Un pedido de juicio político contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, será presentado por el excandidato presidencial Andrés Arauz, del Movimiento Revolución Ciudadana.
El pedido de juicio político al presidente Noboa se solicita por considerarlo el máximo responsable del secuestro del exvicepresidente Jorge Glas tras el asalto a la embajada de México en Quito.
En entrevista mantenida con TeleSUR, el político dijo “que además del pedido contra el mandatario (…) presentarán juicios políticos en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia”.
De acuerdo a Arauz estas acciones son causal suficiente “para pedir la destitución del presidente Daniel Noboa”.
Luego del secuestro del exvicepresidente Jorge Glass, afirmó Arauz, desde el Movimiento Revolución Ciudadana se considera a Noboa, como “responsable por la vida, la integridad física y la salud” de Glas.
El excandidato anunció en el curso de la entrevista “que en las próximas horas se registrarán como un partido de oposición en conformidad con la Ley Electoral ecuatoriana, lo que significará otro nivel de relaciones con el Gobierno de Noboa”.
Según explicó al medio de prensa, la agrupación política que integra se “encuentra abocada a que las acciones internacionales puedan retrotraer la situación de Jorge Glas antes del secuestro”.
“Eso quiere decir”, explicó, “que el exvicepresidente esté en libertad y que se emita el salvoconducto para que pueda viajar a México conforme a lo establecido en tratados internacionales”.
“Esperamos”, subrayó el político ecuatoriano, “que cuando se inicien las acciones legales contra el Gobierno de Ecuador, se singularicen los hechos para que el presidente Noboa, sea el responsable directo y que el pueblo ecuatoriano no tenga que pagar las consecuencias de este acto de arbitrariedad y flagrante violación del derecho internacional y del derecho humanitario”.
Finalmente, Arauz denunció que desde su secuestro, Jorge Glas “no ha podido entrar en contacto con sus abogados” y calificó el hecho como una “indefensión” que constituye “una clara violación del debido proceso y de los derechos humanos de la persona privada de libertad”.
