Por María José Pedraja
Uno de los principales imputados en la causa de Derechos Humanos en Canelones, Hugo Guillén se suicidó el fin de semana. Inmediatamente Blanca Calero y Ricardo Echeverry, dos de las víctimas de sus torturas y testigos en la causa, recibieron amenazas de muerte y por ello el miércoles concurrieron a declarar a la Justicia.
Consultado el abogado Pablo Chargoñia por EL POPULAR, referente a cómo continua el caso de “Los Vagones”, luego del suicidio de Hugo Guillén y las amenazas recibidas por las víctimas del mismo, dijo que “con el suicidio Guillén impide una segura condena, pero no logra evitar la afirmación de la Fiscalía que lo involucra en su calidad de comisario y Director de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Canelones, como el principal responsable del trato abusivo, cruel, inhumano y degradante contra los compañeros y compañeras. Esa imputación de la Fiscalía no la levanta su gesto individual de auto eliminarse”.
Chargoñia dio algunos ejemplos similares, “es la tercera vez que ocurre, antes se suicidó Juan Antonio Rodríguez Buratti, un día antes de ser procesado por la desaparición de los compañeros Soba y Mechoso, luego de estar en automotoras Orletti. Barneix hizo lo propio después de ser procesado por el caso por el homicidio de Parrini en un cuartel de Colonia. Y han ocurrido situaciones similares de autoeliminación en Argentina o en Chile.”
Esto no nos debe sacar del foco principal que es “la identificación de la represión metódica y sistemática como crímenes de lesa humanidad, que ocurría durante el periodo de la dictadura militar. Sobre todo no nos debe descentrar con respecto al coraje de los compañeros y compañeras de ÁGORA de Canelones en particular de Blanca y Ricardo, que están trazando un hito muy importante en la lucha judicial, política, social, cultural y ética contra la impunidad. Es importante señalar y subrayar que la tortura se practicaba metódicamente, que se traducía en plantones, golpizas, colgamientos a militantes de la resistencia contra la dictadura”, resaltó Chargoñia.
“En este sentido, las recientes amenazas de muerte deben merecer el más intenso repudio de todos, porque es una forma de amedrentamiento hacia precisamente quienes tienen el coraje de participar de uno de estos combates decisivos y democratizantes contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad”, reafirmó Chargoñia.
Amenazas
El abogado en el caso de las amenazas, Gerson Vila, habló este miércoles con EL POPULAR sobre la denuncia que realizaron ante la Justicia. “Esta instancia no está directamente vinculada con el hecho de la causa de “Los Vagones”. Eso sí, se puede decir que hay una vinculación indirecta en cuanto a que las amenazas surgieron a raíz de que uno de los imputados de dicha causa se quitó la vida. Ya se identificó plenamente a quien realizo esas amenazas y hoy (por el miércoles) tuvimos la primera instancia directa con Fiscalía donde se tomaron declaraciones”.
“Ya se le habían tomado declaraciones en la seccional, y hoy viene a declarar ante el fiscal directamente. Esta es una situación que puede ser interesante para Blanca y Ricardo, en cuanto a generar un intercambio directo con estas personas para poder entender las causas provenientes de la amenaza. Sabemos que en estas situaciones cuando se busca verdad y justicia queremos conocer la verdad. No es un careo, lo que se permite es un intercambio, una comunicación directa con esta persona para entender por qué se estaban dando estos hechos, pero nada quita que se continúe el proceso y que se busque unas medidas asegurativas para las personas amenazadas”, añadió el Vila.
“Solicitamos vigilancia electrónica, que es una de las posibilidades que hay y ya se estaba solicitando desde la Fiscalía Especializada. Ahora la fiscal en esta instancia va a coordinar con Perciballe (fiscal de Delitos de Lesa Humanidad) para ver si ya se solicitó o no y qué tipo de medidas, si vigilancia policial para Ricardo y Blanquita, o en este caso, la que nosotros consideramos más oportuna que es la vigilancia electrónica. Esto les permite a Blanca y a Ricardo continuar con su vida y si hay un acercamiento de parte de esta persona van a estar avisados”, explicó el abogado.
Luego de las amenazas, inmediatamente la Departamental de Canelones del Partido Comunista del Uruguay (PCU), emitió un comunicado repudiando la situación y brindando todo su apoyo y solidaridad con Ricardo y Blanca, ratificando el compromiso “con la construcción permanente de una sociedad con plena vigencia de las libertades democráticas donde estos actos merezcan el rechazo de todas las fuerzas democráticas que la componen”.
Los vagones
Los Vagones del Barrio Olímpico, en la ciudad de Canelones, fue, durante la pasada dictadura, un centro clandestino de detención y tortura. Formó parte de un circuito de represión de la capital canaria que estuvo compuesto por otro sitio de vagones ubicado en la proximidad de lo que era la Escuela de Policía.
Según los testimonios de gran cantidad de sobrevivientes relevados por investigadores, junto a la Asociación Ágora – Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria, esos vagones fueron gestionados por la policía del departamento y utilizados como centros de detención y tortura aproximadamente entre 1975 y 1979.
Guillén, quien tenía 80 años, formó parte de la Dirección de Investigaciones de Canelones y fue identificado por sobrevivientes de las torturas como uno de los responsables de estas violaciones a los derechos humanos en el centro de detención clandestina Los Vagones, hoy convertido en un sitio de memoria.
Los tres ex policías formalizados por esta causa son Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ferreira. Se les acusó de delitos continuados de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves.
Los tres estaban cursando una prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena, pero en el mes de marzo el juez de Canelones, Luis Alberto Sobot, les otorgó el beneficio de prisión domiciliaria. La defensa presentó documentos médicos para aducir que deberían estar en sus casas por razones de salud, dada las edades avanzadas.
En este marco “la defensa (de los represores), presentó recusación contra la Fiscalía. Es insólito que una parte recurra a otra parte no es habitual, los fiscales no pueden ser recurribles por la otra parte. Pero el Juez hizo lugar y la Fiscalía apeló así que esto lo va analizar un tribunal de apelaciones”, contó en su momento a EL POPULAR, Chargoñia.
Es claro que la “defensa de los indagados está “molesta” con el fiscal de derechos humanos, Ricardo Perciballe y no lo quiere, yo lo entiendo perfectamente porque es un funcionario eficaz que quiere impartir la justicia, y bueno esto se resolverá, creemos que van a ser rechazadas las causales de recusación ya que no son sólidas, y esto va a volver a esta instancia”, agrega.
Ante esta situación el abogado defensor de las víctimas comentó que “es lamentable que se demore el juicio oral, pero también hay que destacar esto, estas cosas suceden en los estados de derecho, es decir la posibilidad de que los indagados se defienden aún cuando no estemos de acuerdo con la defensa que se esgrime”.
