Por Dr. Cley Espinosa*
Prácticamente todo el sistema político uruguayo coincide en la necesidad de una reforma de la seguridad social. Sin embargo, en general cuando los actores políticos refieren a esta, apuntan a los equilibrios económicos, a la urgencia de hacerla sostenible y adaptable a los nuevos tiempos, y seguramente toda la discusión política que vendrá, así como la técnica de la comisión de expertos, no irá mucho más allá de a cuánto ascenderá la edad para jubilarse, a quiénes aplicará la reforma, y el uso que se podrá dar a los fondos de las AFAPs. Y todo eso está bien. Pero entiendo que también deben abordarse otros aspectos que hacen a la cuestión, a los que quisiera referir, no tanto con la ilusión de que puedan ser tenidos en cuenta en la reforma en ciernes, sino como un aporte al pensamiento de izquierdas hoy, y la necesaria síntesis hacia un programa 2024.
Se nos enseña en los ámbitos académicos que nuestro sistema de seguridad social, entre otros principios, está regido por el de solidaridad universal, que los riesgos y necesidades de cada uno se solventa con el aporte de todos. Y esto no es así. Buena parte de los aportes (profesionales, bancarios, escribanos, militares y policiales), van para cajas paraestatales, y no para un único sistema de seguridad social universal, que pudiera redistribuir mejor la riqueza, y ayudar a los sectores más deprimidos. Paradójicamente, estas cajas de privilegio, suelen estar desfinanciadas, debiendo en última instancia soportar el peso de su déficit el resto de la ciudadanía, el resto de los trabajadores. Y la cuestión se hace aun más inentendible, en casos como el de la Caja de Profesionales, a la que se aportan montos muy altos, y en contrapartida se cubren riesgos muy escasos. Y aquí ingresamos en el segundo aspecto, sobre el que pretendía llamar la atención, el de la institucionalidad de la seguridad social.
Nuestra seguridad social está compuesta por el Banco de Previsión Social, las Cajas paraestatales y las AFAPs. A su vez hay materias propias de la seguridad social como los accidentes laborales y enfermedades profesionales en el Banco de Seguros del Estado, y otras prestaciones en el Sistema Nacional Integrado de Salud, e incluso proveedores privados. A su vez, hay un Ministerio que es notoriamente más de Trabajo que de Seguridad Social, con una potente Dirección de Trabajo, y una escuálida Dirección de Seguridad Social, testimonial, sin mayores competencias. Esa Dirección de Seguridad Social debería tener un destino mayor, ser el órgano rector en la materia, que controle los diversos sistemas (BPS, Cajas y AFAPs), interviniendo en la justeza de los beneficios otorgados, así como en la cantidad y calidad de los riesgos y necesidades cubiertos por cada sistema.
Monitorear por ejemplo: ¿qué licencia por enfermedad tienen los profesionales?, ¿si está correctamente liquidado tal Retiro de la Caja Policial?, etc. Aún en la utópica hipótesis de un único sistema de seguridad social, un gran Banco de Previsión Social al que aportemos todos, sería importante un órgano rector de rango ministerial que tuviera competencia y músculo suficiente para desarrollar esa tarea, procurando que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de los organismos internacionales (como la OIT) sobre la materia.
Finalmente, debería abordarse en una reforma de la seguridad social, la eliminación de las elecciones nacionales obligatorias de los tres Directores Sociales del Banco de Previsión Social, sustituyéndolas por la designación directa del PIT CNT en el caso del representante de los trabajadores activos, de la ONAJPU en lo que refiere al representante de los trabajadores pasivos, y de la Confederación de Cámaras Empresariales en el caso del representante de las empresas. Pero no especialmente porque se ahorraría mucho dinero, o se evitaría una instancia impopular, sino principalmente porque va en contra de la sociedad civil organizada. La ley de la década del noventa que interpreta la Constitución, hace que simples ciudadanos sin mayor representatividad pugnen contra candidatos formados en el seno de organizaciones representativas.
*Abogado
