¿Qué tipo de sociedad queremos construir?
Rolando Arbesún
En nuestro país existe, respecto a lo que consideramos Seguridad Pública, aquello que pudiéramos denominar “un lugar común” que roza muchas veces con los más variados y diversos “equívocos”.
Este “lugar común” tiene dos características básicas, la primera de ellas es que goza de una suerte de amplia “legitimidad” cultural, esto es que muchos se afilian a ella.
Esta “legitimidad” cultural, por regla general, suele operar como un mecanismo reductor de la conceptualización misma que hagamos de “seguridad pública”.
El primer efecto de este reduccionismo es el considerar que los temas relativos a la seguridad pública son problemas “estrictamente policiales”.
Si en efecto, los problemas de seguridad pública son, por definición, problemas policiales, lo que se desprende de ello es la discusión sobre la efectividad o no, del accionar policial.
La segunda característica del “lugar común” que da paso a los más variados equívocos, es considerar que la mejor forma de evaluar la seguridad pública del país radica en observar el comportamiento de los delitos a lo largo del tiempo.
El efecto inmediato de esta característica es el ingreso que se produce, siempre que se intenten los análisis, en la cuestión de las estadísticas delictivas.
Cuando ambas características se combinan, y esto es algo muy recurrente, lo que acontece es que se desdibuja el análisis y la comprensión política de lo que se discute.
Porque cuando se discute sobre seguridad pública, aunque se problematice el accionar policial y su contracara, el accionar delictivo, lo que siempre corre el riesgo de quedar invisibilizado es el tipo de sociedad que pretendemos producir y el tipo de sociedad que se pretenda construir ha sido, es y será siempre una definición política.
Al afirmar lo anterior, traigo a colación las palabras de uno de los criminólogos críticos más importantes del mundo, Nils Cristhie, quien en alguna ocasión y a propósito del elevadísimo número de personas privadas de libertad existentes en el país, invitaba a que nos preguntáramos sobre el tipo de sociedad que queríamos construir.
Con su agudeza intelectual característica el criminólogo noruego nos preguntaba ¿qué tipo de sociedad queríamos, una donde muchos estén adentro (léase, en prisión) y pocos afuera; o una donde pocos estén adentro y muchos afuera?
Cristhie definía así los fundamentos políticos de cualquier concepción de seguridad pública que pudiéramos imaginar.
Este fundamento político y la misma historia de sus desarrollos es lo que cada vez aparece como más ausente cuando discutimos sobre seguridad pública.
Antes de ingresar en la síntesis histórica de los diversos modelos de actuación policial, hagamos como los teólogos, diferenciemos lo que no es para saber de qué vamos a hablar.
La primera precaución que debemos tener al hablar de seguridad pública es que este concepto no debe confundirse con el de modelo de actuación policial.
La seguridad pública da cuenta del modo en que “se articula, organiza y desarrolla el sistema de seguridad de un territorio específico, entendiéndolo como un todo, y no en relación exclusiva a alguna de las instituciones que forman ese sistema” (Garay, D. 2022, 3).
Como se desprende de dicha definición, la seguridad pública no se reduce al accionar policial o al de alguno de los otros actores del sistema (sistema penal, sistema judicial, etc.).
Por otra parte, cuando se habla de modelos de actuación policial de lo que se habla es de la forma a través de las cuales los cuerpos policiales han desarrollado sus actividades a lo largo de la historia.
Como se comprende ninguno de estos dos conceptos han sido, ni serán invariables, ellos han tenido, a lo largo del acontecer histórico, no solo variaciones en sus contenidos, sino, también, en las expresiones organizacionales de los mismos.
Estas variaciones en sus contenidos y en las formas organizacionales dan cuenta, primero, de las principales preocupaciones existentes en cada momento histórico y segundo, del modo en que la policía se posicionaba respecto a las cambiantes demandas políticas.
En atención a ello, es posible historiar los diferentes modelos de actuación policial, refiriendo los mismos al modo en que ellos se posicionan respecto a las demandas políticas.
Estos modelos de actuación policial ya no se expresan con la misma intensidad y rara fueron instituidos de forma “pura”, sin embargo, como modelos, permiten interrogar lo que de forma permanente se intenta invisibilizar: su dimensión política, que sigue siendo y a pesar del paso de los tiempos, el eje central de cualquier análisis sobre el delito y las formas que se instituyen para enfrentarlo.
Los modelos de actuación policial:
Gubernativo: de origen francés, su inicio se remonta a la Revolución Francesa, extendiéndose posteriormente a casi todos los países europeos y de otros continentes.
En el mismo, la policía obedecía todo lo que el soberano decía, las órdenes de este, en la mayoría de los casos, procuraban el control de las poblaciones con el único fin de “asegurar la continuidad de los gobernantes y garantizar la estabilidad del sistema político, sometiendo cualquier foco de resistencia”.
Con el advenimiento del Estado de Derecho, el eje principal dejó de ser el mantenimiento del sistema político y cobró especial relevancia el respeto por los derechos de la ciudadanía.
Una de las limitaciones principales de este modelo es que prioriza la supeditación al sistema político en detrimento de la relación con la ciudadanía, adoptando, además, una forma organizacional altamente verticalizada y regularmente militarizada que da lugar a una serie de actuaciones marcadas por la discrecionalidad a la que conduce su accionar reactivo.
Dicha discrecionalidad y accionar reactivo se sostiene, en primer lugar, por la ausencia de controles externos.
En este caso la forma básica de control es de orden administrativo interno, es decir la propia organización evalúa su accionar y define o no, posibles sanciones ante tal, o más cual, accionar discrecional de sus miembros.
Profesional: originado a principios del siglo XX en Estados Unidos, tiene en August Vollmer, jefe de la Policía Local de Berkeley a su principal ideólogo.
El principal trabajo impulsado por Vollmer fue el de convertir a la policía en una profesión tal y como las restantes profesiones ya instituidas.
Se consideraba que es este proceso de profesionalización el que permitirá anular episodios frecuentes de corrupción y subordinación “ciega” al poder político.
Tres fueron los ejes que condujeron el proceso de profesionalización de la policía: el trabajo con el personal para fortalecer sus conocimientos y habilidades, la creación de estándares de trabajo sobre normas preestablecidas con el objetivo de hacer más efectivo el accionar policial y el énfasis en la ética, el cumplimiento irrestricto de la Ley y el control de las actuaciones, las actitudes y aptitudes de los funcionarios.
La profesionalización permitió el desarrollo de estudios sobre los modus operandi de los delincuentes, e impulsó la recopilación y sistematización centralizada de los datos sobre procedimientos policiales.
De igual forma se estimuló, la incorporación de los conocimientos y recomendaciones de otros saberes (psiquiatría, medicina, biología, física, psicología), así como la importancia de evaluación de las intervenciones para controlar sus grados de eficacia.
Esta profesionalización estableció las bases de nuevos procesos de selección del personal que implicaron la exigencia de una serie de conocimientos y capacidades.
Este modelo priorizó la aplicación “objetiva” de la ley antes que la subordinación irrestricta al poder político.
La importancia dada a la legalidad permitía que la policía se distanciara del proceder discrecional en las actuaciones policiales de antaño, signadas por la arbitrariedad y su posible manipulación política.
La profesionalización, como vía para la legitimación social, suponía que la ciudadanía aceptaría mejor a una Policía bien formada que, a su vez permitiría que fuera resistente a las presiones del poder político.
La esperanza de aceptación ciudadana no se vio acompañada de la conformación de mecanismos externos de control que siguieron siendo internos y por tanto la actividad policial continuó siendo desconocida para aquellos que se encontraban fuera de la misma.
A la par del alejamiento de las presiones del poder político, este modelo profesional de la Policía trajo como consecuencia un importante distanciamiento de la ciudadanía, con lo cual la Policía se alejó de su finalidad principal.
Enfoque comunitario: surgido en Inglaterra a partir de la creación por Sir Robert Peel de la Policía Metropolitana de Londres en 1829.
Para Peel, preocupado por el relacionamiento de la policía con los ciudadanos, el primero debía concebirse como un “servidor público”, definido en la expresión “la policía es el público y el público es la policía”.
En dicha articulación, radicaba la concepción de que el éxito del trabajo policial necesariamente tiene que contar con la comunidad ya que estos son “los ojos y oídos de la policía”.
Centrar el acercamiento de la Policía al público, tenía como propósito aumentar su eficacia y su legitimación.
En este giro orientativo del trabajo policial los intereses de los ciudadanos y sus problemas ocuparon un lugar primordial, ya que lo que garantiza, de acuerdo con este modelo, el respeto a la ley es el consenso ciudadano, la aprobación social de las normas legales y el trabajo preventivo.
Ello permite entender por qué para la resolución de los diferentes problemas de los ciudadanos, el uso de la fuerza quedara replegado a la condición de último recurso, dando paso al desarrollo de formas alternativas de resolución de los conflictos.
Para Peel, interesado en dar a los ciudadanos un servicio de seguridad similar al que se da en otros campos del quehacer público “un ciudadano uniformado, no representa el poder ante un ciudadano, sino el poder del ciudadano”.
Muy alejado de los anteriores modelos, este se proponía la activa participación de los ciudadanos en el diseño de las estrategias vinculadas con la seguridad.
La apuesta por la transformación de la institución tenía como problema la cuestión del tiempo requerido para ello y la necesaria descentralización de esta, en primer lugar, en la dimensión de toma de decisiones.
En lo referido a los mecanismos de control de la actividad, el modelo establecía que el control por parte de la sociedad no solo era central, sino que, el mismo emergía de la legitimación ciudadana, por tanto, al existir una buena relación entre policía y comunidad, era posible plantearse servicios de mejor calidad y efectividad.
Más allá de la apuesta transformadora del modelo, el mismo no se desarrolló a plenitud, en primer lugar, porque no fue acompañado de la voluntad política necesaria para ello. En su lugar se instrumentaron acciones parciales que lo único que buscaban era “maquillar” la imagen y legitimidad de la Policía.
A imagen y semejanza de los modelos anteriores, se continuó evaluando el accionar efectivo de la Policía de acuerdo con el comportamiento de las tasas delictivas, el número de detenidos, condenados, etc.
Policía Orientada a los Problemas: emerge del trabajo crítico del abogado y criminólogo estadounidense Herman Goldstein con relación al modo en que la Policía de aquel país había “olvidado” su finalidad: ofrecer un servicio a la ciudadanía en un escenario donde, a la par del crecimiento de los delitos, crecía también el desapego y distanciamiento de los ciudadanos del cuerpo policial.
Goldstein consideraba que el trabajo policial, aunque llevado adelante por funcionarios bien formados y capacitados, utilizaba criterios de servicio público que, por su carácter selectivo “se olvidaba de resolver los problemas de la gente”.
Esta selectividad se guiaba por criterios reactivos, la Policía respondía a sucesos e intervenía, pero dejaba sin atender las condiciones que generaban dichas incidencias.
Si la Policía, pretende cumplir su función de servidor público, alertaba Goldstein, debe abandonar su apego a la reacción y a la pura y estricta aplicación de la ley y para ello debe constituirse un nuevo paradigma de actuación policial.
Para ello se propone organizar el trabajo policial de acuerdo con una metodología cuyas siglas fueron S.A.R.A. (Scan, Analyse, Response, Assessment).
De acuerdo con esta metodología de trabajo, la Policía tiene que colectar la mayor cantidad de información posible, analizarla en búsqueda de afinidades y diferencias entre diversos hechos, establecer conexiones en los casos en que aparezcan indicios de haberlas, determinar si el problema ya se ha dado con anterioridad y en caso de que la respuesta sea positiva, estudiar la respuesta dada y su efectividad.
De igual forma debe decidir con exactitud si ante el hecho, la respuesta más eficiente es de índole policial, o si es recomendable buscar otras modalidades de respuestas.
Para ello, debe examinar si existen investigaciones anteriores sobre la materia y cuáles fueron los resultados, con el objetivo de analizar si los recursos disponibles permiten articular una adecuada respuesta.
De acuerdo con Goldstein, no existe una respuesta rutinaria para todo e insistir en mantener la respuesta exclusivamente en el ámbito policial, cuando ésta no va a ser efectiva, es perder el tiempo y los recursos dedicado a ello.
A diferencia del modelo comunitario, este modelo, aunque tiene en cuenta a la ciudadanía en tanto le brinda un servicio, esta solo es contemplada como un fin, y no como un medio para alcanzar el fin.
Lo anterior significa que, este modelo se centra más en la Policía como agencia y en la forma en que sus funcionarios llevan adelante la tarea.
Policía basada en el orden / Tolerancia cero: Más conocida en nuestro país por los intentos vernáculos de llevarla a la práctica, este modelo de actuación policial es considerado el ícono perfecto de la concepción política neoliberal respecto a los delitos y las formas de enfrentarlos.
Su puesta en práctica, en 1994, en la ciudad de Nueva York, con la llegada del alcalde republicano Rudolph Giuliani, tuvo como responsable de su puesta en práctica a William Bratton que había sido designado por Giuliani como jefe de Policía.
Afiliada a la llamada “teoría de las ventanas rotas” desarrollada en marzo de 1982 por los científicos sociales James Q. Wilson y George L. Kelling, que afirma la estricta relación “entre el desorden en los espacios públicos y la delincuencia”.
El modelo de “tolerancia cero” generó una modalidad de acción policial signado por una concepción altamente represiva y punitiva, al punto de ser considerada como el mejor ejemplo del “populismo punitivo” que se expresa, no solo en el segmento penal con su bochornoso incremento de mujeres y hombres privados de libertad, sino en el sistemático aumento de las discrecionalidades de una policía que se ampara en la ausencia de controles externos para mantener su silenciosa impunidad bien a cubierto.
Para sus defensores, la eficacia en la “lucha” contra la delincuencia, pasa porque la policía accione de forma muy estricta ante cualquier afectación del medio físico o de cualquier conducta que moleste o intimide a la población en los espacios públicos, por más insignificante que sea el hecho en cuestión.
Este ha sido y continúa siendo el modelo más aplaudido por algunos de nuestros políticos, aunque en su discurso intenten negarlo.
Aunque sus admiradores vernáculos lo nieguen, no es posible eludir que este modelo está en la base de todas aquellas propuestas y reformas impulsadas en el país en los últimos 20 años, por quienes en forma coral unos y con un disimulado “pudor” otros, claman por más autoridad o por el “fin del recreo”.
Ella está también presentificada en los insistentes y nunca apagados ecos de esas voces que proponen, una vez más, que los encierren a todos y que si fuera posible “tiren y/o pierdan las llaves”.
Cuando se observan los cambios introducidos en la política del actual Ministerio del Interior a la hora de diseñar su concepción de Seguridad Pública, uno debe ponerse a resguardo de aquellas discusiones que limitan el problema a las derivas estadísticas.
Esta precaución se funda en dos principios, el primero, esbozado hace ya unos cuantos años por el filósofo francés Michel Foucault, que señalaba con claridad meridiana, que no es posible comprender el mundo y la producción delictiva sin incluir en el análisis el accionar policial y la forma en que este produce y reproduce formas delictivas de relacionamiento social.
El segundo principio, también de raigambre política, nos remite a lo central de la interrogante de Nils Cristhie ¿qué tipo de sociedad queremos construir?
Esta interrogante es vital porque de la respuesta que demos a la misma se definirá si alguna vez veremos en Montevideo, o en otro lugar del país, las escenas de furia que observamos hace escasos días en Nanterre y otras ciudades de Francia.
Foto de portada:
Ceremonia de egreso de cadetes de policía, en la Escuela Nacional de Policía en Montevideo en marzo pasado. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.
