Por tercer año consecutivo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, otorgó un indulto “a miembros de las fuerzas de seguridad que estuvieran condenados por delitos cometidos mientras realizaban sus funciones como policías y militares”.
La información publicada en O Globo y replicada por el Publimetro de Chile, indica que el indulto se hizo efectivo luego de su publicación el 24 de diciembre en el Diario Oficial de la Unión.
“Los beneficiados de este indulto son aquellos que, según ciertos criterios, cometieron delitos no intencionados por motivos de su rol o por el riesgo derivado del mismo”, señala el portal de noticias chileno, que agrega que, los segundos perdonados fueron “aquellos presos que padecen enfermedades graves que necesiten asistencia continuada, y que no puede ser recibida dentro del recinto donde cumplen la condena. Entre los que se mencionan se encuentran personas con cáncer o Sida”.
El indulto presidencial se desfonda en su supuesto “sentido humanitario”, al no tener la misma consideración con los prisioneros que tienen secuelas graves de covid-19, para los cuales se esperaba una decisión gubernamental similar que, finalmente, no se produjo.
Para junio de 2021 y según datos oficiales la población penitenciaria de Brasil había crecido un 60 % en 10 años.
En el año 2009, Brasil tenía 473.626 prisioneros en espacios concebidos para 278.726 internos, mientras que, en junio de 2019 la cifra ascendía a más de 750.000 presos recluidos en unidades penitenciarias de poco más de 461.000 cupos.
Los datos oficiales sobre el número de prisioneros, ha sido puesto en dudas por organizaciones no gubernamentales, que estiman que la cantidad puede ser mayor.
El pasado año, Amnistía Internacional estimó en 812.000 la cantidad de personas privadas de libertad en el país.
Los datos del último reporte del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) indicaban que, para el 2 de junio, Brasil sumaba 449 presos muertos por COVID-19 y 81.214 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.
Rolando Arbesún
