El pasado jueves el Parlamento israelí (Knéset) aprobó “nuevas legislaciones que permitirán el encarcelamiento de niños palestinos de hasta 12 años y la deportación de los familiares de quienes sean considerados sospechosos de terrorismo”, informó la agencia TeleSur.
De acuerdo a la agencia de noticias, las nuevas normativas autorizan a las “autoridades a condenar a prisión a niños palestinos de hasta 12 años acusados de delitos considerados terroristas” e internando a los mismos “en centros hasta que cumplan 14 años”, cuando serán “trasladados a cárceles convencionales”.
La disposición, de carácter temporal, tendrá una vigencia de cinco años, siendo posible renovarla cada dos años.
La nueva legislación, detalla el medio de prensa, fue impulsada por legisladores del partido ultranacionalista Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir quienes argumentaron que se trata de una medida que “responde a necesidades de seguridad”.
Para la organización Adalah, un centro legal de defensa de los derechos de los palestinos en Israel alertó que la nueva normativa “supone un paso hacia un sistema legal dual”, donde existen “leyes aplicables a los ciudadanos israelíes judíos” y otras para los palestinos.
De acuerdo al abogado de Adalah, la nueva ley “implica venganza y retribución”, lo que contradice “los principios de la Ley de Juventud de Israel, que da prioridad a la rehabilitación de menores en conflicto con la ley”.
“La normativa”, señalan sus críticos, “erosiona los derechos de la infancia en Palestina”, representando, además, “un endurecimiento de las políticas israelíes hacia los palestinos bajo la premisa de la lucha antiterrorista”.
Hasta el pasado mes de junio, informó la agencia de prensa, en el Servicio Penitenciario de Israel (IPS) habían 226 menores detenidos o en prisión por supuestos “motivos de seguridad”.
Otros 93 menores estaban detenidos en el IPS acusados de encontrarse ilegalmente en Israel.
Junto a esta nueva norma, los legisladores aprobaron una segunda ley que “permite la deportación de familias de personas acusadas también bajo la difusa figura de terrorismo”, lo que permite al ministro del Interior autorizar u ordenar “la expulsión de familiares que expresen públicamente apoyo o simpatía hacia acciones violentas, independientemente de su nivel de implicación en los hechos”.
De acuerdo a la norma, “los familiares pueden ser trasladados a la Franja de Gaza o a otras áreas determinadas por las autoridades israelíes”, consignó la BBC, que explicó que los períodos de deportación pueden oscilar entre “7 y 15 años para ciudadanos israelíes palestinos y de 10 a 20 años para residentes palestinos”.
La nueva norma ha sido respaldada por la agencia de inteligencia israelí Shin Bet, que la describe “como un disuasivo ante el terrorismo”.
La política aprobada, recibió las críticas de la diputada palestina Aida Touma-Suleiman, que declaró que “si el Estado considera que alguien apoya el terrorismo, debe seguir el procedimiento penal”. “¿Cómo es posible”, se preguntó, “que un ministro tenga el poder de ordenar la deportación de una familia completa, incluidos ancianos y niños?”.
A juicio de Touma-Suleiman, las nuevas medidas adoptadas “reflejan una infiltración del fascismo” en la sociedad israelí y en la política de la Knéset”.
