El gobierno sigue sin dimensionar la profundidad de la crisis

Las medidas anunciadas buscan aliviar los impactos de la crisis, pero son insuficientes en monto y en alcance, no reducirán la pobreza ni reactivarán la economía.
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Por Bruno Giometti y Pablo Da Rocha (*)

Es muy difícil estimar cuántos recursos son necesarios para afrontar una pandemia, que a nivel mundial se ha cobrado más de 3 millones de fallecidos. También resulta dramático del COVID 19, el temor que despierta sobre la población y los gobiernos, en tanto, la propagación del contagio es exponencial (crece de forma muy acelerada) haciendo correr el riesgo de saturar los centros asistenciales -en especial las camas de cuidados intensivos necesarios para el tratamiento en los casos más graves- lo que pone en riesgo no solo las posibilidades de atender la población afectada, sino que amenaza con hacer colapsar el sistema sanitario.

 

Como consecuencia de ello, la mejor recomendación -formulada desde los científicos especializados- es el distanciamiento físico, es decir, la reducción de la movilidad que evite el contacto con otras personas. Sin embargo, forzar o restringir la movilidad, provoca el enlentecimiento de la actividad económica o en casos extremos su parálisis. Es decir, que en definitiva se presenta una situación en extremo compleja para los gobiernos, combatir la pandemia con prioridad en cuidar la salud, al tiempo que se intentan minimizar las consecuencias negativas sobre el funcionamiento de la economía. 

Dicho de otra manera, la eventual crisis sanitaria provocada por la aparición del COVID, tensiona las posibilidades de una crisis económica y social sino se logra un equilibrio. No hay dudas que nuestro país no logró administrar correctamente ese equilibrio. No haber actuado a tiempo, y con las medidas acordes a la gravedad de la situación, tiende a agravar la situación o en el mejor de los casos a dilatar en el tiempo las posibilidades de éxito. 

El equilibrio es tan fino, que requiere ponderar y anticiparse. No parece acertado –sobre todo en función de los resultados- ser “pacientes” y actuar en consecuencia. Se requiere anticiparse –esto implica saber escuchar- y sobre todo evitar que la crisis sanitaria desate una crisis social que tienda a agravar el escenario. Simplemente imaginemos que el combate a la pandemia obliga a reducir la movilidad y el contacto físico, de este modo la mayoría debe permanecer en su hogar, no puede ir a trabajar o hacer la changa diaria que lleva un plato de comida a la casa. De modo que, o bien corro el riesgo de enfermarme por contraer la enfermedad, o bien no logro subsistir por no poder alcanzar un nivel mínimo de consumo.

Así pues, en el marco de la pandemia, la mayoría de los países -comparables o no con el nuestro- decidieron, porque entendieron ponderar la vida por sobre todas las cosas, destinar mayores recursos públicos a enfrentar esta situación, aun significando mayores niveles de endeudamiento y déficit fiscal. Todos priorizaron la necesidad de brindar la cobertura necesaria, más allá de los recursos que supusiera. 

Nuestro país en cambio -no solo restringe las posibilidades de gasto público con la creación de una regla fiscal en la LUC- sino que se ha jactado de poder “ahorrar” evitando mayores niveles de déficit fiscal, aunque esto parezca insólito. Somos uno de los países que menos recursos destina a la pandemia, y cuando decimos “destina” nos estamos refiriendo a las personas que más lo necesitan, a la población vulnerable. Se han implementado medidas de apoyo, pero que hasta ahora han sido muy insuficientes tanto en alcance, como en montos. 

El gobierno ha decidido en todo momento mantener encendidos los motores de la economía, esto hace que no tenga que destinar tantos recursos a sostener a las personas y empresas con dificultades, en comparación a lo que tendría que hacer con una economía más paralizada; esta estrategia que durante algunos meses pareció dar un resultado equilibrado, en términos sanitarios y económicos, hoy está en su peor momento, con resultados económicos y sociales muy negativos (recesión económica, caída de ingresos, aumento de la pobreza, caída del empleo), medidas que no parecen ser lo contundentes que debieran para revertir esta crisis económica y social, al tiempo que se dispara la crisis sanitaria con un promedio de 60 fallecimientos diarios y una amenaza latente de colapso del sistema de salud.

Desde las distintas organizaciones políticas y sociales se ha advertido esta situación y la gravedad de la misma y se han formulado propuestas, la mayoría sin eco en el gobierno. 

Lo concreto es que se ha agudizado la situación sanitaria -récord de casos y muertes- donde nuevamente evitar la propagación, más allá del programa de vacunación implementado, requiere atender y evitar la crisis social derivada del empeoramiento del mercado de trabajo y el aumento de la pobreza. Nadie podía dejar pasar de forma inadvertida la necesidad de llevar adelante nuevas medidas, las cuales fueron anunciadas esta semana.

 

Las nuevas medidas del gobierno

 

En conferencia de prensa realizada este martes el gobierno anunció una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis que vive nuestro país. 

En lo que respecta al monto total de recursos que se proyecta destinar a enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, se produce un aumento importante en términos de cuál era el punto de partida, esto es, de 540 millones de dólares anunciados el 2 de marzo a los 900 millones anunciados ayer. 

Esto responde al notorio agravamiento de la situación sanitaria y económica, así como al reclamo de distintos sectores sociales y políticos, incluso de sectores de la coalición de partidos que respalda al gobierno. 

De todas formas, hay que resaltar que el monto, si se hace una comparación a nivel internacional, es aún muy insuficiente (menos de 2% del PBI cuando los países de ingreso medio aumentaron su déficit en promedio 5,5% el año pasado). También parece insuficiente si tomamos en cuenta que el año pasado se destinaron 711 millones de dólares según informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los efectos de la pandemia habían sido mucho menores que en la actualidad y que muchos de los que tenían algo de “espalda” en 2020 ya no la tienen. 

Dicho de otra forma, con los 711 millones de dólares invertidos el año pasado tuvimos más de 100.000 nuevos pobres, por lo cual con 900 millones este año la situación también es sombría. 

En lo que refiere a las medidas tributarias y de rebajas destinadas a empresas, es complejo calibrar su alcance e impacto, aunque podemos hacer algunos comentarios. Las medidas anunciadas este martes, se dijo que tienen como universo de aplicación limitado a 8.000 empresas (porque son medidas básicamente sectoriales). Para estos sectores seguramente algunas de ellas puedan ser importantes, como por ejemplo la exoneración de aportes patronales por todo el semestre o la rebaja del importe fijo de UTE. Las otras medidas son de alivio financiero (diferimiento de deudas) o acceso al crédito, no implican una transferencia de recursos desde el gobierno y por ende su impacto seguramente sea más restringido. 

También se anuncia una rebaja de UTE más general (a todas las PYMES, no solo a los de estos sectores) considerando el nivel de consumo, lo cual parece razonable. Según el Ministerio de Industria, Energía y Minas (MIEM) serían 37.000 empresas pequeñas beneficiadas.

No hay ninguna medida nueva de reducción de tarifas a los hogares, salvo algunas anunciadas anteriormente que ayer se volvieron a mencionar (bono de 10 GB para internet). Todas las medidas sobre tarifas son a empresas, más allá de que como se dice anteriormente, algunas son compartibles y razonables, sobre todo las que atienden a PYMES y empresas con poco consumo el último año por las dificultades que hayan tenido que atravesar. 

Por otra parte, una vez más, las medidas de exoneraciones a empresas no tienen ninguna contrapartida, no requieren compromisos de mantener las fuentes de trabajo o retomar a quienes envían al seguro de paro.

Respecto a las medidas laborales, se continúa en la línea de flexibilización del seguro de paro lo cual es positivo, aunque no se consideran otros planteos referidos a esta herramienta (por ejemplo, aumentar su monto mínimo). Hay miles de personas que cobran un subsidio de desempleo que está por debajo del monto del salario mínimo nacional, que teóricamente es la referencia del ingreso que debiera tener cualquier trabajador como mínimo.

La novedad, en principio, pareció ser la implementación de un subsidio para trabajadores informales, aunque nuevamente al entrar en el detalle de la medida, este subsidio se encuentra limitado a los sectores muy afectados (el año pasado lo tuvieron los trabajadores de la cultura, ahora se amplía al turismo, eventos, algunos del transporte). Este subsidio abarcaría 8.000 trabajadores informales, la cifra parece muy baja si tenemos en cuenta que en total hay más de 350.000 trabajadores informales (más los que perdieron su fuente de trabajo el año pasado y pasaron a ser inactivos). También es insuficiente en cuanto al monto, aproximadamente la mitad de lo propuesto por el movimiento sindical (1 salario mínimo). Serían en total 20.000 personas si sumamos a los monotributistas del MIDES que cobrarán subsidio de igual monto.

Las transferencias sociales (AFAM-PE y canasta alimenticia) se duplican en abril y mayo (ya anunciado el 2 de marzo) y ahora también en junio. Siguen siendo montos insuficientes. Un hogar promedio que cobra AFAM-PE cobra $3.000 mensuales, ahora con la duplicación pasarían a ser $6.000 todos los meses de abril a junio, si además cobra la TUS llega a los $9.000, total para el hogar por mes (siempre hablando en promedios, dado que estas presentaciones varían según la cantidad de integrantes del hogar y otros factores). Las canastas alimentarias las reciben personas que no obtienen asistencia del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) u otra prestación del Estado, pasan a ser $2.400 mensuales, si es un hogar con dos adultos y ambos lo tramitan llegan a $4.800. 

En resumen, las medidas anunciadas, parecen indicar que es posible lograr movimientos en el gobierno cuando se reclaman medidas justas y se fundamentan de forma contundente, aunque lo conseguido resulta en extremo insuficiente en términos de apoyo social y de resultados inciertos en cuanto a protección y reactivación del empleo. 

En efecto, las medidas propuestas deben ser entendidas desde esa perspectiva: buscan contener la situación, aliviar la carga y en los mejores de los casos favorecer la posibilidad de obtener un ingreso básico para aquellos más golpeados -algunos por decisiones o inacción del Ejecutivo- aún siendo insuficientes. 

En algún momento el plan de vacunación esperemos tenga el éxito deseado, ¿pero luego qué? Se requiere revertir los niveles dramáticos de pobreza y desocupación, de ingresos y de informalidad. Para ello se necesitan más recursos, inversión en sectores intensivos en mano de obra, se requiere una política salarial que tienda a devolverle a los trabajadores lo perdido y que estimule el mercado interno. 

Nuestro pueblo necesita una respuesta contundente en términos de apoyos económicos transitorios a la población más vulnerable, a los trabajadores formales e informales que han perdido su fuente de trabajo o caído en el seguro de paro, a las pequeñas empresas. Y también se necesita una mirada más larga, un plan de reactivación con inversión pública, con estímulo a sectores intensivos en empleo, con un mercado interno que retroalimente esa expansión y que no sea visto como un problema. 

Por ahora en ambos aspectos, por el lado del gobierno, tenemos más ausencias que presencias. Pero también sabemos que cuando las causas son justas, con organización y lucha, se puede conseguir mover de su posición a cualquier gobierno. 

¡Salud!

 

(*) Economistas del Instituto Cuesta Duarte y de “Valor!!”.