Una investigación penal contra el expresidente Donald Trump, fue presentada por el Archivo de Seguridad Nacional y el Archivo de Seguridad Nacional y Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW).
De acuerdo a lo informado por el Archivo de Seguridad Nacional, Trump “puede haber violado las leyes que protegen la propiedad del gobierno cuando destruyó y eliminó registros”, lo que ha sido definido como una de las “prácticas de abuso de registros” por parte del ex mandatario.
En caso que se produzca una condena, la resolución que se adopte podría inhabilitar al expresidente para ejercer un cargo público.
La investigación solicitada por el Archivo de Seguridad Nacional y Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) fue presentada formalmente y en ella se pide “que el Departamento de Justicia y el FBI investiguen la mutilación y destrucción de los registros presidenciales por parte del expresidente Donald Trump como posibles violaciones de las leyes penales federales”.
Ambas organizaciones sostienen “que el desmantelamiento, la eliminación y la eliminación de documentos de alto nivel por parte de Trump, no solo violaron sus obligaciones conforme a la ley, sino que, también privaron al público de su propiedad legítima de esos materiales en virtud de la Ley de Registros Presidenciales (PRA) y socavaron los esfuerzos del Congreso para responsabilizar a su administración por eventos como la insurrección del 6 de enero”.
De producirse una condena, señala la comunicación del Archivo de Seguridad Nacional, se “sentaría un poderoso precedente para la rendición de cuentas en la preservación del registro histórico, algo que la PRA no ha hecho, y podría tener importantes consecuencias adicionales, por ejemplo, impedir que el ex presidente vuelva a ocupar un cargo público”.
La misiva, donde se solicita la investigación, fue enviada al Fiscal General Merrick Garland y al Director del FBI Christopher Wray y en ella, “el Archivo de Seguridad Nacional y CREW establecen las bases para una investigación”, definida como “particularmente necesaria después de que las demandas privadas para hacer cumplir la PRA no hayan tenido un impacto significativo”.
