20220609 / Mauricio Zina - adhocFOTOS/ URUGUAY/ MONTEVIDEO/ Presentacion del proyecto del memorial dedicado a ex presas politicas victimas del terrorismo de Estado en el Espacio Julia Arévalo (Plaza de las leyes) en Montevideo. En la foto: Presentacion del proyecto del memorial dedicado a ex presas politicas en el Espacio Julia Arévalo en Montevideo. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Una realidad aún poco conocida

Gastón Grisoni (*)

Un campo de concentración para mujeres

El pasado 16 de enero se cumplieron 50 años de la inauguración del Penal de Punta de Rieles como centro exclusivo de reclusión para presas políticas. Con la presencia de la Intendenta de Montevideo ingeniera Carolina Cosse, Crysol llevó a cabo un emotivo acto de homenaje a quienes estuvieron recluidas en dicho lugar.

Originalmente fue un monasterio apartado, en las afueras de la ciudad. Cuando el sucesor del fallecido presidente general Oscar Gestido, Jorge Pacheco Areco asumió la presidencia, en el marco del proceso de disciplinamiento para reestructurar la economía uruguaya, el Ministerio del Interior lo adquirió para que fuera usado como alojamiento para los detenidos bajo el  régimen de las Medidas Prontas de Seguridad, y de las militarizaciones generalizadas que conoció “La Suiza de América”.

Posteriormente fue un centro de reclusión de seguridad utilizado por las Fuerzas Conjuntas de la época, para mantener prisioneros a los detenidos en el marco del Estado de Guerra Interno hasta que se concretó la inauguración del Penal de Libertad en el departamento de San José el 1º de octubre de 1972.

El Penal de Punta de Rieles como cárcel de prisioneras políticas se inauguró mientras gobernaba Juan María Bordaberry, antes de la disolución de las Cámaras. En esa fecha, al comenzar la segunda quincena del mes de enero, 175 prisioneras políticas  que se encontraban detenidas en numerosas unidades militares, fueron trasladadas, bajo estrictas medidas de seguridad, sin conocer el destino, en camiones cerrados, con helicópteros sobrevolando, hacia dicho lugar.

Gracias al triunfo popular y la derrota de la dictadura, se clausuró el 10 de marzo de 1985, al retornar a la democracia, al aprobarse la Ley 15 737(1). Fue un lugar emblemático del terrorismo de Estado: centenares de prisioneras de todo el país, de todas las condiciones, de todas las edades, de todas las profesiones, estuvieron detenidas por ser luchadoras sociales, gremiales, sindicales y políticas. Entre 500 y 700 prisioneras estuvieran alojadas ahí.

Operación Charrúa: inhumanidad militar

Con ese nombre se conoció el traslado de las prisioneras políticas que inauguraron el Penal de Punta de Rieles. Se llevó a cabo bajo severísimas condiciones. En grandes camiones militares. Fueron 175 las que arribaron a un lugar desconocido, lleno de incertidumbre, y que en ese momento era un lugar en el medio de la nada, rodeado de campo y campo por todos lados, sin árboles.

En palabras de las sobrevivientes, agrupadas para la actividad y convocadas por Crysol: “Punta de Rieles no era, no fue una cárcel donde reinara el silencio y la monotonía, todo lo contrario. Aquella era una cárcel militar.

Dirigida por oficiales de las FFAA, custodiada por soldados: soldados hombres, soldados mujeres y perros soldados. Repartidas en los dos pisos superiores estaban las celdas, ocupadas por 12, 18, 24 presas. La capilla, por el doble o más.

El hacinamiento, que nos obligaba a compartir el espacio y nos robaba toda intimidad, lo domamos compartiendo charlas, risas, miedos, enfermedades, juegos, canciones, alimentos, habilidades manuales, lecturas en grupo, conocimientos, despedidas, duelos. Y discusión política. Con esas armas afrontamos el despliegue represivo cotidiano, continuo, que nos hizo vivir en alerta permanente y que se acompasaba con los años más sombríos de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Adentro cárcel. Afuera cárcel.

Una cárcel militar. Regida por los principios de la verticalidad de los mandos y la subordinación a las órdenes. No había opciones, había una sola cosa para hacer y era obligatorio hacerla. Estaba  prohibido negarse o poner objeciones o pedir explicaciones”.

Condenadas por tribunales militares

Todas las prisioneras políticas que estuvieron recluidas en lo que se denominó Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2, (EMR Nº 2), fueron condenadas por tribunales militares al amparo del Estado de Guerra Interno y de la Ley de Seguridad del Estado (14.068).  Lo fueron sin asistencia legal y sin garantías de ningún tipo. 

Todas vivieron la misma odisea: días, semanas y hasta meses de incomunicación, encapuchadas, de plantón, en base a confesiones auto incriminatorias o de terceros bárbaramente torturados. La inmensa mayoría de las personas sometidas a tribunales militares sufrieron en forma masiva, generalizada y estandarizada, como está documentado, tratos crueles, inhumanos y degradantes y  torturas de todo tipo. Incluyeron los abusos y las violaciones sexuales. 

La denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de DDHH, con el auspicio de IELSUR, es un documento revelador del ensañamiento de la dictadura.

Penales: centros de destrucción

El terrorismo de Estado concibió a los establecimientos carcelarios de reclusión como centros de destrucción síquica y moral  de los miles de prisioneros políticos que permanecieron en ellos. En esa época, Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos del mundo en proporción a su población. 

Según cifras oficiales, desde el 13 de junio de 1968, al comenzar el Estado represor, cuando Pacheco Areco estableció las Medidas Prontas de Seguridad para militarizar a los trabajadores bancarios,  hasta mediados del año 1976, más de 25.000 personas habían sido privadas de su libertad y sometidas a tratos crueles, inhumanos y

A galopar, a galopar!

Los crímenes  del terrorismo de Estado no pueden y no deben quedar sin castigo. Son crímenes de Lesa Humanidad, cometidos por funcionarios del Estado que debían impedir que ellos ocurrieran. Deben ser investigados, esclarecidos y castigados por el órgano del Estado que tiene competencias plenas para ello y otorgando, como ha ocurrido hasta el momento, las máximas garantías a los presuntos responsables de ellos. 

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1) Mediante dicha ley, además, Uruguay ratificó la Carta Interamericana de DDHH y aceptó la competencia de la Comisión Interamericana de DDHH y de la Corte IDH.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

Foto de portada:

Presentación del proyecto del memorial dedicado a expresas políticas en el Espacio Julia Arévalo en Montevideo el año pasado. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.

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