Trabajadores alertan contra la “rapiña” y el FA llama al Directorio del ente para que dé explicaciones.
Fabricio Mato
Ante la decisión del gobierno de conceder la licencia a la empresa de internet satelital Starlink para operar en Uruguay y decisiones que comprometen el futuro de ANTEL, como el otorgamiento de grandes facilidades para ampliar la participación privada, en particular de grandes grupos económicos nacionales e internacionales en el estratégico espacio de la transmisión de datos, los trabajadores del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) anunciaron que no tolerarán la “rapiña” de la empresa de telecomunicaciones de todas y todos los uruguayos.
En un comunicado divulgado este lunes (https://elpopular.uy/declaracion-publica-de-sutel/), SUTEL expresó que la intención del Poder Ejecutivo es permitir el ingreso del gran capital privado nacional y multinacional al mercado de datos fijos, que “significó en el año 2022 (de acuerdo a los números publicados por la URSEC) la friolera de 18.261 millones de pesos, algo más de 468 millones de dólares. En tanto el primer semestre de 2023 registró un aumento del 5% respecto a igual período de 2022 es fácil suponer que el año pasado cerrará alcanzando y superando la cifra de 500 millones de dólares”.
ANTEL detenta el 99% de ese mercado, llegando a más de un millón 100 mil hogares y este es el único sector que se encuentra en crecimiento, en desmedro de los servicios de telefonía tradicionales, señaló el sindicato.
SUTEL también denunció el otorgamiento de licencias de transmisión de datos a cableros en una cifra que ya supera las 32 autorizaciones, incluyendo en ellas a los cables de los canales 4, 10 y 12 de Montevideo.
“El argumento fundamental para otorgar este derecho a los operadores de TV para abonados era la precaria situación en la que se encontrarían algunos cableros chicos en zonas rurales; sin embargo, tanto el Poder Ejecutivo como la URSEC iniciaron la temporada de franquicia de autorizaciones con las grandes empresas que sirven a Montevideo y las capitales del interior”, señalaron las trabajadoras y los trabajadores de las telecomunicaciones, quienes denunciaron que adicionalmente se le otorgaron licencias a varias empresas del grupo argentino Cablevisión.
“El gobierno le ha exonerado de los impuestos de importación a los canales de TV y empresas de cable para traer equipos, materiales y herramientas para instalar fibra óptica, mientras que Antel debe pagar todos los tributos para poder hacer lo mismo. Pero no solamente se les brinda esa facilidad, sino que también les pagamos más de un millón de dólares anuales a cada uno de los canales de aire de Montevideo (los mismos que ahora son nuestra competencia), totalizando diez millones en tres años”, agregaron.
Al mismo tiempo, Daniel Larrosa, director de ANTEL en representación del Frente Amplio, informó que el Directorio de ese organismo está considerando arrendar a terceros la fibra óptica de su red a precios mayoristas, con lo que dejará de percibir un importante margen que se transferiría al sector privado.
Larrosa señaló también a la diaria que “los cableoperadores pueden venir y sin ninguna condición, más allá de tener la licencia de vender internet, arrendar la fibra a ANTEL; por tanto pueden competir con ANTEL sin invertir, (…) están en el mejor de los mundos. Si les conviene construir la red, ponerla en una zona, en Montevideo, construyen. Y en la otra zona arriendan a ANTEL. Los descuentos que le hace Antel a los cableoperadores privados por venta mayorista oscilan entre el 20% y el 35%. Entonces, tienen un margen impresionante”.
Por su parte, el director de la URSEC por el FA, Pablo Siris, dijo que parecería que algunas decisiones se toman “sin el análisis” de qué implica “para el país y para el ecosistema de las telecomunicaciones en su conjunto”. El jerarca por la oposición señaló en diálogo con la diaria que no cree que haya habido un “análisis en profundidad” del impacto jurídico que supondría.
“Uno supone que si se necesitaba un artículo en la LUC o en la ley de medios para impulsar esta política, ¿por qué ahora parece que alcanza simplemente con una decisión del Directorio [de ANTEL]? El impacto jurídico de esto parecería estar fuera del análisis, y creo que es parte fundamental a estos efectos”, indicó Siris
Según el representante frenteamplista, el hecho de que esto se esté analizando en año electoral abre “mucha suspicacia”, dado que se les ha otorgado a los medios de comunicación y a algunas multinacionales “beneficios importantes”.
“Esto hace suponer, incluso, decisiones desde el punto de vista publicitario, de contratación de contenidos y que hacen suponer que hay compromisos políticos más que necesidades del mercado o de los usuarios. Las decisiones en el ámbito público tienen que estar fundadas. ¿Cuál es el fundamento de las decisiones que se están tomando? No los conozco”, concluyó Siris.
Ante esta situación, la bancada de diputados del FA decidió citar a las autoridades de ANTEL a la Comisión de Industria, Energía y Minería de esa cámara, dado que se había intentado implementar esta disposición en la LUC y en la Ley de Medios, pero finalmente no se aprobó por falta de acuerdo en la propia coalición de derecha.
El diputado frenteamplista Gabriel Tinaglini, quien integra esa comisión, afirmó en la emisora M24: “acá no hay nada gratis, estos fueron compromisos asumidos en campaña, donde sabemos cómo se mueven los grandes medios, y acá hay que pagar esos servicios; y sobre todo con la proximidad” de los comicios, ya que “estamos inmersos en otra campaña electoral”.
“Acá lo que está en disputa justamente es transferirles parte de esa ganancia directamente a los medios privados, y los más beneficiados no van a ser los cableoperadores del interior; si realmente se quería hacer la transferencia a los cableoperadores del interior, está la publicidad oficial, que quedó por el camino” y que apenas “hoy llega al 2%”, dijo Tinaglini.
El parlamentario recalcó que “lo que hay en el fondo con este tema del internet a los cableoperadores del interior” es que “está enmascarado” un interés constante en “todas estas transferencias a los grandes medios”.
“Así, no. Rapiñar a la empresa de todas y todos para el beneficio de unos pocos empresarios, no. Destruir nuestra empresa estatal y pública, pedazo a pedazo, no. Generaciones de uruguayas y uruguayos hemos invertido en ANTEL. Pero no solamente hemos creado una de las mejores empresas de telecomunicaciones del mundo, sino que la hemos defendido y la seguiremos defendiendo”, señalaron las trabajadoras y los trabajadores de SUTEL en su comunicado.
“No permitiremos que se venda el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad, pero mucho menos permitiremos que se haga sin necesidad y para beneficio de unos pocos que han demostrado que son todo menos transparentes mientras llevan adelante un gobierno que solamente se preocupa por los “malla oro” y que considera que para nuestro pueblo alcanzan las migajas y la caridad”, remataron.
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Movilización del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL) frente a la Torre de Antel en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
