Artículo 72: un artículo problemático que dinamita confianza e institucionalidades

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Por Rolando Arbesún

La propuesta del Poder Ejecutivo de brindar las direcciones de los cultivos de cannabis al Ministerio del Interior (MI, tiene ya, para decirlo de algún modo, un tiempo de “maduración”.

A imagen y semejanza de la aspiración a los “allanamientos nocturnos”, esta iniciativa del Ejecutivo estuvo, desde siempre, “en la mira” del extinto ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

La propuesta del Poder Ejecutivo incluida en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, ha provocado la inmediata reacción de la Federación Nacional de Cannabicultores del Uruguay (FECCU).

A través de un comunicado publicado la pasada semana, la organización señaló que la propuesta del Ejecutivo, para que el ministerio del Interior, accediera a los datos de los cultivadores, “dinamita la confianza que depositaron en el sistema de protección de datos 12.386 autocultivadores registrados y sus familias y 5.152 personas asociadas a los clubes”.

El comunicado de la Federación, rechaza enfáticamente el modo en que se justifica lo planteado vía asociación al delito y el narcotráfico.

“Considerando que el mayor problema del crimen y violencia del narcotráfico está ligado a otras drogas como la cocaína, nos preguntamos: ¿cuál es el argumento para seguir estigmatizando al cannabis? ¿Por qué se siguen gastando recursos y esfuerzos políticos en las causas equivocadas?”, argumentó la organización.

En declaraciones a La Diaria, la presidenta de Feccu, María José Milles, expresó “que recibieron la noticia con mucha preocupación” y que a partir de ese momento estaban evaluando “con los autocultivadores y los productores de aceite para analizar los pasos a seguir”.

“No es que se esté vulnerando el anonimato de los datos por un acuerdo, respetando los procesos internos”, sino que “se vulnera por un capricho, después de esa negativa, pasándoles por arriba a los organismos que tienen que decidir esto por ley”, afirmó Milles al medio de prensa.

La presidenta de FECCU, agregó que esta propuesta se planteaba “en momentos en que se venía realizando un proceso institucional, a través de lo que dispone la ley y después de la negativa a dar los datos por parte de las instituciones competentes”.

Milles señaló, además, que las pretensiones de la cartera de Interior de acceder a datos ante posibles investigaciones criminales, “genera preocupación porque no se sabe si esto es un inicio de algo o a cuenta de qué viene (…) más con la evidencia del último año”, destacó haciendo referencia a las irregularidades en los procedimientos policiales en los cultivos.

La propuesta del Ejecutivo, también ha sido cuestionada por el diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini, miembro de la Comisión Especial de Adicciones.

Para Sabini, el artículo propuesto, “no tiene nada que ver con una Rendición de Cuentas”.

En sus declaraciones al medio de prensa, el diputado frenteamplista destacó “que si el ministerio del Interior (MI) quiere prevenir el delito puede acceder a los datos a través de una orden judicial, en la medida en que haya algún hecho que lo justifique (…) acá lo que se está pidiendo es toda la base de datos para prevención, no hay un argumento real o están diciendo que todos los usuarios son potenciales narcotraficantes”.

Sabini fue un paso más allá de la cuestión del acceso a los datos y destacó que con esta iniciativa lo que se verá afectado es el propio sistema creado.

“Nadie se va a querer inscribir para que después venga la Policía a golpearte la puerta de tu casa”, la iniciativa del Ejecutivo, “va contra el espíritu de la ley que designó al Ircca como organismo regulador”.

De acuerdo al artículo 72 de la Rendición de Cuentas, se declara “como un dato no sensible” las direcciones de los autocultivadores y clubes cannábicos registrados en el Ircca.
En la misma propuesta se propone la modificación del artículo 8 de la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172) con el objetivo de que “sólo la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro” tengan carácter de dato sensible”.

La argumentación de “seguridad pública” y “prevención de delitos”, expresada en el proyecto argumenta otorga al ministerio del Interior potestades para llevar adelante “inspecciones y controles regulares”.

Es justamente, esta modificación, en favor del ministerio del Interior, la que sustrae al IRCCA, una de sus principales funciones.

Lo más curioso de todo, recordó en sus declaraciones a La Diaria, el diputado Sabini, “cuando el entonces diputado Luis Lacalle Pou analizó el proyecto de ley que reguló el cannabis, se opuso al registro por considerarlo propio de un régimen fascista: “Ahora da un giro sumamente contradictorio, se propone agarrar esa base de datos y dársela al MI”.

Según los trascendidos, en varios medios de prensa, este artículo 72, no recibirá el visto bueno del Partido Independiente.

En declaraciones a Montevideo Portal, el diputado Iván Posada señaló que “comparte la visión del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío”, que ya había catalogado al artículo 72, como un error «que hay que extirpar de la Rendición de Cuentas”.

En sus manifestaciones a la prensa, Radìo no dudó en calificar la propuesta como «una deslealtad institucional porque interfiere con los roles de otra institución, porque el rol de la fiscalización de los clubes lo tiene el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)».

En la misma dirección que su correligionario, Posadas señaló al portal de noticias que lo que se pretende modificar siempre fue tratado como una “información sensible”.

«Siempre se consideró una información de carácter sensible. Consecuentemente, si se dan a conocer los domicilios, inmediatamente lo que se hace es eliminar la garantía que establecía la ley, por lo que desde nuestro punto de vista este artículo no debe prosperar».

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