El director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) en representación del Frente Amplio, Pablo Siris, denunció a través de la red social X (antes Twitter) que la mayoría en el Directorio de ese organismo aprobó el borrador de decreto reglamentario de la nueva Ley de Medios de manera inconsulta y de forma express.
“Hay 180 días desde el pasado 21 de octubre, -que se cumplen el 21 de abril de 2025-, así que no había ningún apuro cuando la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) del Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM) le solicitó a la URSEC el 16 de este mismo mes que elaborara el borrador de decreto”, expresó Siris.
El director frenteamplista agregó que “de forma express, el día 18 ya estaba pronto el borrador -que escribió un grupo de trabajo cuya designación no pasó por el Directorio-, el 20 se le hicieron pequeños ajustes de redacción y ya el 23 de diciembre la Ursec lo estaba enviando a la Dinatel”.
Siris denunció que el borrador de decreto de 57 artículos “no tiene informe, no fue consultado con nadie y mucho menos consensuado -o al menos conversado- con integrantes de la Administración que asumirá a partir del primero de marzo de 2025”.
El representante de la oposición en el Directorio de la URSEC señaló que no es “de buena práctica -ni se corresponde con los compromisos anunciados públicamente- que se tomen este tipo de decisiones cuando solamente faltan algo más de sesenta días para que asuma el próximo gobierno”.
Del mismo modo, explicó que faltan más de cien días para que venza el plazo legal para reglamentar la norma, por lo que no se justifica que el proyecto sea considerado “sin análisis, sin la participación y diálogo necesario, sin la consulta a expertos y sin la participación de los regulados”.
Por último, Siris expresó su esperanza de que el MIEM detenga la consideración del borrador “para su análisis con la rigurosidad técnica necesaria, el imprescindible civismo republicano y el respeto a los compromisos asumidos de generar espacios de diálogo durante la transición”.
“El proceso dentro del organismo se llevó una semana. No hubo informe jurídico, no se consultó a expertos, ni a la sociedad civil, ni a los regulados. Fue un procedimiento apresurado, inconsulto y carente del análisis necesario”, subrayó Siris entrevistado por M24.
“El presidente electo, Yamandú Orsi, la ministra designada y el secretario de la presidencia no fueron consultados ni informados. No es una buena práctica tomar decisiones de este calado durante una transición de gobierno”, agregó.
Siris reafirmó que desde la vuelta a la democracia, se han realizado los cambios entre las distintas administraciones caracterizados por el respeto a la transición ordenada y consensuada. “Esto no significa cogobernar, pero sí implica no imponer decisiones que comprometan al gobierno entrante sin consulta previa”.
Contenidos del borrador
Siris también expresó su objeción a algunos aspectos que están planteados en esta reglamentación: “Se crean licencias de servicios de comunicación audiovisual que no están previstas en la ley”.
Por otra parte, en tanto la nueva ley habilitó a los operadores de TV para abonados a dar servicios de internet, “pero sin una reglamentación adecuada; esto podría generar una liberalización del mercado sin los controles necesarios, dejando en desprotección a la población”.
“Esto podría convertirse en una especie de ley de la selva, donde no se establecen mecanismos claros de control de calidad, cobertura o derechos de los usuarios”, alertó Siris.
“Es posible trabajar en la reglamentación, pero debe hacerse con el debido análisis, en consulta con las nuevas autoridades y los actores involucrados. La institucionalidad no se detiene por la transición, pero tampoco se deben imponer cargas innecesarias al gobierno entrante”, concluyó Siris.
Trabajadoras y trabajadores de las telecomunicaciones se expresaron
En las últimas horas de este lunes, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL – PIT CNT), dio a conocer un comunicado en el que se pronunció rechazando estas decisiones.
“En medio del proceso de transición de un gobierno saliente y otro entrante -más allá que el actual gobierno está en funciones hasta el 28 de febrero 2025-, hay compromisos asumidos públicamente y que se deberían respetar, entre los que están conversar las decisiones que comprometan a la próxima administración”, señalaron las trabajadoras y los trabajadores de las telecomunicaciones.
Con un dejo irónico, el sindicato expresó que si esta decisión hubiera sido adoptada un 28 de diciembre, “diríamos que es parte de una humorada del Día de los Inocentes, pero inocentes somos quienes creímos en el respeto a los procesos democráticos y al diálogo que debería ser inherente a un proceso de transición plenamente republicano”.
El comunicado de SUTEL reafirma que la organización continuará exigiendo que “las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y del país y no al servicio de unas pocas empresas”.
Ratificaron también la defensa de ANTEL y su rol de vanguardia en el desarrollo nacional.
“Que le devuelvan al pueblo lo que es del pueblo, las telecomunicaciones son un derecho humano fundamental para la sociedad y para el desarrollo del país”, concluyó el comunicado.
