El diputado de la 1001-FA, Bruno Giometti explicó a EL POPULAR los alcances del proyecto de ley que ordena los permisos a los barcos de bandera extranjera que operan en Uruguay.
Por Victoria Alfaro
“El proyecto de ley básicamente lo que propone es atender una problemática que hay en el sector marítimo nacional. Un problema tanto desde el punto de vista del trabajo nacional como de la soberanía en esa parte tan importante de nuestro territorio como son las aguas. El planteo es regular lo que se llaman los waiver , que son permisos excepcionales que se dan a las embarcaciones de bandera extranjera para realizar actividades en aguas territoriales uruguayas, que normalmente están reservadas para embarcaciones de bandera nacional”, explicó el legislador. “Que tienen determinados regímenes y determinadas exigencias de contratación de tripulación nacional”, agregó.
Una excepción convertida en regla
“Pero, lo que viene pasando y desde hace bastante tiempo, es que estos permisos excepcionales permiten que barcos de bandera extranjera hagan tareas, a veces durante muchos meses, en aguas territoriales uruguayas con una tripulación totalmente extranjera. Estas excepciones empiezan a ser más la regla que la excepción”, denunció.
“Eso ha generado que prácticamente la marina mercante nacional y determinadas actividades como el dragado, la asistencia a buques, servicios turísticos, entre otras actividades en el territorio uruguayo que deberían hacerse con barcos de bandera nacional, hoy se hacen con buques de bandera extranjera que no están sujetos a las regulaciones de los buques de bandera uruguaya, porque tienen esos permisos excepcionales que empezaron a ser más la regla que la excepción”, explicó Giometti.
“Nuestro planteo no es eliminar este tipo de permisos excepcionales que entendemos que son necesarios para determinados casos donde, no hay un barco de bandera nacional que pueda hacer determinada actividad, pero establecer que mientras esos barcos permanezcan trabajando en aguas uruguayas durante X cantidad de días, se les exija que tengan un determinado porcentaje de tripulación nacional a medida que aumenta la cantidad de días en aguas nacionales”.
El proyecto
El proyecto indica en su inciso 2 que “El Poder Ejecutivo podrá autorizar con carácter de excepción en estas operaciones, la utilización de embarcaciones, buques off shore, o plataformas de bandera extranjera cuando no existan disponibles similares de bandera nacional.
En tal caso serán observadas las siguientes condiciones y proporciones:
a) A partir del comienzo de las operaciones, un 33% de la oficialidad y subalternos estará integrada por ciudadanos naturales o legales uruguayos, ocupando Puente, sala de máquinas, cubierta. El mismo porcentaje de ciudadanos naturales o legales uruguayos se observará para el resto de la tripulación.
b) A partir de los 180 días, el porcentaje indicado anteriormente se elevará al 66%.
c) A partir de los 360 días del comienzo de las operaciones se aplicará a las embarcaciones , buques y plataforma de bandera extranjera los porcentajes de ciudadanos naturales o legales uruguayos indicados en la Ley N°18.498 (90% de personal uruguayo).
En el caso que las autorizaciones impliquen periodos discontinuos de operación, se sumarán como días de operación todos los períodos acumulados en el término de dos años”.
Giometti indicó que además colocaron una cláusula que en el caso de que no haya personal uruguayo suficiente para cubrir los cargos se puede negociar pero siempre con el aval del sindicato y no solamente con el aval de la empresa o el regulador.
Una sangría evitable
“El planteo es evitar esa sangría que se viene dando de la pérdida del trabajo nacional y de la flota de la marina mercante” y agregó, “obviamente esta medida no va a solucionar el problema de fondo de manera permanente, pero sí contribuye a poner el tema sobre la mesa, que es algo que ha hecho la Integremial Marítima con esta propuesta”, apuntó el legislador.
Si este proyecto se aprueba en el parlamento “por lo menos se puede empezar a frenar lo que se ha transformado casi en una regla, donde la mayoría de los barcos que circulan en actividades que normalmente están reservadas a barcos de bandera nacional, terminan siendo barcos de bandera extranjera, generando perjuicios desde el punto de vista de la soberanía y también se extranjeriza el valor económico en nuestro territorio”, apuntó.
“Porque esas empresas después se van con sus trabajadores y todo ese valor económico se termina yendo a otro país como si fuera una industria extractiva”, explicó. “Además las empresas pueden recibir exoneraciones de todo tipo”, agregó.
Giometti indicó que el tema marítimo no suele estar sobre la mesa. “Uruguay, si bien el mayor territorio de toda la superficie uruguaya es agua. Bueno, estamos como de espaldas al mar” indicó y agregó “esto tiene que ver con la soberanía y con posibilidades de un desarrollo nacional, de trabajo y generación de encadenamiento productivo y comercio en un área que está bastante venida a menos”, opinó.
“Una de las cosas que colocamos en la exposición de motivos del proyecto de ley es que en todos los países de la región hay reglamentaciones que defienden el trabajo nacional en el ámbito marítimo, incluso de forma bastante más rigurosa que lo que nosotros planteamos en este proyecto”, informó.
“Son fundamentos y reglamentos que estamos planteando que existen en el resto del mundo. Todos los países tratan de proteger su ámbito marítimo por un tema de soberanía”, apuntó.
Giometti agregó que es necesario “generar condiciones para que los trabajadores que se forman en las escuelas, en la escuela marítima, en la escuela naval, en la UTU, tengan salida laboral. Porque es un problema que tenemos ahora: Uruguay forma unas 150 personas que se gradúan año tras año en las distintas ramas vinculados con los temas marinos: maquinistas, tripulantes, marinos, etcétera, y muchos de ellos después no tienen trabajo, tienen que pasar a trabajar en otros rubros y eso también es un valor que está perdiendo el país”, apuntó.
Además “son trabajos de calidad, gente calificada que estudia unos cuantos años para especializarse. Los cursos que hay en Uruguay están certificados por la Organización Marítima Internacional (OMI). Estamos hablando de capacidades nacionales que terminan en desuso”, apuntó.
Un problema de soberanía y desarrollo nacional
Para Giometti es indispensable organizar las instituciones relacionados al sector marítimo, que son muchas y están desperdigadas en diversos ministerios. Temas relacionados al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
“No hay un ámbito interinstitucional donde todo lo que tiene que ver con el mar desde distintas perspectivas, se aborde de manera de manera integral. No parece que haya una coordinación suficiente como para verlo de manera integral, una política estratégica en el tema marítimo”, añadió.
“Este es un proyecto específico sobre los waiver pero después hay una discusión mucho más de fondo que tiene que ver con qué política hacia el mar tiene nuestro país” y agregó “quizás es tiempo de empezar a generar algunos ámbitos donde esto se pueda discutir. Hay gente de la universidad, por ejemplo, que sabe mucho de estos temas que se podría convocar, de los ministerios gente con mucha experiencia, gente que estuvo en gobiernos anteriores. Discutir algunos lineamientos y poder llevarlos adelante”, agregó.
Giometti destacó como Bancada haber tomado el tema presentado por la Intergremial Marítima. “Estamos tomando una iniciativa que viene de un sindicato con el que nos reunimos en la campaña electoral. Después nos reunimos varias veces el año pasado y fuimos asignando al proyecto el de la Intergremial Marítima”, apuntó.
El legislador recordó que el próximo 25 de junio será la presentación de los proyectos de ley que la Bancada 1001- Frente Amplio, está impulsando como el desarrollado en este artículo periodístico.
