaldaría la iniciativa nacionalista.
Según consignara Búsqueda, el senador Raúl Lozano declaró que se encuentran analizando el borrador del Partido Nacional, “lo estamos analizando y estaríamos de acuerdo. Quizás haya algún detalle que haya que ir ajustando”, agregó.
Esta “iniciativa conjunta” no solo reflota las viejas alianzas observables durante la larga noche dictatorial, sino que además pasan por alto las objeciones señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los relatores de la Organización de las Naciones Unidas, quienes, según declaró el abogado Pablo Chargoñia, “objetaron el proyecto y podrían objetar este, en la medida en que en lo sustancial no se modifica el contenido y se afectan los deberes internacionales del Estado uruguayo de perseguir adecuadamente los crímenes de lesa humanidad o las graves violaciones a los derechos humanos”.
Los posibles beneficiados de la “iniciativa conjunta” de Cabildo Abierto y el Partido Nacional:
1. Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto (sobrino de Gregorio Goyo Álvarez). Procesado en 2017 por tres delitos de encubrimiento en concurrencia fuera de la reiteración con tres delitos de privación de libertad en calidad de coautor.
2. José Sande Lima. Procesado en 2006 por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor. Fue uno de los 14 condenados a cadena perpetua por la Justicia italiana por su participación en el Plan Cóndor.
3. Ernesto Soca Prado. Procesado en 2010 por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real. También fue condenado en Italia por su participación en el Plan Cóndor.
4. Lawrie Rodríguez. Procesado por el asesinato en 1974 de Iván Morales Generalli, un militante de la Federación Anarquista del Uruguay y de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales.
5. Ricardo Medina Blanco. Procesado en 2006 por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado. Integró la Policía Nacional y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y está condenado por su participación en el Plan Cóndor.
6. José Puigvert. Procesado en 2015 por un delito de homicidio político. Se trata del asesinato de Aldo Perrini en febrero de 1974, que murió por las torturas recibidas en el Batallón de Ingenieros 4 de Colonia.
7. Miguel Sofía. Procesado por un delito de asociación para delinquir con la coautoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado. Sofía era un empresario vinculado a la Juventud Uruguaya de Pie, al que se le atribuye el secuestro y la desaparición del militante tupamaro Héctor Castagnetto.
8. Leonardo Vidal. Fue procesado por el asesinato por la espalda del militante tupamaro Nelson Berreta, el 15 de julio de 1972, cuando intentaba fugarse durante un traslado.
9. Hugo Garciacelay. Fue procesado junto con Nelson Heber Coitinho por un delito de homicidio especialmente agravado en la causa que investiga la muerte de Julián Basilicio López, taxista de 66 años y militante del PCU, asesinado por torturas.
10. Mario Ramos. Procesado el 14 de diciembre de 2020 junto con Nelson Fornos por reiterados delitos de abuso de autoridad en calidad de autores cometidos en su participación en interrogatorios (que incluyeron torturas) contra detenidos políticos en el Grupo de Artillería 2, en Trinidad, durante la dictadura.
11. Ayelmiro Pereira. Procesado por tres delitos “de privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración con cuatro delitos” de abuso de autoridad contra detenidos en la sede de la entonces Guardia Metropolitana (conocida como guardia de granaderos) en 1974.
12. Eduardo Ferro. Procesado por la desaparición del militante comunista Óscar Tassino, ocurrida el 21 de julio de 1977 en un operativo a cargo de integrantes del OCOA.
13. Raúl Scioscia. Procesado por privación de libertad y violencia privada contra unos 30 detenidos por la dictadura en el centro clandestino conocido como 300 Carlos, que funcionó entre 1975 y 1977 en el Batallón de Infantería 13.
14. Carlos Frachelle. También procesado por privación de libertad y violencia privada contra unos 30 detenidos del 300 Carlos y el Batallón de Infantería 13.
15. Mario Cola. Procesado también en junio de este año por los delitos cometidos en el centro de detención clandestino 300 Carlos y en el Batallón de Infantería 13.
16. Antranig Ohannessian. Procesado en junio por el asesinato del militante Gerardo Alter, ocurrido en agosto de 1973. Anteriormente había sido procesado por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor por la denuncia realizada en 2011 por 28 ex presas políticas por abusos sexuales y torturas entre 1972 y 1983.
17. Pedro Buzó. Procesado por el homicidio de Gerardo Alter.
18. Néstor Ramón Silvera. Procesado por el asesinato de Alter.
19. Alberto Ballestrino. Procesado en agosto de este año por el homicidio del trabajador rural y militante del Partido Comunista Revolucionario Óscar Fernández Mendieta, quien murió cuando estaba siendo torturado en el Regimiento de Caballería 2 de Durazno el 24 de mayo de 1973.
20. Gustavo Mieres. Procesado junto con Ballestrino por el asesinato de Fernández Mendieta.
21. Ariel Ubillos. Procesado junto con Lawrie Rodríguez por el asesinato del estudiante Hugo Leonardo de los Santos Mendoza, ocurrido en setiembre de 1973 en el Regimiento de Caballería 6.
22. Carlos Chajá Chaine. Procesado por la autoría de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, en concurrencia, fuera de la reiteración con cuatro delitos de privación de libertad en calidad de autor. Esto refiere a las torturas contra cuatro militantes del PCU en febrero de 1976.
23. Armando Méndez. Procesado por el asesinato de Alter. Fue integrante del OCOA y participó en el operativo de detención de Alter, en Camino Maldonado y Veracierto, e integró uno de los equipos que torturaron a la víctima.
