Rodrigo Gorga (*)
Uno de los principales ejes de la campaña anterior fue el manejo de las cuentas públicas. En resumen, el relato era que el FA despilfarraba dinero, aumentaba el gasto público sin control a costa de imponerle una pesada carga al sector privado, hogares y empresas, a través de impuestos y tarifas de servicios públicos, que aún así no eran suficientes para evitar los números en rojo. El desembarco de uno de los elementos esenciales del aparato ideológico y cultural de la coalición de gobierno y de su visión del Estado y la economía; el Estado estorba en la economía, hace las cosas mal. Cinco años después, y como en otras áreas del gobierno, quedó demostrado lo alejado de la realidad que estaban sus propuestas.
Cuando queremos analizar la situación de las cuentas públicas podemos tomar dos indicadores. Por un lado, el déficit fiscal, el saldo de ingresos menos egresos del sector público en un período determinado, usualmente se mide anualmente y con respecto al PBI. Es decir, se obtiene una medida del déficit como porcentaje de los ingresos generados por la economía en ese período. El otro indicador que es necesario mirar se refiere a la deuda del sector público, es decir los compromisos que debe pagar el sector público en el futuro, que también se mide con respecto al PBI.
Si miramos ambos indicadores, y según los últimos datos disponibles, la situación está al menos igual en cuanto al déficit (-4,0% en setiembre del 2023 contra el -3,9% de fin del gobierno pasado) y francamente peor en términos de deuda (68% de la actualidad contra 60% anterior). El gobierno definivatamente incumplió su promesa, desde todo punto de vista. No pudo reducir el gasto, y cuando lo hizo, durante el año 2022 (el déficit en setiembre del 2022 fue del 2,5%), lo hizo a costa de la reducción de los salarios, las pasividades y las transferencias (0,5% cada concepto), cuando en campaña dijo que se podía reducir el gasto en 900 millones de dólares sin tocar esas variables.
Como lo establece el Frente Amplio en sus bases programáticas, el compromiso con una gestión macroeconómica prolija, que tiene como pilar la política fiscal, es claro. Seguramente no por las mismas razones que lo pregonaba este gobierno, es decir, no por pensar que hay que achicar el Estado.
Podemos desarrollar este punto. Hay razones objetivas para cuidar la evolución de indicadores como el déficit fiscal. Simplificando, se puede argumentar que el déficit fiscal se compensa con deuda, que genera intereses, que año a año representan un importante gasto para el Estado, y además generan otros compromisos futuros, es decir, dinero que en algún momento se devuelve. Por lo tanto, un elevado déficit es, entre otras cosas, un síntoma de vulnerabilidad de la economía. Pero también hay razones de otro orden, relacionadas con una imagen del país a cuidar, para por un lado mostrarse amigable con “los mercados”, es decir el capital que puede decidir moverse si no le apetece la gestión económica de un gobierno. Si esta imagen exterior también empeora, el financiamiento del sector público puede encarecerse si aumenta la percepción de que tu gestión no es cuidadosa con el dinero, elemento que se mide a través del riesgo país o del grado inversor, que elaboran las calificadoras de riesgo, que guían al sistema financiero.
¿Cómo funciona ese componente de evaluación “subjetiva” sobre el gestión fiscal de un Estado? Miremos el caso de este gobierno. El déficit fiscal casi igual, la deuda mucho mayor, debería entonces haber empeorado la imágen del país en el exterior. Sin embargo, todo lo contrario. Uruguay, a pesar de estar con un nivel de deuda por encima del promedio de América Latina, tiene en la actualidad el menor riesgo país. Por si fuera poco, aumentó también su calificación en el grado inversor.
¿Por qué fue así? ¿Qué argumentan los portavoces del sistema financiero internacional para los mercados y evaluar positivamente a Uruguay? Señalan dos cosas positivas de este gobierno. Una la reforma jubilatoria, por reducir el gasto proyecto, y mejorar por tanto el resultado fiscal a futuro. Por otro lado, la regla fiscal, porque mostraría voluntad del gobierno de mejorar la forma en la que toma sus decisiones de gastos e ingresos.
Puede ser útil detenernos aquí también, porque seguramente se escuche como defensa de la gestión del gobierno la mejora en la imagen internacional del país, ejemplificada por los generosos informes de las calificadoras de riesgo.
La reforma jubililatoria que no solamente es un ajuste contra la clase trabajadora, tiene un impacto fiscal muy limitado (alrededor del 0,5% en el largo plazo). De hecho, la variable sobre la cual depende el impacto fiscal es la evolución que tengan las jubilaciones de menores ingresos, a través de la fórmula de ajuste del bono solidario.
Por otro lado, para “limitar” al Estado en su discrecionalidad, porque recordemos que según su visión cuanto menos intervenga el Estado mejor, se creo la tan mentada regla fiscal y una institucionalidad alrededor de ella. Fue aprobada en la LUC y sus artículos estuvieron dentro de los 135 sometidas a referendum. A pesar de ser señalado como uno de las políticas acertadas del gobierno en materia fiscal, ha sido un fracaso. Sencillamente porque uno de los objetivos explícitos de la regla fiscal era limitar a los gobiernos en su capacidad de gastar de forma no fundamentada en la evolución de la economía, típicamente cuando se aproximan las elecciones. La regla se constituye a través de límites a la expansión del gasto y el déficit en base a unos indicadores. La forma que ha encontrado el gobierno para “cumplir” con la regla, ha sido cambiar los indicadores para que estos se adaptan a su realidad. Mientras tanto, según diversos analistas, el año 2024 va a constituir el récord en el déficit fiscal del 2004 a la fecha.
Es decir, las calificadoras de riesgo han “premiado” a Uruguay por una reforma jubilatoria contra los trabajadores y las jubilaciones de menores ingresos y una nueva institucionalidad fiscal que es humo, mientras que han perdonado un aumento de deuda y del déficit históricos. No parecen galardones de lo que deban enorgullecerse.
Estamos en año electoral y hay útiles sobre la mesa sobre cómo le ha ido al gobierno con respecto a lo que prometía hacer. Pero no alcanza con eso. La realidad le demostró al gobierno que tuvo que recurrir a “las perillas” del Estado cuando la pandemia (aunque su ayuda fue insuficiente en comparación internacional), cuando la crisis hídrica (también de forma tardía), y cuando se acordó que tenía que expandir el gasto, mejorar la vida de la gente en el año electoral y así compensar lo que fueron sus anteriores años de gobierno. Hay que entender que estos incumplientos del gobierno no se deben solamente a errores de gestión, o aficionados a la mentira (al menos, no solamente). No pudieron cumplir con sus promesas por una falla en su concepción ideológica, no ha funcionado el “menos Estado mejor”, al menos no para la gran mayoría de la gente de nuestro país, sus derechos y su bienestar.
(*) Economista.
Foto de portada
La ministra de Economía Azucena Arbeleche en la Torre Ejecutiva. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS.
