La prisión, recientemente inaugurada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha dado lugar a diversas críticas por parte de sectores sociales y de derechos humanos, quienes han afirmado que dicho centro carcelario no permitirá la resolución de los problemas de seguridad y que, en contrapartida, “atentaría contra los derechos humanos”.
Bautizada como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el enorme complejo carcelario tiene una capacidad para 40.000 internos y forma parte del plan de seguridad del obierno para el denominado combate contra las pandillas. Según las autoridades, el centro es el mayor de Latinoamérica y ha sido concebido con un amplio empleo de tecnología de punta con el objetivo de evitar posibles fugas de los prisioneros.
De acuerdo a declaraciones de funcionarios gubernamentales, en el centro se internarían a todos aquellos que sean identificados como pertenecientes y/o colaboradores de “grupos terroristas”.
Construída en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, el centro está alejado de las zonas urbanas y a 74 kilómetros de la capital. Los planes del gobierno salvadoreño respecto a los detenidos en el centro apuntan a evitar que los mismos tengan cualquier tipo de contacto con el exterior, pudiendo salir de sus celdas solo cuando sean conducidos a las audiencias con los tribunales de justicia, que se realizarán por vídeo conferencia desde un salón especial destinado para tales fines en el complejo penitenciario.
“Con esta cárcel el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador”, comentó Carolina Jímenez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), “muestra que no tiene planes claros para prevenir el delito. Su opción principal es un estado de ‘excepción’ permanente en el que se cometen violaciones de derechos humanos”.
En ese mismo sentido se expresó el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Católica José Simeón Cañas (UCA) dirigida por jesuitas, quien declaró, según consigna Rusia Today que se sintió estremecido al “ver celdas de castigo donde las personas van a estar en total oscuridad, en total aislamiento” y “durmiendo sobre una tabla de cemento”.
“Lejos de priorizar la construcción de centros hospitalarios, que ya cuentan con financiamiento, el gobierno se enfoca en construir cárceles de manera rápida”, criticó la diputada Rosa Romero, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Articulada con el régimen de Estado de Excepción, vigente en la nación centroamericana, el nuevo centro inaugurado por Bukele ha sido señalado como un claro ejemplo de la institucionalización y legitimación del rigor punitivo en el país.
Las críticas a la política gubernamental han dado lugar a que el gobierno salvadoreño subraye que no va a escuchar los señalamientos de estas organizaciones, ya que, de acuerdo a su perspectiva “están haciendo lo correcto”.
En su defensa, fuentes gubernamentales señalan el apoyo recibido por parte de la población salvadoreña, un hecho que afirman se constata en el elevado “apoyo de la ciudadanía a las políticas de seguridad y a la gestión del presidente Bukele”.
A raíz de la inauguración del gigantesco complejo penitenciario, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la construcción de esta cárcel.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la oranización denunció lo que denomina,“un claro patrón de violaciones de derechos humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual en El Salvador”, al que la nueva edificación aporta “continuidad” y “escalamiento de estos abusos».
«La construcción de la nueva cárcel es una clara señal de que las autoridades de ElSalvador planean seguir aplicando una política de seguridad pública de encarcelamiento masivo. Esto no aborda las causas y raíz de la violencia, y no servirá para superar el problema a largo plazo», se lee en la cuenta de la organización de Derechos Humanos.
