La justicia peruana condenó al ex presidente Alejandro Toledo a más de 20 años de cárcel por su implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
La condena, informada el lunes, es el resultado de una indagatoria donde se constató que el exmandatario “recibió 35 millones de dólares en sobornos para la construcción por parte de la empresa brasileña de una carretera que uniera ambos países”.
En publicación del órgano judicial de Perú en la red social X, se informó que Toledo, de 78 años, “se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, a través de un soborno de 35 millones de dólares, se adjudicara a la empresa brasileña la licitación para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado”
Con su condena Toledo se convierte, recuerda la agencia MercoPress, “en el segundo ex presidente peruano condenado por corrupción”, luego que el ya fallecido dictador y genocida Alberto Fujimori (1990-2000) recibiera tres sentencias similares “en 2009, además de otra por delitos de lesa humanidad”.
El caso de la condena al expresidente Alejandro Toledo tiene la peculiaridad de “ser el primer ex jefe de Estado condenado en la operación Lava Jato que involucra a Odebrecht en más de 10 países latinoamericanos”.
“Como primera autoridad administrativa de todo el Estado, Toledo debía proteger y velar por el buen funcionamiento de la administración y los intereses patrimoniales de la administración pública, en el ámbito de las contrataciones públicas”, explicó la jueza Inés Roja Contreras, del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, que resolvió imponer al exmandatario “nueve años de prisión por el delito de corrupción y 11 años y seis meses por el delito de lavado de activos”.
En su resolución Roja destacó que Toledo, por su condición de presidente “tenía el deber de actuar con absoluta neutralidad, imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, mostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones”.
Las investigaciones llevadas adelante permitieron acreditar, informó la magistrada, “una serie o concatenación de irregularidades, una injerencia inusitada, una aceleración del proceso, y la intervención directa o indirecta de Toledo en el proceso, ha realizado la conducta típica de incumplimiento de deberes, defraudando al Estado”.
Afectado por un cáncer y problemas cardíacos, Toledo solicitó a los jueces que le dejen “curarse o morir” en su domicilio, lo que será formalmente presentado por su abogado en conjunto con la apelación del fallo judicial.
