Por Victoria Alfaro
El director nacional de Empleo, Federico Araya, informó a EL POPULAR que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encuentra armando el borrador de reglamentación de la Ley de Empleo Integral en coordinación con otros organismos del Estado.
Jóvenes; personas mayores de 45 años; personas en situación de discapacidad; padres, madres o tutores a cargo de niños y adolescentes en esa condición; población afrodescendiente; personas trans; mujeres jefas de hogares monoparentales; personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad y ciudadanos recientemente liberados del sistema penitenciario, son el objetivo inmediato de esta ley. Estos sectores de la sociedad son quienes suelen tener más dificultades para acceder a un empleo digno.
Araya también informó que para un mejor acceso a estos proyectos es que se está avanzando en el diseño de la nueva plataforma digital, Integra Empleo, dispositivo que sustituirá a la actual, Vía Trabajo, y centralizará todas las postulaciones vinculadas a este marco normativo.
– El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está llevando adelante la reglamentación de la Ley de Empleo Integral, ¿cómo están llevando a cabo ese esa tarea?
Sí, actualmente nos encontramos en proceso de reglamentación. Ya hay un primer borrador que elaboró el Ministerio de Trabajo, que todavía lo estamos trabajando un poco a la interna porque hay que realizar varias consultas con otros organismos, con otros ministerios, porque es una ley que involucra a muchas instituciones, a muchas poblaciones, a muchos colectivos, y en donde hay varias instituciones que trabajan día a día con esos colectivos.
Un claro ejemplo es el Ministerio de Desarrollo Social y en particular el Instituto Nacional de Discapacidad, donde tenemos bastante para trabajar en conjunto esta reglamentación en todo lo que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad al mercado laboral.
También nos estamos juntando con el Instituto Nacional de Rehabilitación para ver cómo llevamos adelante e implementamos la incorporación de personas privadas de libertad o personas liberadas en los últimos tres años.
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El fomento del empleo digno y decente, que es una de las cosas que la ley 20.506 pretende. En ese sentido hay un primer este borrador, pero muy borrador inicial a la interna que todavía nos falta trabajar un poco más con otros organismos.
Tenemos toda la intención de que en los próximos meses quede pronto para llevar a Presidencia de la República.
-¿Cuáles son a grandes rasgos los objetivos de esta ley?
Bueno. El objetivo está muy claramente estipulado en el artículo uno, donde se refiere a las condiciones o permitir el acceso a las condiciones de trabajo digno y decente para aquellas personas que enfrentan mayores restricciones de acceso al mercado de trabajo.
Para nosotros era clave un cambio en el discurso y un cambio en el encare del problema.
Por ejemplo, la ley del gobierno anterior, aprobada en el año 2021, decía o refería a personas con dificultades de acceso, personas con dificultades de inserción y ponía la responsabilidad en la persona, ponía la obligación de acceder al mercado de trabajo en la persona.
Nosotros no ponemos la responsabilidad en la persona, para nosotros es una dificultad que hace al sistema de producción. Lamentablemente ese conjunto de personas o esos colectivos enfrentan restricciones de acceso al mercado laboral, propio de la dinámica del modo de producción, entonces para nosotros es un gran cambio.
O sea, ponemos el foco en el fomento del acceso al trabajo decente y la responsabilidad no recae sobre la persona, sino sobre el funcionamiento del mercado laboral. En ese sentido, los objetivos básicos son incluir o permitir el acceso a un trabajo digno y decente para personas jóvenes, para personas mayores de 45 años, para personas afrodescendientes, para personas trans, para personas en situación de discapacidad, para personas liberadas en los últimos tres años del sistema penitenciario o personas que se encuentren privadas de libertad.
Además en el Parlamento se agregó otro colectivo que nos parece muy importante, y tuvo el visto bueno del Ministerio de Trabajo. Nos referimos a los padres, madres o tutores de personas menores de 15 años que tengan o que se encuentren en situación de discapacidad. Eso para nosotros es bien importante, porque este colectivo también enfrenta dificultades para acceder al trabajo, sobre todo por lo que es la compatibilización de los cuidados con la tarea laboral.
– ¿Alguna otra novedad para anunciar?
Sí, venimos trabajando en el desarrollo de la nueva plataforma del Ministerio de Trabajo, que seguramente también quede operativa este en el último trimestre. Eso también va a ser un gran cambio en la práctica, porque muchas de las demandas o de los requerimientos que teníamos era que la actual plataforma del Ministerio de Trabajo, había quedado vetusta, poco moderna.
En ese sentido, al mismo tiempo que se avanza en la reglamentación, se avanza también
en la implementación de una nueva plataforma que nos permitiría agilizar los trámites de contratación y, sobre todo, modernizar las posibilidades de acceso al empleo digno y decente, que es el objetivo que tenemos.
Financiamiento, subsidios y apoyo a las mipymes
Según informó la página web del MTSS para el financiamiento de los subsidios estipulados por la ley, se destinará una partida anual de 407 millones de pesos, que será derivada de Rentas Generales al Fondo de Reconversión Laboral, presupuesto que, según subrayó Araya, robustecerá la inserción de trabajadores en el ámbito privado.
Respecto a los incentivos económicos, los subsidios para las empresas privadas oscilarán entre el 25% y el 80% del salario del trabajador. El subsidio máximo será de 3,7 bases de prestaciones y contribuciones (BPC), equivalentes a unos 25.400 pesos. El porcentaje de cobertura variará según el caso y podrá alcanzar hasta el 80% del salario para personas en situación de discapacidad, población trans o liberada del sistema penitenciario.
Además, se destinará un fondo de 75 millones de pesos, junto con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), para impulsar el trabajo independiente. Esta línea otorgará una exoneración del 50% en los aportes patronales por un plazo de hasta 12 meses a los emprendimientos liderados por los colectivos priorizados por la normativa.
En relación con las micro y pequeñas empresas, las firmas con menos de 20 trabajadores accederán a una extensión del plazo del subsidio por hasta 18 meses, un período mayor al régimen general, de entre 6 y 12 meses. El objetivo de este beneficio diferencial es asegurar una inserción laboral más duradera y estable en un sector que genera el 99% del empleo en el interior del país, recordó el director.
Metas de permanencia y formación continua
La Dirección Nacional de Empleo fijó dos metas: lograr un mínimo de 4.000 contrataciones anuales y que los trabajadores permanezcan más tiempo en sus puestos, ya que, en la actualidad, el 30% no sobrepasa los tres meses de actividad. Superar los 90 días resulta clave, porque la evidencia demuestra que una mayor continuidad laboral aumenta las probabilidades de que las empresas los contraten de forma definitiva.
Asimismo, esta es una ley integral que, a la regulación del empleo, suma acompañamiento técnico de la trayectoria de las personas para asegurar la sostenibilidad y la reinserción laboral posterior, a fin de identificar sus dificultades y potenciar herramientas clave, como la capacitación profesional, la certificación de competencias y la culminación de los ciclos educativos.
Quienes sean contratados podrán acceder a los cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y certificar sus conocimientos a través del programa Uruguay Certifica. Además, se brindarán capacitaciones en gestión empresarial junto con la ANDE y el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop). El objetivo es brindar mejores herramientas a los trabajadores para potenciar sus emprendimientos o facilitar su reinserción laboral si finaliza el contrato con la empresa.
