Pablo Da Rocha y Bruno Giometti.
Cuando escribimos esta nota ya estaba anunciado el ingreso al Parlamento del hasta hoy “nuevo” anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, propuesto por el Poder Ejecutivo, que incorporó algunos cambios respecto a la versión original: una sección más y 45 artículos adicionales. Dicho de otro modo, el actual ante-proyecto tiene once secciones (pues se agrega una que refiere a “Modificaciones al Código Civil”) y un total de 502 artículos.
El gobierno lo presenta como el cumplimiento de una promesa electoral, que fue largamente comunicada a la población, y que no representa ninguna sorpresa. Pero en realidad nunca fueron revelados los contenidos, más allá de algunos anuncios esporádicos y desconectados sobre algunos temas en el marco de la campaña; y además, si bien están en su derecho de hacerlo, pues forma parte de los diversos mecanismos jurídicos que dispone nuestra Constitución -que por cierto en varias legislaturas fue empleado- uno esperaría que efectivamente los temas contenidos en el anteproyecto, efectivamente representen una urgencia y requieran un tratamiento especial, pues no es de ninguna manera así.
Veamos, un Proyecto de Ley de Urgente Consideración es un instrumento constitucional que abrevia los plazos para su tratamiento legislativo, en no más de 90 días. Para ello, lo primero que corresponde es validar, la naturaleza de “urgente consideración” para dejar sin efecto este procedimiento se requieren 3/5 de los votos de los componentes de cada cámara; en segundo lugar, debe tenerse en cuenta que no se puede presentar más de un Proyecto de Ley con esta “carátula” ni enviar otro mientras está en trámite uno con tal calificación.
Ya entendíamos que el ingreso de este anteproyecto LUC era inconveniente pero ahora sobran los motivos ahora para que directamente no sea siquiera oportuno su ingreso, dada la emergencia sanitaria, económica y social que atraviesa nuestro país, y el mundo entero.
Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que nos oponemos al ingreso de este proyecto, por inoportuno e inconveniente; que rechazamos su tratamiento de “urgente consideración” en tanto, buena parte de los temas contenidos requieren y es deseable que así sea, otro tipo de tratamiento; y, por último, discrepamos profundamente con la orientación política del mismo, y con muchos de los contenidos que entendemos van en sentido contrario con lo construido a lo largo de estos quince años, como por lo que el mundo entero está mostrando en materia de la “cosa pública”.
Como sería imposible en este espacio dar cuenta de nuestra visión fuertemente crítica de las once secciones propuestas y más de 500 artículos que las componen, de los más variados temas; hemos optado por referirnos a las que entendemos forman parte de la columna vertebral.
Concretamente, nos enfocaremos en la Sección IV “Economía y Empresas Públicas” que perfectamente se presenta como un ejemplo, de la orientación política de este gobierno, sino que pone de manifiesto, en forma contundente que rol se le asigna al Estado; lo que resulta aún más llamativo es considerar que estos temas son urgentes, aún en virtud de la propagación del covid-19 que ya registra a nivel mundial más de 180 mil muertos, y donde la necesidad de intervención fuerte de los Estados parece no estar en discusión.
Los aspectos más destacados de esta Sección IV siguen siendo: (i) la necesidad de instrumentar una regla fiscal; (ii) desmonopolizar del mercado del petróleo crudo; (iii) la jerarquización de las unidades reguladoras que auspician el aniquilamiento del rol social de las principales empresas públicas. En alguna oportunidad nos hemos referido a los perjuicios inherentes de la implementación de estas medidas con un claro sentido de hacerle perder peso al Estado en las decisiones de política económica, otorgándole al mercado toda la responsabilidad, lo que sabemos se termina expresando -la evidencia empírica es abrumadora- en pérdida de bienestar social; peor aún, se debilita el rol social para el cual fueron creadas las Empresas Públicas y que tanto han sabido explicar para que nuestro país en el marco de un región convulsionada antes, y devastada hoy por la presencia del coronavirus, aún se halle en mejores condiciones que el resto.
La Regla Fiscal implica fijar un límite para el uso de recursos públicos, impide incrementar el gasto del Estado. Oportunamente nos opusimos al empleo de este instrumento, dada las características de nuestro país que requiere aún esfuerzos mayores por parte del Estado para superar sus niveles de dependencia económica y mejorar en términos de bienestar social, sin perjuicio de mejorar sus niveles de eficiencia en el gasto o en articular mecanismos de incentivo.
Pero de lo que no hay duda alguna, es que en el marco de una pandemia mundial, donde para su combate se requiere evitar la propagación de carácter exponencial a través del distanciamiento social o cuarentena obligatoria, que tiene como consecuencia inmediata y directa, el detenimiento prácticamente de la actividad económica, que obliga a los Estados a implementar políticas de contención social (por ejemplo una renta básica universal) conlleva a que los países, destinen mas recursos de los habituales para financiar estas medidas. Dicho de otra manera, los países que combaten eficientemente la pandemia, empeoran inevitablemente sus niveles de déficit fiscal. Es absolutamente improcedente instrumentar reglas fiscales que limiten el gasto, al contrario, no debería haber límites para brindar la contención económica, para no empeorar el bienestar de las personas. Es una decisión política.
Por si fuera poco, la LUC incorpora cambios en la dinámica de las Empresas Públicas que le reducen su capacidad de gestión. Debe tenerse en cuenta que las Empresas Públicas son empresas ciertamente que venden servicios y que, por ende, deben ser sostenibles económicamente, es decir, no es deseable que registren pérdidas. No obstante, ello, fueron creadas para ocupar áreas estratégicas (y sensibles) que se articulan para mejorar la calidad de las personas. Es decir, los fines y cometidos de las Empresas Públicas son sociales. En este sentido deben ser evaluadas de acuerdo a su rol social, no tanto, por sus niveles de rentabilidad económica. Esto ha explicado, por ejemplo, como a lo largo de los últimos quince años, el ajuste de tarifas se halla ubicado por debajo de la inflación, o que existan tarifas diferenciadas en función al consumo, o incluso que algunas sean deficitarias pero cumplan roles claves de desarrollo endógeno (ALUR).
Es evidente que necesitamos para poder desplegar aún de mejor forma, estos roles, gestiones eficientes, en permanente mejora, con mayores niveles de inversión autónoma y planificación estratégica que incorpore la mirada social. El caso de ANTEL es el mas abrumador, las inversiones llevadas a cabo, explican que nuestro país sea líder en América Latina en materia de telecomunicaciones y de las más destacadas del mundo. Pues todo lo que se ha avanzado a lo largo de tres gestiones del FA con esta orientación, estaría llegando a su fin. Se les reduce a las Empresas Públicas con las nuevas facultades de las Unidades Reguladoras su capacidad de gestión, y quedan libradas a las decisiones del Poder Ejecutivo en el mejor de los casos. Se limita su rol social, cuando no es anulado. Lo que es aún peor, se debilita fuertemente su capacidad de hacer política pública orientada al desarrollo, porque de prosperar la LUC será el “mercado quien tome las decisiones”.
No solamente se desmonopoliza ANCAP sobre la ilusión de que liberando al mercado del petróleo crudo se abarate el combustible, cuando es harto sabido que lo más probable es que termine siendo un monopolio privado, con capacidad de fijar un precio rentable para sus intereses comerciales (claramente no sociales); sino que también se “entrega” a la competencia a ANTEL. Impidiéndole hacer lo que permitió que no solo que ANTEL sea una empresa pública de vanguardia, sino que ayude a explicar que en medio de la pandemia, que obliga a todos a estar recluidos en los hogares, sea por medio de las telecomunicaciones -acceso a internet o de dispositivos electrónicos en todos los hogares y niños del país- que se “mantengan conectados” y puedan darle continuidad a sus estudios. Ahora serán las reglas del mercado las que dictaminen el nuevo acontecer.
Este anteproyecto que se presenta es fuertemente punitivo, concentrador del poder, mercantilizador y privatizador y por si fuera poco, limita cuando no anula la posibilidad de hacer política distributiva, mejorando la calidad de vida.
