Medio centenar de grupos civiles estadounidenses solicitaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos se investigue sobre el uso de la vigilancia artificial como forma de controlar las conversaciones en las prisiones de dicho país.
Los denunciantes consideran que este tipo de tecnología está siendo usada de forma indebida, llegándose incluso a utilizar para “grabar reuniones entre presos y abogados”.
«Estos abusos exigen una intervención urgente del Departamento. En consecuencia, solicitamos una investigación independiente sobre estas tecnologías de vigilancia», aseveraron las organizaciones civiles en un comunicado emitido la pasada semana.
La solicitud de investigación ha sido promovida por el Proyecto de Supervisión de Vigilancia Tecnológica (STOP, por sus siglas en inglés).
Esta organización afirma que, “el empleo de esta tecnología en las prisiones es sesgado, invasivo y una completa pérdida de dinero de los impuestos», por lo que, “el Departamento de Justicia debería prohibir este tipo de tecnología, no financiarla», declaró el director de STOP, Albert Fox Cahn.
Fox agregó, que la misma se está utilizando tanto “para grabar llamadas telefónicas privadas con abogados”, como para «espiar momentos íntimos con la familia».
Según informó la agencia de noticias Swissinfo, la directora de la ONG «Worth Rises», Bianca Tylek, declaró que «la vigilancia de las telecomunicaciones se aprovecha de la necesidad humana que tienen las personas encarceladas y sus familias de entrar en contacto, sometiéndolos a intrusiones en su intimidad innecesarias, tendenciosas e incluso ilegales».
Como parte de los fundamentos de la denuncia presentada, los promotores de la misma documentaron, con varios artículos de diversos medios de prensa cómo “las compañías que ofrecen servicios de comunicación a las prisiones a lo largo del país están grabando las llamadas entre abogados y sus clientes”, conversaciones estas que, de acuerdo a la legislación estadounidense, tienen asegurada su confidencialidad.
De igual forma han denunciado, la entrega por parte del Departamento de Justicia de 700.000 dólares al condado neoyorquino de Suffolk, con el objetivo de comprar “el programa «Verus», creado por la empresa LEO y destinado a realizar transcripciones de llamadas telefónicas”.
