Gobierno desmantela ANTEL

22/07/2023

Otorgan a operador de cable licencia para transmisión de datos.

Fabricio Mato

El Poder Ejecutivo publicó sobre las últimas horas del viernes 7 de julio su decisión de brindar licencia de telecomunicaciones clase B (de transmisión de datos) a Sergio Eduardo Moreira Rosso, titular del cable de Sarandí Grande, departamento de Florida.
La decisión adoptada por el gobierno de Lacalle Pou es significativa, por ser la primera que se otorga en el marco de la reforma del artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 19.307 que establece: “Los titulares de servicios de comunicación audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet, a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia”.
Este artículo fue reformado por la coalición de gobierno y sustituye la redacción anterior que indicaba: «Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”.
Según el diario El País, el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo, señaló: “Es lo que va a salvar al cable. Uruguay es el único país en el mundo que vende un solo producto. Esto es una posibilidad de encaminar el negocio y seguir subsistiendo en el tiempo. Es un desahogo. Hay inversión, hay mano de obra”.
Según el mismo diario, “hay varios cableoperadores esperando que les otorguen esta licencia, por lo que esperan que “ahora que salió la primera van a salir todas”, a modo de “malón”” (sic).
Melo habría señalado: “Depende de los acuerdos que logremos podemos hacer un paquete, por ejemplo, un triple play: de internet, cable y celular”.
Remata la nota señalando que “si bien no cuentan con licencias para ofertar servicios de 5G, explicó que podrían proveerle sus redes de fibra óptica a los agentes que sí ofrecen estos servicios, para llegar a las localidades en donde se encuentran los cableoperadores”.
Anteriormente, el Poder Ejecutivo ya había autorizado por decreto a Montecable, TCC y Nuevo Siglo (los tres cables de Montevideo, que a su vez pertenecen a los canales de aire 4, 10 y 12), así como a Praiamar y Korfield (cables de Pando y Colonia del Sacramento, respectivamente).
DPL News, uno de los medios especializados en materia de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe señalaba en ocasión de informar esta noticia: “Este paso reafirma el fin del monopolio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) en Internet fijo en Uruguay”.
La misma publicación recogía declaraciones del Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini: “Esta semana, el Ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Omar Paganini, dijo en conferencia que el renovado artículo 56 de la Ley de Medios “dice quién puede hacerlo pero no dice quién no” en referencia a la posibilidad de que operadores que presten televisión utilizando tecnología distinta al cable también reciban anuencia para dar Internet. La declaración atañe específicamente a prestadores con pisada extendida, precisamente DirecTV, Cablevisión y Claro”.
El gobierno -a través de sus dichos y sus acciones- no deja lugar a dobles interpretaciones: su intención es liquidar el monopolio de ANTEL en materia de transmisión de datos por redes fijas y abrirla no solamente a cableoperadores, sino a otros operadores que utilizan medios satelitales e inalámbricos.
Es el sueño húmedo del herrerismo: liquidar a ANTEL y que las telecomunicaciones dejen de ser consideradas como un servicio público que garantiza un derecho humano, para transformarse en un mercado puro y duro.
Mercado en el que se opera según las leyes del capital, por lo que se puede asumir que en poco tiempo tendremos un oligopolio dominado por grandes empresas multinacionales y a una ANTEL completamente desmantelada.
Y como al mercado no le gustan las normas, la idea es de paso eliminar las regulaciones que han permitido el elevadísimo nivel de penetración y desarrollo de las telecomunicaciones que ha tenido nuestro país, o vaciarlas de contenido para que no tengan incidencia o efecto real en las acciones de las empresas.
Este ha sido el proyecto de los Lacalle, el Herrerismo y los sectores más fanáticamente neoliberales de la derecha, desde los años noventa: liquidar la presencia del Estado en las telecomunicaciones y abrir el sector a las grandes empresas multinacionales.
La decisión que se adopta ahora va en línea con otras que se han tomado previamente por parte de este gobierno, como sacar a ANTEL del mercado de contenidos y destrozar toda la infraestructura que el organismo tenía alrededor de Vera TV, entregando la producción nacional de contenidos a las plataformas de streaming y a los grandes capitales de los medios.
Al mismo tiempo, son criminales los cinco años de demora en brindar el servicio 5G (para esperar a los privados, según explicó Paganini) y no aprovechar las ventajas competitivas que implicaban el elevado nivel de inversión que se había realizado para este rubro en ANTEL durante los gobiernos del Frente Amplio.
Por otra parte, se implementó la portabilidad numérica que solamente ha perjudicado a Antel de manera consistente, porque no podía ser de otra manera, porque para eso fue implementada, porque eso es lo que mandan los CEO de Movistar y Telefónica, a pesar de la falta de interés que este mecanismo ha provocado en los clientes.
Pero eso sigue sin ser todo. Se redujeron las tarifas que pagan Claro y Movistar a Antel por las llamadas que se hacen de celulares a los teléfonos fijos y así mismo se redujo el precio de las llamadas a teléfonos celulares, lo que no tuvo impacto en las tarifas a los consumidores y, en cambio, sí produjo importantes perjuicios a Antel y pingües ganancias a las multinacionales.
Antel se ha transformado, además, en el carro alegórico sobre el que está montado su presidente, Gabriel Gurméndez, protagonista imaginario de una campaña electoral en la que marca 1% en un Partido Colorado al que las encuestadoras no le asignan más del 4%.
Pero Gurméndez no solamente no es cuestionado por los medios de comunicación, sino que un día sí y otro también está en los grandes canales de televisión, quizás porque les ha desembolsado millones de dólares a esos mismos medios, pagándoles mucho por un servicio que se usa poco (la transmisión a través de ANTEL TV) y que pagamos todas y todos.
Como denunció recientemente el senador Oscar Andrade en el Parlamento, ANTEL decidió realizar el segundo pago (de tres previstos) de 3 millones de dólares a los canales 4, 10 y 12 por tener su señal en ANTEL TV, visible solamente en los celulares, además, a pesar de que no la mira casi nadie y que los resultados económicos de esa inversión han sido desastrosos para la telefónica pública y que había oportunidad de renegociar o rescindir ese contrato.
Esto no ha sido peor solamente gracias a la lucha de los trabajadores de las telecomunicaciones organizados en SUTEL, del conjunto del PIT-CNT y de todo nuestro pueblo, que han logrado frenar los intentos de privatizar la fibra óptica, o bien abrir su uso a las multinacionales, o bien quitarle a Antel su control, cosas que intentaron una y otra vez a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en el fracasado proyecto de Ley de Medios que presentó el gobierno y reiteradamente en las leyes de Presupuesto y Rendición de Cuentas.
Esa lucha de SUTEL, de todas las trabajadoras y los trabajadores y del conjunto de nuestro pueblo es lo que ha logrado detener el expolio y es lo que permitirá resistir y sostener a ANTEL y que se la ponga nuevamente al servicio del desarrollo del país y su gente.