Las acusaciones por parte de la justicia guatemalteca contra el minsitro de Defensa de Colombia han tensado las relaciones entre ambos países.
Guatemala informó hace pocos días que iniciaría acciones legales contra Velázquez «por supuestos actos ilegales relacionados con el caso Odebrecht».
El anuncio fue realizado, reseña Rusia Today, por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirige Rafael Curruchiche.
Según la Fiscalía guatemalteca, las medidas contra Velásquez son por «haber establecido de manera ilegal «acuerdos de colaboración eficaz» con tres exdirectivos brasileños de la constructora Odebrecht, que habría cometido sobornos en Guatemala».
Toda vez que se conoció la información, el mandatario colombiano, Gustavo Petro mostró su más profundo rechazo y por medio de las redes, anunció que «llamaría a consultas a su embajadora ante el país centroamericano, Victoria González Ariza».
La acción fue respondida por Guatemala quien llamó a su embajadora en Colombia, Reagan Vega Santizo.
En su cuenta oficial de Twitter, Petro fue contundente y escribió que «jamás» aceptará la «orden de captura» contra su ministro, lo que provocó que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, realizara una llamado a la «cordura», aclarando que la investigación anunciada no suponía una «persecución penal».
Para Petro, el ministro Velázquez, «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga».
Luego de arribar a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial, Petro declaró «que su Gobierno no permitirá que los intereses de sectores ligados al poder arremetan contra Velásquez» y agregó que no »tolerará que el actual miembro de su Gabinete, sea atacado, perseguido y acorralado por su lucha contra la impunidad», ratificando, además su permanencia en el cargo.
«Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar a hombres justos, nosotros no tenemos nada que hacer con Guatemala», enfatizó el presidente colombiano.
La situación tomó un nuevo giro, luego que se conocieran sendos tuits del periodista colombiano Jorge Espinosa, en los que este recuerda que el fiscal Curruchiche fue sancionado por EE.UU. por supuesta obstrucción de «investigaciones sobre actos de corrupción».
El funcionario guatemalteco que ahora pretende investigar a Velázquez, agregó el periodista colombiano, interrumpió la investigación de «casos de alto perfil contra funcionarios».
En esa misma dirección se supo »que la jueza que supuestamente autorizó el procedimiento contra Velásquez (…) «fue investigada por la CICIG, acusada de delitos graves».
De acuerdo a la Red de Información contra la Impunidad en Guatemala, la jueza que autorizó el procedimiento contra el ministro colombiano, había perdido su inmunidad en 2015, por sus presuntos vínculos con acciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La jurista, según consignó el diario La Hora, «habría ocultado un valor patrimonial debido a que poseía una lujosa vivienda, valorada en 350.000 dólares, que supuestamente habría adquirido por 10.000 dólares».
En esa misma dirección se reseña que la misma en 2011 »habría beneficiado al exdirector del Sistema Penitenciario y actual presidente Giammattei, al cerrar el proceso penal en su contra por la supuesta ejecución extrajudicial dentro del caso Pavón, en 2006».
Al conocerse las declaraciones de respaldo del mandatario colombiano a su ministro de Defensa, este expresó su agradecimiento el apoyo y la confianza recibida, y expuso detalles sobre su accionar en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG).
