Andrade: “Se ha gestionado en dirección a unos pocos. Y los resultados, en términos sociales, son tristes”.
El senador de la 1001 y el Frente Amplio, Oscar Andrade, realizó una documentada intervención cuestionando el balance del gobierno en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.
“Tenemos un país más desigual, una reforma jubilatoria que aplica un mazazo sobre los sectores populares y una política salarial que les ha confiscado a los trabajadores y a los jubilados un mes y medio de sueldo”, dijo Andrade.
La intervención de Andrade
“Nosotros tenemos una valoración contraria –y vamos a intentar fundarla– al balance que hace el Poder Ejecutivo de este período, en distintas áreas. Lo vamos a hacer confrontando la realidad que exponen los datos de la rendición de cuentas del año 2022 con el 2019 y con la campaña electoral.
Una primera consideración que nos parece que tiene mucha relación con el deterioro que amplios sectores de la sociedad están sufriendo tiene que ver con la participación del Estado. Para fundar esta posición, voy a colocar los datos de la evolución del gasto público social en el período 2019-2022.
La ejecución en el año 2019 de la Administración Nacional de Educación Pública, que fue un elemento central en la discusión de la campaña electoral del año 2019, fue de $ 92.134:000.000. Sufrió un recorte en 2020 y pasó a $ 89.345:000.000, a precios constantes. Ese recorte se profundizó aún más en 2021, cayendo a $ 88.404:000.000, y tuvo una leve recuperación en 2022 –aunque lejos del punto de partida que ya era insuficiente en 2019–, llegando a $ 89.513:000.000.
En el caso de la Udelar, a pesar de que la población que tuvo que atender fue mayor, en el año 2019 contaba con $ 23.067:000.000 y en el año 2020 se recortó a $ 22.372:000.000. En el año 2021 se volvió a recortar a $ 21.884:000.000 y se hizo un nuevo recorte en 2022. En términos constantes, la ejecución de la Udelar pasó a $ 21.732:000.000.
Igual pasa en vivienda, otro de los componentes centrales de la promesa electoral. El presupuesto ejecutado en vivienda en el año 2019 era de $ 14.230:000.000 y en 2020 bajó a $ 12.204:000.000; en el año 2021 aumentó levemente a $ 13.094:000.000, pero estaba lejos del presupuesto ejecutado en el año 2019, y se mantuvo prácticamente estable en 2022, quedando en $ 13:051:000.000.
En resumen, en este período, si uno suma enseñanza, salud y vivienda, advierte que el ahorro acumulado en el período 2020-2022 en el gasto público social es igual a USD 411:000.000. Hay un proceso de inversión pública social en un momento dramático, como fue el de la pandemia, que está signado por el ajuste, por una variación negativa.
Los datos que reflejan contundencia son que Uruguay creció en términos económicos, pero, a la vez, los niveles de pobreza son superiores en el año 2022 con relación a lo que eran en el año 2019, en particular en lo que hace a la pobreza infantil.
El equipo económico, cuando compareció a la comisión, reconoció que la pobreza era mayor en el año 2022 que en el año 2019, pero se abrazó al segundo semestre; lo mismo hizo el Ministerio de Desarrollo Social al decir que si bien la pobreza se deterioró, hay que empezar a comparar semestre con semestre. Nosotros creemos que no está bien esa comparación –porque la valoración se hace sobre el conjunto del año– y nos tendría que interpelar fuertemente que, en un año de crecimiento económico, con una economía que está por encima de la de 2019, tengamos indicadores de deterioro social y de trabajo peores a los que antecedieron.
Justo en estos días cayeron los datos del primer semestre del año 2023. Si uno compara los datos del primer semestre –por más que somos de la idea de que hay que comparar el año entero–, estos nos interpelan gravemente. Este Gobierno recibió en el primer semestre de 2019 un 16,4 % de pobreza en menores de 6 años y, según el último dato de la semana pasada, el porcentaje trepó a un 20,9 %. O sea que me estoy refiriendo a la comparación que el Gobierno quiso hacer de semestre contra semestre, de primer semestre a primer semestre. En el caso de 6 a 11 años, la pobreza estaba en el primer semestre del año 2019 en 15,7 %, mientras que en este primer semestre se ubica en 19,1 %. La pobreza de niños entre 12 y 17 años en el primer semestre de 2019 estaba en 15,2 % y en el mismo semestre de este año se ubica en 18,8 %. Estamos hablando de que algo más de tres de cada cuatro hogares en los que hay pobreza hay niños, y estamos hablando, en este margen, del entorno de 160.000 niños en la pobreza.
Se anunciaron con bombos y platillos en la rendición de cuentas anterior los USD 50:000.000 para la primera infancia y en esta rendición nos enteramos de que en muchas áreas no se ejecutaron, tal como consta en la versión taquigráfica. El Ministerio de Vivienda dijo que habían recibido 10:000.000 y que no los pudieron ejecutar porque los recibieron tarde y los van a ejecutar a partir de este año. Igual pasó con ASSE y otras instituciones. ¿Cómo, en un contexto de incremento de la pobreza y de incremento del gasto para atender la pobreza infantil, podemos aprobar una rendición de cuentas que tiene como resultado que parte de esos incrementos no fueron aplicados?
Precarización del trabajo
Esta rendición de cuentas insiste en recortar derechos laborales (…).
O sea que en el día de mañana 40.000 trabajadores de restaurantes y hoteles se van a enterar de que perdieron el derecho al descanso, porque eso se votó en la rendición de cuentas, con un criterio que contraviene todo el derecho laboral. Esto es, tenés derecho al descanso, salvo que acuerdes, mano a mano –el trabajador, aislado, con el empresario–, que perdés ese derecho al descanso. Yo preguntaría: ¿es en serio que esa es la forma en que queremos gestionar el derecho laboral. (…)
Y hacemos esto en uno de los sectores que tiene más altos niveles de desregulación laboral, o sea que el aporte que hace a las relaciones laborales la rendición de cuentas es establecer, para trabajadores que están en un mayor nivel de pobreza –pido que se pueda leer el informe elaborado por el Instituto Cuesta Duarte sobre salarios–, recortes a sus derechos. Pero no es solamente eso lo que se hace. (…)
Después tuvimos la restricción del derecho de huelga, la no fiscalización de laudos por parte del BPS y el liquidar la ultraactividad. Hoy tenemos las tres cuartas partes de las mesas de negociación colectivas trancadas en la instancia del consejo de salarios. También existen contenidos de consejos de salarios de reducción del salario. Hace poco tuvimos la triste afirmación de un intendente, que reivindicó el trabajo infantil, y la torpe acción del Ministerio de Trabajo, que avisó que iba a inspeccionar, además, fuera de la cosecha.
Entonces, estamos muy lejos de compartir la valoración que se hace con respecto al trabajo. Hay 100.000 trabajadores más con salarios sumergidos. Si uno saca el cálculo promedio de cuánto ha perdido un trabajador o una trabajadora en estos primeros tres años y medio de gestión del Gobierno de coalición, ve que está arriba de un sueldo y medio la pérdida de salario. Si uno mira la evolución del índice medio de precios al consumidor y del índice medio de salarios de estos tres años y medio, ve que, en promedio, el trabajador ha perdido un sueldo y medio.
Entonces, parece que está bárbaro el empleo, pero escuchen esto. Según el INE, en Cerro Largo hay 1.300 desocupados. Ahora bien, se anotaron 6.011 arachanes para los Jornales Solidarios, lo que demuestra que tenemos un problema desde el punto de vista del empleo. En algunos departamentos, la cantidad de trabajadores que se anota se multiplica por cuatro. Esta es una forma bastante precaria de salida, porque se recibe poco más de $10.000 por mes por unos pocos meses. Eso demuestra que tenemos un nivel de precariedad del trabajo que nos tendría que alertar.
1.045 homicidios en tres años
Otra gran promesa de campaña electoral fue resolver los problemas de la seguridad. Nosotros tuvimos problemas con la violencia en la sociedad. El dato más duro es el de los homicidios. De hecho, en el último período de Gobierno, en los primeros tres años –2015, 2016 y 2017– cerramos con 866 homicidios. Es el dato más duro de los tres períodos de Gobierno del Frente Amplio; fueron los tres años más duros. Tuvimos 866 homicidios en ese trienio.
En los primeros tres años de este Gobierno van 1.045 homicidios. Además, en los primeros tres años del último período de Gobierno del Frente Amplio, que eran problemáticos y se interpelaba de manera sostenida al ministro del Interior producto de los problemas de seguridad, hubo 207 muertes dudosas, no aclaradas. Reitero: en tres años. En estos tres años de coalición de Gobierno tenemos 534 muertes dudosas, más del doble. Tengo aquí un informe de diagnóstico de los homicidios del Uruguay, publicado en la página web del Ministerio del Interior, que dice que este dato de incremento exponencial de muertes dudosas es un tema que tiene que revertirse.
Los jubilados y la seguridad social
¿Cómo trató este Gobierno a los jubilados? Todos acá tendríamos que reconocerle al Frente Amplio no solamente que estableció la jubilación mínima, sino que también hizo un esfuerzo fiscal enorme por las jubilaciones mínimas. En el 2007 la estableció en una base de prestación y contribución y, sin encontrar parangón en la región, triplicamos la jubilación mínima. Reitero: la triplicamos. Es así que 640.000 jubilados que estaban regulados por la jubilación mínima vieron triplicado sus ingresos en términos reales.
La política de este Gobierno con las jubilaciones mínimas no solamente no continuó con la racha de mejorarlas, sino que las bajó. Y no solamente bajó las jubilaciones mínimas, sino que también bajó el conjunto de las jubilaciones. Un jubilado hoy sigue cobrando un 2 y algo por ciento menos en términos reales de lo que cobraba en 2019. ¿En qué parte de las promesas electorales estaba que la variable de ajuste para equilibrar las cuentas públicas iba a ser bajar los salarios y las jubilaciones? Al contrario; nosotros participamos de una campaña electoral en la que los que hoy gobiernan se comprometían diciendo que tenían la posibilidad de ahorrar USD 900:000.000 sin tocar salarios y sin tocar jubilaciones. Entonces, no podemos celebrar la circunstancia económica cuando la realidad que tenemos es que la gente está más pobre y el Uruguay es más desigual.
Otra promesa de campaña electoral tuvo que ver con la seguridad social, una promesa potente, hecha en voz alta, con claridad, en diversas entrevistas. Esa promesa sostenía que, si votaban al que hoy es presidente, iba a haber un compromiso –era un compromiso de acero, de fierro– de no hacer modificaciones en la seguridad social que cambiaran las reglas de juego a quienes estaban trabajando. Este compromiso todos lo escuchamos en diversas ocasiones y hoy se presenta como un mérito haber votado una reforma jubilatoria que establece un ajuste brutal, que pronostica –según datos de los expertos, del propio Rodolfo Saldain, presentados a la comisión– que el endurecimiento de las exigencias va a tener como subproducto la duplicación de las altas por discapacidad. Reitero: se van a duplicar las altas por discapacidad en Uruguay, pasando de 60.000 a 120.000. (…)
Además, a un millón de trabajadores les cambiaron las reglas de juego. En 1996 se instaló una reforma jubilatoria en la que se premiaba. Acá muchas veces hablamos de la necesidad de tener reglas de juego claras para la inversión, pero en el año 1996 –acá tengo la estimación hecha por un grupo de técnicos– se estableció por ley que quien hiciera opción del artículo 8 iba a tener una bonificación: a todo trabajador que se afiliara a una AFAP no estando obligado se le iba a computar su sueldo básico jubilatorio por 1.5. Entonces, si un trabajador se afiliaba a la AFAP iba a ver incrementado en un 50 % la parte de aporte al BPS; o sea que a costo del BPS se estimulaba la afiliación a la AFAP, pero 27 años después se le cambian las reglas de juego. Reitero: 27 años después.
Se votó por ley que ese trabajador que tomó la decisión de afiliarse a una AFAP no tiene más el 1,5 % de incremento sobre el sueldo básico jubilatorio. Pero además no se informa que tiene plazo para revocar. De los 300.000 trabajadores comprendidos, a 265.000 les conviene revocar, y no hay campaña de información pública sobre el tema.
Cuando citamos a las autoridades del Banco de Previsión Social y nos plantearon este esquema de la ley, por el que además los trabajadores van a tener un plazo para que se les reconozca por testigos los años previos a 1996, los consultamos al respecto. Tengo acá la versión taquigráfica. Les preguntamos si iba a haber una campaña de información para que no nos pase mañana que una doméstica o un obrero de la construcción quiera reconocer años de trabajo anteriores a 1996 y se entere de que por ley no puede hacerlo. Y se comprometieron a hacer una amplia campaña de difusión. Hace meses empezó a correr el plazo. Lo que no empezó a correr es la campaña de difusión.
En definitiva, creemos que hubo una reforma jubilatoria de carácter regresivo.
La educación
Otra de las promesas de la campaña electoral estuvo vinculada a la educación. Se decía que con el Frente Amplio era un desastre y que se iba a enfrentar esa realidad. ¿Alguien puede reivindicar el resultado de las pruebas Aristas del año 2022 sin sonrojarse? Es cierto que teníamos problemas en la educación –hay que asumirlo–, pero el resultado que tenemos hoy es que aumentó la brecha si comparamos el año 2022 con el 2018. ¿Esto no es parte de la reflexión que hay que hacer? Tengo aquí las conclusiones de las pruebas Aristas del año 2022. Son contundentes. Dicen que hay una complejización de la situación y hablan de interacción entre distintos factores: incremento de conductas de riesgo, descenso de las habilidades intra e interpersonales, incremento de la percepción de inseguridad en los centros, aumento de la inequidad en los desempeños en lectura y matemáticas y del porcentaje de adolescentes que interrumpieron su asistencia a clase en el mes de agosto, principalmente entre los más pobres. ¿Da para celebrar? Quiero consultar al respecto, porque quizá tenemos otros indicadores sobre el tema.
En la campaña electoral hubo una promesa contundente: tener en cuenta las ATD para diseñar la transformación educativa. Quedó escrito. Estaba en Compromiso por el país. Sin embargo, se está llevando una transformación educativa en contra de las Asambleas Técnico Docentes, en medio, además, de uno de los recortes presupuestales más duros, más importantes que ha sufrido la educación. Tanto es así que hoy podríamos volver a reivindicar el 4,5 % del PBI para la educación, como lo reivindicamos a mediados de los años 1990, porque lastimosamente hemos caído por debajo de ese umbral. (…)
Hubo ajuste
(…) Otra de las promesas de campaña estuvo vinculada a la transparencia. Y sinceramente, todo menos transparente ha sido la cuestión relacionada a la concesión del puerto. Tuvimos una auditoría sobre las canastas aplicadas por TuApp, por el Mides, que es durísima. Voy a leer algunos fragmentos textualmente. Dice, por ejemplo: «Se habilitó el cobro del beneficio a personas que no reunían los requisitos […]. Se habilitó el canje de cupones por TuApp a personas que no estaban definidas […]. Se constató la existencia de beneficiarios que recibieron la canasta por ambas modalidades […]. Se realizaron canjes en el mismo mes con cédula de identidad diferente e igual número de celular […]. Se constató la realización del canje de beneficios a través de TuApp con el documento de personas fallecidas […]. Se detectaron debilidades en las rendiciones de transferencias por el MEF al MIDES y falta de documentación respaldatoria.» Y estamos hablando de por lo menos una quinta parte de las canastas entregadas. Entonces, no nos parece que haya existido transparencia. ¿No fue en 2022 cuando tuvimos que atender situaciones tan graves como la de Marset o la de Astesiano? ¿Qué tiene eso de transparencia? Y ni que hablar de los escándalos en distintos ministerios.
En definitiva, tenemos un país más desigual, una reforma jubilatoria que aplica un mazazo sobre los sectores populares y una política salarial que les ha confiscado a los trabajadores y a los jubilados un mes y medio de sueldo. Tenemos un país más desigual en particular con las infancias, que es donde más se siente la pobreza. Tenemos un país de deterioro de derechos laborales. He enunciado unos cuantos casos; puedo enunciar otros más. Hasta fin de año decidieron postergar la licencia a los trabajadores y que se las pagaran en cuotas, por una ley votada entre gallos y medianoche, sin conversar con nadie. Tenemos un país más desigual y con deterioro democrático e institucional. Cuando hay espionaje en democracia a senadores, hay deterioro democrático e institucional. Y eso está comprobado por la Justicia.
Por lo tanto, nuestra valoración es que se ha gestionado, desde el punto de vista económico, en dirección a unos pocos. Y los resultados, en términos sociales, son tristes. Si una economía crece con más niños pobres, es difícil celebrar. Y es el dato que tenemos hoy, contundente, inapelable, implacable, que nos tendría que obligar a todos a revisar lo que estamos haciendo. Hace dos años presentamos un proyecto de ley sobre alimentación en las escuelas. Se dijo que no. Presentamos en esta rendición de cuentas la posibilidad de duplicar la canasta de asignaciones familiares para la gente del litoral que está pasando recontra mal. Se dijo que no. Apoyamos cada artículo sobre salud mental y planteamos, para trece municipios, de los más complicados tanto del interior como de Montevideo, la creación de equipos multidisciplinarios. Se dijo que no. Planteamos para la Universidad de la República la posibilidad de incrementar los cargos con dedicación total para que no se nos vayan gurises que están entre los más formados. Se dijo que no.
Entonces, también a la hora de construir acuerdos tenemos que poner arriba de la mesa las cosas que votamos y las que no votamos, para ver la posibilidad de construir consensos en temas que tendrían que ser de consenso.
Se celebran los números. Quizás el caballito de batalla principal, que era el abatimiento del déficit fiscal, también hoy les da en contra.
De manera que sí, vamos a votar negativamente, porque votamos mirando los resultados económicos, sociales, políticos y jurídicos de este período. Nos ofrecieron los mejores cinco años de la vida y lo único que vemos es que son larguísimos, porque son años de deterioro social y económico”.
Foto de portada:
Oscar Andrade en el Senado. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.
