La obra de Florencio Sánchez no está relacionada con la corrupción ni con las mafias, pero si habla de declive. El título de EL POPULAR, por lo tanto, más que referirse a la obra en sí, toma prestada la literalidad del título de esta. Es que no hay otra imagen más descriptiva de lo que le sucede al gobierno, y en particular al presidente Luis Lacalle Pou, en estos días, que la de quien se precipita por una barranca sin encontrar manera de detener la caída y cada paso que da lo hace desbarrancarse más, si cabe.
En estos días una sucesión de hechos ha provocado que el gobierno, y en particular el presidente de la República, haya quedado expuesto políticamente y sin respuestas. Hablamos de sucesión de hechos porque obviamente se trata de las revelaciones periodísticas sobre nuevos y gravísimos alcances del accionar mafioso del Jefe de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, utilizando físicamente Presidencia de la República y las prerrogativas de su cargo para delinquir y facilitar delitos, pero también se trata de las reacciones del presidente y de actitudes que ponen en entredicho su pregonada disposición a colaborar con la investigación y ser transparente.
Esta semana se supo por La Diaria, en base a mensajes de WhatsApp recuperados del teléfono de Presidencia que usaba Astesiano, que este recibió un pedido de una empresa con sede en Miami, en la que tienen las más altas responsabilidades militares retirados uruguayos, para espiar a los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera, para extorsionarlos e intentar impactar negativamente en la denuncia sobre irregularidades en el otorgamiento del monopolio de la operativa de contenedores del puerto de Montevideo por 60 años a Katoen Natie.
La misma empresa le pidió a Astesiano informaciones sobre licitaciones millonarias para la compra de Patrulleros Navales para la Armada y aviones para la Fuerza Aérea e incluso sobre una reunión del presidente Lacalle Pou con un empresario de criptomonedas. De los mensajes también surge que Astesiano cobró al menos una vez una “comisión” de esta empresa.
Esos mensajes no han sido desmentidos por nadie hasta ahora. Es más, en dos insólitas entrevistas periodísticas dadas desde la cárcel, Astesiano intentó explicar estos mensajes, diciendo que el pago fue en devolución de un préstamo, sin darse cuenta de que, al hacer estas declaraciones, validaba la autenticidad de los mensajes.
Agravando más las cosas, El Observador reveló que al entregar el celular de Presidencia que usaba Astesiano a la fiscalía, desde el gobierno se había puesto la condición de que quedarán excluidos de la investigación los mensajes entre este y el presidente Lacalle Pou. El argumento fue que había que proteger la intimidad del presidente y de su familia. La fiscal Gabriela Fossati reconoció el hecho y dijo que le había parecido bien y fundamentó que no tenía garantías de poder evitar las filtraciones. Desde el gobierno, en particular el ministro del Interior Luis Alberto Heber, se negó que hubieran puesto condiciones para entregar el celular. Desde Fiscalía reiteraron que si hubo condición.
Encima de todo esto, el ministro Luis Alberto Heber presentó una investigación exprés sobre ingresos en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública para revisar las fichas de Carrera y Bergara. Muy serio dijo que no se había comprobado espionaje, como si la posibilidad de espiar a los dos senadores frenteamplistas se redujera a leer o no sus fichas en el citado sistema. Pero la cereza de la torta es que luego se supo que el oficial policial a cargo de la mentada investigación exprés, también se mensajeaba con Astesiano y le había facilitado el acceso al Sistema que presentaban como intocado. Un escándalo dentro del escándalo.
La situación es tan grave que los aspectos parciales, muy impactantes, no deben hacer olvidar la gravedad (valga la redundancia) del todo.
Hay dos hechos que golpean a la propia democracia y la institucionalidad. Uno es el espionaje, con fines extorsivos, además, sobre dos senadores de la República. Esta práctica debe ser repudiada, el hecho investigado a fondo para encontrar a los responsables y estos deben ser castigados. No puede quedar impune. Al cierre de nuestra edición se desarrollaba la sesión del Senado que el FA pidió por una cuestión de fueros, la polémica previa no auguraba un pronunciamiento unánime, imprescindible.
El otro es el reconocimiento de que desde Presidencia de la República se interfirió sobre la investigación judicial condicionando la entrega del celular que usaba Astesiano a que se excluyera de la causa a los mensajes que este intercambió con el presidente Luis Lacalle Pou. Es una violación flagrante de la separación de poderes buscando blindar al presidente.
¿Qué tenemos entonces? Tenemos que en Presidencia de la República funcionó una organización criminal, de alcance internacional, que integraba nada menos que el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, conocido en el ambiente como “el Fibra”.
Esa organización, y “el Fibra” Astesiano dentro de ella, en su operativa mafiosa falsificó pasaportes, ofreció y dio información privilegiada sobre licitaciones millonarias, espió con fines extorsivos al menos a dos senadores de la República, cobro coimas, hizo pesquisas privadas buscando beneficios personales o comerciales. Todo eso lo hizo amparado en las prerrogativas de un cargo público de extrema confianza al que fue nombrado a pesar de tener más de 30 antecedentes policiales, incluidos procesamientos. Y lo hizo utilizando oficinas de Presidencia de la República, de la Residencia presidencial, computadoras, teléfonos, autos y presupuesto del Estado.
Astesiano, según surge de los mensajes revelados, tenía una fluida relación con varios mandos policiales, con los que hubo intercambio de información, facilitación de acceso a sistemas restringidos y comentarios graves sobre otros legisladores frenteamplistas, que incluso constituyen potenciales amenazas.
Hasta dónde llegó de verdad esta operativa mafiosa solo lo puede determinar la investigación judicial, que ahora sabemos fue condicionada desde Presidencia para blindar a Lacalle Pou.
La situación es muy grave. Y la agrava más la respuesta del presidente Lacalle Pou. Hemos dicho en editoriales anteriores que el gobierno y el presidente quedaron descolocados ante este caso. La estrategia de control de daños implementada, hasta ahora ha sido un fracaso y lo ha expuesto más.
Al principio Lacalle Pou optó por negar todo y apostar a que esto se olvidara rápido. En una recordada conferencia de prensa Lacalle Pou dijo que “no tenía indicios” para sospechar de Astesiano y calificó a este de “funcionario ejemplar”.
Nadie le creyó. Sencillamente era imposible que no supiera los antecedentes de Astesiano. Los había publicado la prensa y no una vez, varias. Luego se supo que le habían advertido de estos desde correligionarios del Partido Nacional hasta el propio Director de Inteligencia Estratégica, Alvaro Garcé, antes de asumir su cargo.
El presidente Lacalle Pou mintió. Punto. No se puede calificar lo que ocurrió de otra manera.
El segundo episodio bochornoso de la estrategia del gobierno para intentar minimizar el impacto de este caso fue la comparecencia del ministro Heber, el prosecretario de la presidencia Rodrigo Ferrés y el citado Garcé, en régimen de Comisión General en el Senado. Allí en lugar de asumir responsabilidades se concentraron en intentar demostrar que Astesiano era un simple guardaespaldas venal, que no tenía responsabilidades jerárquicas. Quedó demostrado con sellos oficiales, comunicaciones oficiales y hasta con resoluciones oficiales tomadas por Astesiano que eso no era así. El gobierno volvió a mentir.
¿Cómo se vuelve de dos mentiras? No es sencillo.
El impacto en la sociedad está siendo muy importante. Según encuestas el 68% de la población no cree que Lacalle Pou no conociera los antecedentes de Astesiano. Un estudio dado a conocer en estos días de la Usina de Percepción Ciudadana muestra que el porcentaje de aprobación de la gestión del presidente Lacalle Pou cayó 5 puntos porcentuales, del 40 al 35%, en este último mes. El mismo estudio señala que el 52% de las y los consultados consideró que el caso Astesiano incidió negativamente en la valoración sobre la gestión presidencial.
Por supuesto que las implicancias criminales e institucionales del accionar mafioso de “el Fibra” Astesiano y la organización que integró son más relevantes que los porcentajes de una encuesta, pero para un gobierno tan dado los estudios de opinión pública y tan cuidadoso de la imagen deben ser datos complicados.
Lo que está ocurriendo es parte de los costos de asumir un modelo presidencial unipersonal, colocando al presidente de la República como único responsable de los éxitos, por encima del Poder Ejecutivo como colectivo y también de la coalición de partidos que lo respalda y le permitió ser electo.
El tema es que atribuirse todos los éxitos y un papel central y excluyente también lo expone a quedar en el centro de todo cuando hay problemas. Y este problema es de su directa responsabilidad y no hay blindaje que pueda obviar eso.
Por el bien de la democracia, de la política toda, sería deseable que el presidente no mienta más, que no condicione a la justicia y colabore de verdad con ella, no solo en el discurso, que se dispongan investigaciones en serio en Presidencia y en el Ministerio del Interior, en particular en la cúpula de la Policía, que se delimiten responsabilidades y que se sancione a los responsables.