Daños en la infraestructura del municipio de Unión Panamericana, Chocó, por el terremoto. Foto Gobernación del Chocó.

El terremoto en Colombia y la respuesta del gobierno de derecha

“No sé lo que pasa en el Chocó”, respuesta del Ministro del Interior ante requerimientos de la prensa.

Anna Margoliner (*)

El terremoto dejó en evidencia a un Gobierno que apenas empieza a ubicarse en el mapa del país que administra, más ocupado en reivindicar al sionismo que en entender la magnitud del dolor de los colombianos que dice representar

Eran las primeras horas de la mañana del 10 de agosto cuando la tierra se movió durante casi noventa segundos bajo San José del Palmar, Chocó. Más de 12.000 personas, repartidas en cerca de 900 centros poblados, reportaron haberlo sentido.

Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Buenaventura y Quibdó vieron muchas de sus construcciones convertirse en escombros, y en los días siguientes la cifra de departamentos afectados llegó a quince. Mientras la tierra dejaba de temblar empezaba otra sacudida, más lenta e incómoda: la de un gobierno que no supo qué hacer con la tragedia que tenía enfrente.

Ayuda a la carta: la política por encima de las vidas

El primer síntoma de esa desorientación fue el silencio. Cuando ocurrió el sismo, el presidente Abelardo de la Espriella no estaba en Bogotá y la coordinación nacional tuvo que esperar su regreso para empezar a operar. El país aguardó tres horas la primera declaración oficial, un tiempo eterno para quienes buscaban a sus familiares bajo los escombros.

A eso se sumó una falla estructural: Colombia cuenta con 23 equipos USAR acreditados para búsqueda y rescate urbano, pero, al no hacer empalme con el gobierno anterior ni tener nombrado todavía al nuevo director de la UNGRD, los PMU (Puestos de Mando Unificados) presentaron demoras para empezar su gestión. La frase del ministro del Interior, Rodrigo Lara, emitida 48 horas después del sismo, dejó en evidencia la situación: “No sé qué pasa en el Chocó, para serle muy franco”.

Ese mismo desorden, sin embargo, no impidió que el Gobierno actuara con método a la hora de decidir quién podía entrar a ayudar. México ofreció desplegar personal especializado y la presidenta Claudia Sheinbaum comprometió públicamente “todo el apoyo que requiera” para Colombia. Esa brigada nunca recibió autorización para ingresar.

En cambio, el Gobierno abrió la puerta a equipos de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, mientras las ofertas de Brasil, México y España quedaron atascadas en trámites o reducidas a ayuda humanitaria. El canciller Omar Bula atribuyó la demora a “requisitos de certificación”, pero el patrón de abrir la puerta a los aliados ideológicos y cerrarla a los gobiernos de la región más cercanos al progresismo resultó demasiado sistemático para explicarse solo con burocracia.

La brigada que nadie pidió y llegó tarde

El episodio que más tiene impactado al país es el de la delegación sionista. Cerca de 80 rescatistas del Comando de Defensa Civil de Israel, al mando del general de brigada en la reserva Yossi Pinto, aterrizaron en Cali cuando ya habían pasado más de 96 horas desde el sismo y la ventana de rescate estaba prácticamente cerrada.

Más allá de la utilidad real de esa ayuda tardía, la controversia escaló cuando congresistas de oposición advirtieron que no se trataba de una simple misión humanitaria, sino del ingreso de personal militar extranjero. La senadora Carolina Corcho exigió aclarar si los integrantes portaban armamento y sostuvo que, de tratarse de tropas, su entrada requería aval del Senado, conforme al artículo 173 de la Constitución.

La representante María Fernanda Carrascal, citada por medios locales, fue en la misma línea al advertir que una emergencia no puede convertirse en la puerta de entrada a presencia militar extranjera sin que el país conozca sus alcances.

El malestar creció cuando De la Espriella agradeció públicamente, en una llamada, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por el envío de ayuda, mientras Colombia todavía contaba a sus muertos. El senador Iván Cepeda calificó el gesto de vergonzoso y el expresidente Gustavo Petro cuestionó abiertamente si la misión había llegado con medicinas o con armas.

Colombia rompió relaciones con Israel en 2024 por la ofensiva en Gaza, y la llegada de la brigada coincidió con el anuncio de un acercamiento del nuevo gobierno con Israel, reconociendo, además, su soberanía sobre los Altos del Golán en medio de la tragedia. Lo que debía ser un rescate terminó convertido en un episodio de geopolítica.

Balones de fútbol para las víctimas

Y en medio de ese despliegue de banderas y llamadas diplomáticas, hubo una imagen que resumió el desfase entre el discurso oficial y la realidad de las víctimas: en Buenaventura, con las casas todavía en el suelo, el presidente De la Espriella repartió entre los niños que acababan de perderlo todo balones de fútbol marcados con el logo de su movimiento político.

Días antes, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, había sido captado de vacaciones en Santa Marta, lejos de las zonas críticas. Mientras el Estado hacía política con el dolor, la gente seguía esperando una respuesta.

Cuando el pueblo se organiza porque el Estado no llega

Esa respuesta, al final, no vino de arriba. En Bogotá, los puntos de acopio de la Alcaldía y la Cruz Roja reunieron 1.868 toneladas de ayuda entre el 11 y el 17 de agosto, distribuidas hacia Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Caldas.

En Cali, universidades y colectivos armaron cadenas humanas y redes de voluntariado sin esperar instrucciones de ningún ministerio. Comunidades colombianas en el exterior recolectaron y enviaron insumos por iniciativa propia, sin que nadie se los pidiera.

Ahí está, entonces, la respuesta a la pregunta que dejó abierta el terremoto: mientras un gobierno decidía a quién dejaba entrar según la bandera de quien ofrecía la mano, fueron los trabajadores, los vecinos y las organizaciones populares quienes se socorrieron mutuamente, sin pedir nada a cambio.

Esa es la solidaridad de clase que ha sostenido históricamente a los pueblos cuando un gobierno, pensado para proteger intereses distintos a los de la clase obrera, llega tarde o no llega. No depende de cancillerías ni de certificaciones técnicas: nace de abajo y llega siempre antes que el Estado.

(*) Tomado del semanario hermano Voz, de Colombia.

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