Por Bruno Giometti (*)
Con plazo 30 de junio de 2026 el Poder Ejecutivo debe presentar ante el Parlamento lo que formalmente se denomina “Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2025” o más sencillamente Rendición de Cuentas 2025. En esta ocasión, la instancia es sumamente relevante por tratarse de la primera Rendición de Cuentas del actual gobierno con el Presupuesto Nacional 2025-2030 en marcha, con iniciativas en desarrollo y con importantes desafíos por cumplir en el marco del Programa del Frente Amplio (FA). El Poder Ejecutivo debe presentar un informe económico financiero donde se ajustan las proyecciones macroeconómicas, lo que incluye las cifras fiscales, respecto de lo planteado el año anterior en el marco de la discusión presupuestal. Asimismo, tiene la posibilidad de realizar modificaciones tanto en el plano de los egresos como de los ingresos.
Ajustes en las proyecciones macroeconómicas
En el informe económico financiero adjunto al Presupuesto Nacional del período 2025-2030, el Poder Ejecutivo proyectaba una variación del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,6% para el año 2025 y 2,2% para el año 2026, mientras que el promedio quinquenal hasta 2029 era de 2,4% de crecimiento económico proyectado. Estas cifras estaban en línea con lo que proyectaban los analistas económicos e incluso algo por debajo de las últimas proyecciones macroeconómicas presentadas por el gobierno anterior a mediados del año 2024 (1).
Según el informe oficial publicado en el mes de marzo del corriente año por el Banco Central, el PBI registró una variación de 1,8% en el año 2025, es decir, ocho décimas porcentuales por debajo de lo proyectado por el Poder Ejecutivo (2). Este crecimiento inferior al previsto se explica por una multiplicidad de factores, pero seguramente está en el centro la situación internacional de alta incertidumbre, la política de aranceles llevada adelante por Estados Unidos y un menor flujo de inversiones hacia la región, que en el caso de nuestro país se suma a un escenario estructural de muy bajo crecimiento, casi estancamiento, que lleva una década.
El Presupuesto Nacional 2025-2030 se tuvo que discutir en un marco fiscal complejo, con un déficit fiscal de más de un punto porcentual del PBI superior al reportado por el gobierno anterior. El Presupuesto votado en 2025 se planteaba una convergencia fiscal hacia el año 2029, vía mayores ingresos por nuevos tributos como el Impuesto Mínimo Global sobre las grandes transnacionales y las ganancias de capital en el exterior, las mejoras de eficiencia de la DGI, la mayor recaudación por el crecimiento económico y un incremento de los egresos que podríamos calificar como moderado, por debajo del aumento de los ingresos proyectado. Para fijar ideas, el Presupuesto proyectaba para el año 2029 un incremento de ingresos fiscales de 1.200 millones de dólares entre los nuevos tributos y la mejora de la eficiencia de la DGI, mientras que para dicho año el gasto incremental votado fue de 240 millones de dólares.
Por su parte, si tenemos presente que la recaudación total de la DGI es aproximadamente un 20% del PBI en Uruguay, un crecimiento económico menor al previsto en ocho décimas porcentuales, implica una recaudación en 2025 cerca de 130 millones de dólares inferior a la prevista para ese año. Prácticamente todo el gasto incremental previsto para el año 2026 que asciende a 140 millones de dólares.
En este marco, la Rendición de Cuentas que se discute este año tiene que establecer alguna de estas alternativas o una combinación de ellas:
a) Asumir para el período 2026-2029 un déficit fiscal mayor al que se había previsto en 2025, lo que implica a su vez mayor deuda pública y aumento de los pagos de intereses a futuro;
b) disminuir y/o diferir en el tiempo algunos egresos del Presupuesto, que para un gobierno de izquierda no deberían ser en ningún caso gasto público social o inversiones estratégicas, sino únicamente gastos de carácter superfluo o duplicado;
c) establecer instrumentos para incrementar los ingresos del Estado de manera que se pueda compensar el menor flujo de ingresos de 2025 y 2026 respecto a lo previsto inicialmente.
Una cuarta línea de trabajo, aunque cualitativamente distinta de las anteriores en tanto implica mayor incertidumbre y decisiones de mayor complejidad política, tiene que ver con establecer una Estrategia Nacional de Desarrollo que haga posible un mayor dinamismo económico a mediano plazo, de manera que se vayan superando las restricciones fiscales vigentes con el actual modelo de acumulación.
Un mayor aporte del 1% más rico
El análisis de la iniciativa planteada por el movimiento sindical, de establecer una sobretasa del Impuesto al Patrimonio al 1% más rico de la sociedad, para financiar políticas para la reducción de la pobreza en infancias y adolescencias, se vuelve todavía más ineludible en el contexto actual (3).
En nuestro país, según los datos más recientes, la incidencia de la pobreza en la primera infancia (menores de 6 años) es de 32% mientras que se ubica en 29% para el conjunto de los menores de edad. En otros términos casi 1 de cada 3 niños y adolescentes viven en hogares bajo la línea de pobreza.
Los incrementales votados en el Presupuesto 2025-2030 sin dudas están bien direccionados: la mayor parte de los recursos es inversión pública social destinada a primera infancia, atención a los sectores vulnerables y mejoras en la educación pública. Pero tampoco hay dudas de que la magnitud de recursos votada (en total 140 millones de dólares incrementales en 2026 ascendiendo hasta 240 millones en 2029) resulta insuficienciente para mover la aguja sustancialmente en cuanto a reducción de la pobreza infantil. Incluso aunque resultaran exitosas otras políticas complementarias como los incrementos de los salarios más bajos, la duplicación de los recursos para vivienda de los sectores más vulnerables o la Ley de Empleo Integral.
De contemplarse la propuesta del movimiento sindical, se podrían obtener recursos importantes para “blindar” las políticas existentes hacia pobreza infantil y adolescente, pero también para incrementarlas de manera significativa. En las primeras estimaciones se planteaba que un aporte de 1% del 1% más rico podría recaudar aproximadamente un 1% del PBI, es decir, 800 millones de dólares anuales (4). Aun cuando esta cifra terminara siendo inferior por las características del diseño de la medida, no cabe duda de que se trata de un salto relevante en términos de recursos. Asimismo, los estudios existentes que incorporan las llamadas respuestas comportamentales, muestran que una acción de política de este tipo no tendría efectos negativos significativos sobre el crecimiento económico ni que implicaría que Uruguay quedara desfasado en términos de presión fiscal respecto a países con similar nivel de desarrollo.
Mejorar la eficacia del régimen de exoneraciones fiscales
En un artículo publicado hace un mes en EL POPULAR junto con Rodrigo Alonso (5) argumentábamos sobre la necesidad y posibilidades de alinear en mayor medida la política de promoción de inversiones con una Estrategia Nacional de Desarrollo, orientada a la transformación y sofisticación de la estructura productiva del país.
Avanzar más en esa dirección posibilitaría hacer más eficaz el sistema en dos sentidos: en primer lugar, un mayor direccionamiento de los estímulos hacia la transformación de la estructura productiva y, en segundo lugar, un ahorro de recursos.
En el Uruguay la magnitud de las renuncias fiscales es elevada tanto en la comparación regional, como en la comparación respecto a países de similar nivel de desarrollo, operando en la práctica como una rebaja generalizada del impuesto a la renta empresarial. Una parte no menor de este “gasto tributario” termina estimulando la concentración empresarial en determinados rubros (por ejemplo en el sector de las farmacias y el comercio minorista), la actividad de empresas que compiten con entes públicos (telecomunicaciones) o beneficiando sectores con rentabilidad extraordinaria (como puede ser el sistema financiero o algunas cadenas productivas de base agropecuaria).
El propio FMI en un informe presentado el año pasado sugiere que mediante una revisión moderada del sistema de incentivos fiscales a la inversión, se podría lograr un ahorro fiscal del orden del 0,4% del PBI es decir unos 320 millones de dólares.
Avanzar en la revisión del sistema de incentivos fiscales a la inversión no genera recursos en lo inmediato, pero en un mediano plazo podría tener efectos favorables en el plano fiscal y “liberar” recursos para llevar adelante más políticas sociales y políticas de desarrollo.
Revisar algunas pasividades de privilegio
En el año 2025, ante la situación de la Caja de Profesionales, el Poder Ejecutivo envío al Parlamento un proyecto de ley de “rescate” con aportes de los activos, pasivos y Rentas Generales. Para el caso de los pasivos planteaba una contribución progresiva sobre las jubilaciones más altas, totalizando un monto algo superior a los 40 millones de dólares anuales. Finalmente, en el Parlamento fue aprobada una fórmula con mayor aporte de Rentas Generales y menores tasas para los pasivos, que terminarán aportando unos 25 millones de dólares anuales.
En nuestro sistema de seguridad social persisten grandes desigualdades que están siendo abordadas de manera estructural en el marco del diálogo sobre la previsión social.
El Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA recibe asistencia de rentas generales por más de U$S 500 millones anuales. Si bien esta cifra debería ir en descenso fruto de la ley votada en 2018 que hace converger este subsistema con el régimen general, dicha reforma puso plazos amplios por lo cual seguimos conviviendo con pasividades de privilegio en el sector de las fuerzas armadas, lo cual viene además desde hace décadas. Cabe agregar que aproximadamente el 25% del gasto total en retiros militares se concentra en el sector de la oficialidad de mayor rango, que perciben pasividades por encima de los $200.000 mensuales.
En el marco de importantes restricciones fiscales y teniendo en cuenta que el año pasado se hizo necesario un aporte adicional de los profesionales de mayores ingresos para paliar el déficit de su caja de jubilaciones, cabe preguntarse si no es momento de establecer un aporte adicional de los militares retirados de altos ingresos. En el año 2018 junto a la reforma de este instituto de seguridad social se propuso un impuesto adicional a los retiros más altos, como forma de acelerar la convergencia, pero no se alcanzaron los votos necesarios. En aquel momento se hablaba que esta medida podía paliar en un 10% el déficit de la caja militar, lo que supondría un ingreso de 50 millones de dólares anuales. En caso de votarse un impuesto idéntico al votado para los profesionales el año pasado, serían 25 millones de dólares.
En síntesis
En este artículo analizamos el contexto fiscal en el marco de la próxima Rendición de Cuentas; la necesidad de no solo sostener sino incrementar la inversión pública social particularmente hacia la infancia y adolescencia y planteamos algunas alternativas que permitirían simultáneamente evitar un ajuste regresivo sobre la inversión pública social, incrementar recursos hacia la infancia y adolescencia, así como avanzar hacia una menor desigualdad, sin que esto afecte negativamente ni a la inversión ni a las posibilidades de crecimiento económico. Seguramente haya otras opciones complementarias que se puedan considerar en pos de cumplir con estos objetivos programáticos.
Las decisiones a afrontar no son neutras. Deben ser abordadas con la mayor rigurosidad técnica posible, pero finalmente son opciones políticas y se podrán implementar o no en función de la correlación de fuerzas que se construya en la sociedad.
Referencias:
(1) Exposición de Motivos de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2023, página 16.
(2) Informe de Cuentas Nacionales. Cuarto trimestre 2025 y Año 2025. BCU.
(3) Propuesta de creación de una Sobretasa del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas para financiar políticas para la reducción de la pobreza infantil y adolescente. PIT-CNT.
- (4) Erradicar la pobreza monetaria en Uruguay: la falsa oposición entre crecimiento económico y agenda redistributiva. Razones y Personas. Mauricio De Rosa.
(5) Exenciones al capital y estrategia nacional de desarrollo. Rodrigo Alonso y Bruno Giometti. El Popular, edición del 13 de marzo de 2026.
(*) Economista. Diputado por el Espacio 1001 – Frente Amplio.
