Carolina Spilman durante el acto frente al Palacio Legislativo en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

Carolina Spilman: “La libertad necesita condiciones materiales”

Carolina Spilman, vicepresidenta del PIT-CNT con especial atención a Género, escribe para EL POPULAR con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ponemos en el centro una realidad que no puede naturalizarse: miles de mujeres viven distintas formas de violencia por el hecho de ser mujeres. La sufren en sus casas, en sus vínculos, en sus trabajos, en los espacios públicos y en las redes. Muchas buscan ayuda e intentan salir de ella; demasiadas veces, las respuestas que deberían protegerlas llegan tarde o no alcanzan.

El 25N es una jornada de memoria, denuncia y lucha. Recordamos a las mujeres asesinadas, acompañamos a quienes atraviesan situaciones de violencia y exigimos políticas capaces de prevenirla y detenerla. Hablamos de derechos, pero también de poder: de quién puede decidir sobre su vida, de qué recursos dispone y del lugar que ocupan las mujeres en una sociedad desigual.

La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, una discusión de pareja ni un asunto privado. Es un problema social y político, sostenido por relaciones de poder que habilitan el control, la posesión, la humillación y la agresión. Se profundiza cuando las respuestas institucionales son insuficientes y dejan a las mujeres solas frente a quienes las violentan.

Las cifras recientes del Ministerio del Interior muestran la dimensión del problema. Entre enero y octubre de 2026 se registraron 34.737 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados: 114 por día, 1 cada 13 minutos. El 63 % de las situaciones ocurrió en el marco de una pareja, expareja o vínculo afectivo sexual. En esos casos predominó la violencia física, seguida por la psicológica, la digital y la vicaria.

Cada denuncia expresa una situación concreta y una mujer que tuvo que pedir ayuda. Además, las denuncias no reflejan todo lo que ocurre: muchas no se realizan por temor a represalias, amenazas, desconfianza en las instituciones o falta de condiciones materiales para hacerlo.

Entre enero y octubre se registraron también 13 intentos de femicidio y 16 femicidios. En promedio, cada diez días una mujer fue asesinada o estuvo a punto de serlo. No podemos permitir que estas muertes se vuelvan parte de la rutina informativa. Cada femicidio es una vida arrebatada y la expresión extrema de una violencia que pudo haber tenido señales y pedidos de ayuda antes de llegar a ese desenlace.

La violencia adopta muchas formas: física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, digital y vicaria. Todas limitan la libertad y la autonomía. Controlar el dinero, los horarios, las amistades o el teléfono; amenazar, humillar o aislar no son simples conflictos. Pueden dejar a las mujeres con cada vez menos margen para decidir y actuar.

La violencia económica tiene una importancia central desde una perspectiva de clase. El control del dinero, la prohibición de trabajar, la apropiación del salario o el endeudamiento impuesto son formas directas de sometimiento. La dependencia se agrava con salarios bajos, empleo precario, desempleo, informalidad, falta de vivienda y ausencia de redes de apoyo. Para una mujer sin ingresos propios, que trabaja sin derechos o sostiene sola a sus hijas e hijos, salir de una situación violenta puede ser mucho más difícil.

Por eso, no alcanza con decir “denunciá” o “andate”. Hay que preguntarse si tiene adónde ir, con qué sostenerse, quién puede cuidar a sus hijos e hijas, cómo mantendrá su empleo y qué protección recibirá cuando la persona agresora sepa que pidió ayuda. Sin respuestas institucionales y apoyos concretos, alejarse puede significar quedar en la calle, perder los ingresos o enfrentar nuevas amenazas. La libertad también necesita condiciones materiales.

La consigna de este año, “25N contra la violencia y la pobreza. Basta de desigualdad”, une realidades que no deben separarse. El centro es la eliminación de la violencia contra las mujeres. Incorporar la pobreza y la desigualdad permite comprender las condiciones en que se ejerce la violencia y las barreras para prevenirla, denunciarla y salir de ella. No decimos que la pobreza produzca automáticamente violencia ni que todas las mujeres vivan lo mismo. Decimos que las desigualdades condicionan la autonomía y distribuyen injustamente las posibilidades de protegerse y reconstruir la vida.

La pobreza tiene género y también tiene clase. En 2024 alcanzó al 18,3 % de las mujeres y al 16,4 % de los varones. Por cada 100 varones pobres había 154 mujeres. La pobreza infantil, que afecta a alrededor de cuatro de cada diez niñas y niños, muestra cómo la desigualdad se transmite entre generaciones y golpea especialmente a los hogares con menos recursos. Detrás de esos datos hay mujeres que estiran el salario, postergan sus necesidades y sostienen la vida cotidiana con un trabajo que pocas veces se reconoce o remunera.

La desigualdad se agrava según la clase, el territorio, la edad, la ascendencia étnico-racial, la discapacidad y la situación migratoria. No cuentan con las mismas herramientas una mujer con ingresos, vivienda y redes que una trabajadora precarizada, una mujer rural, afro o migrante, o una madre sola a cargo de su hogar. La protección no puede depender del lugar donde se vive ni de la posibilidad de pagar asistencia privada.

También hay desigualdad en el trabajo. En 2024, la brecha entre los ingresos laborales mensuales de mujeres y varones fue de 22,2 %. A las mujeres les cuesta más acceder a empleos de calidad y siguen concentradas en trabajos peor remunerados y precarios. Además, cargan desproporcionadamente con el trabajo doméstico y de cuidados, imprescindible para la sociedad, pero realizado en gran medida sin remuneración ni reconocimiento.

Las mujeres destinan el 14,8 % de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, frente al 7,2 % de los varones. Esa diferencia responde a una organización social que asigna a las mujeres la responsabilidad principal por el cuidado y el hogar. Cuando se suma a salarios insuficientes y empleos inestables, limita la posibilidad de tener ingresos propios, estudiar, participar, descansar y construir una vida autónoma.

Las trabajadoras con empleos precarios encuentran más obstáculos para pedir licencia, concurrir a servicios o realizar trámites de protección. En la informalidad, faltar un día puede significar perder ingresos; lejos de los servicios, buscar ayuda implica tiempo y costo de traslado. Así, la desigualdad material también condiciona las posibilidades concretas de pedir ayuda y protegerse.

La pobreza y la precariedad no disminuyen la responsabilidad de quien agrede: esa responsabilidad es siempre de quien ejerce la violencia. Pero las condiciones de vida pueden dejar a las mujeres con menos herramientas para protegerse y más obstáculos para romper el vínculo. Comprenderlo permite no culparlas por no haberse ido antes, por haber vuelto o por no haber denunciado. Hay que garantizar opciones reales y apoyo para que puedan decidir.

La respuesta debe ser integral: servicios accesibles, refugios suficientes, patrocinio jurídico, atención psicológica, protección efectiva y coordinación entre organismos. También hacen falta políticas de vivienda, empleo, ingresos y cuidados para sostener la autonomía durante y después de la salida de la violencia. El Estado debe convertir las cifras en presupuesto, equipos especializados y servicios cercanos en todos los departamentos. La prevención no puede depender únicamente del compromiso de las trabajadoras de los servicios, las organizaciones sociales y las redes comunitarias.

Prevenir también exige educar, cuestionar los mandatos que legitiman la dominación y promover relaciones de respeto e igualdad. Hay que enfrentar los discursos que ridiculizan las denuncias, justifican el control, naturalizan la violencia o culpan a las mujeres.

Este 25 de noviembre recordamos a quienes ya no están y nombramos la violencia que suele esconderse detrás de las paredes del hogar o de la idea de que “son problemas de pareja”. Ninguna mujer debería enfrentarla sola. Vivir sin violencia es un derecho, no un privilegio de quienes pueden pagar ayuda, mudarse o dejar de trabajar para protegerse.

Desde las trabajadoras y las organizaciones sindicales sabemos que la igualdad se construye defendiendo salarios, derechos laborales, protección social, servicios públicos, vivienda y políticas de cuidados. También disputando una sociedad que concentra la riqueza y descarga sobre las mujeres el costo de sostener la vida. La lucha contra la violencia es parte de la lucha por la justicia social y por el derecho de todas a decidir.

Este 25N pongamos este tema  en el centro y exijamos respuestas que la prevengan, la detengan y reparen sus consecuencias. Que ninguna mujer quede atrapada por el miedo, la dependencia económica o la falta de alternativas. Que ninguna muerte se vuelva costumbre. Que ninguna desigualdad justifique la falta de protección.

25N contra la violencia y la pobreza. ¡Basta de desigualdad!

Compartí este artículo
Temas