Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (RUCVDS) exige que el Estado no obstaculice ni retroceda en la agenda de derechos

Una declaración pública firmada por las organizaciones: Asociación Civil El Paso; Aire.uy; Cladem Uruguay; Colectiva Mujeres; Cotidiano Mujer; Cooperativa Mujer Ahora; Iniciativas Sanitarias; IELSUR; Instituto Mujer y Sociedad; Mujer y Salud Uruguay (MYSU) y PLEMU expresó su más profundo rechazo a la iniciativa que propuso impulsar el diputado Carlos Iafigliola.

Las organizaciones firmantes que integran la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (RUCVDS) repudian el intento de “obstaculizar el derecho al aborto de mujeres, niñas y adolescentes, basadas en las declaraciones del presidente de la República Luis Lacalle Pou el 5 de mayo de 2020”.

En este sentido rechazan, afirma el comunicado, “que el Estado uruguayo permita la instalación de prácticas ilegales contrarias a las leyes vigentes que consagran el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en los plazos y condiciones en ellas establecidas”.

Las organizaciones recuerdan que, en nuestro país, “de acuerdo a la Constitución, es un estado laico, como tal, las orientaciones y fe religiosas no pueden interferir en las políticas públicas ni en ningún organismo del Estado”.

“Los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a ser dueñas de nuestros cuerpos y decidir con autonomía nuestro proyecto de vida, se reivindica desde hace años en Uruguay y en la región”, enfatiza la declaración que rememora que “en octubre 2012, como resultado de esa construcción y lucha colectiva, se adoptó en Uruguay la Ley No. 18.987 que permite, en las condiciones y circunstancias en ella establecidas y hasta las doce semanas de embarazo, el acceso a un procedimiento seguro, no criminalizable de la interrupción del embarazo”.

La mencionada ley, continúan expresando ha sido recientemente reglamentada y se está y en proceso de su mejor implementación.

Ante estos avances, recuerda el documento, “político/as con el apoyo de fuerzas conservadoras y fundamentalistas, entre ellos el Sr. Iafigliola y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, través de un procedimiento establecido en la Constitución, intentaron retroceder en los derechos conquistados por y para las mujeres”.

“El 23 de junio de 2013, el pueblo uruguayo demostró que somos una República laica, democrática y plural”, resaltan al tiempo que señalan que ello significó que “la ciudadanía expresó con una mayoría contundente, que reconoce y respeta el derecho que tiene toda mujer de decidir interrumpir un embarazo y de hacerlo en condiciones seguras e informadas”.

En dicha oportunidad, las/os ciudadanos/as, no se dejaron engañar “por los discursos hipócritas que querían imponer personalísimos puntos de vista, como si la ley se impusiera a quien no quiere hacer lo contrario”.

“Ninguna mujer que, por la razón que sea, no desee interrumpir un embarazo está obligada a hacerlo por esta ley, pero aquella que resuelva interrumpirlo, más allá de su nivel socio económico, accede a un procedimiento seguro y no criminalizado”, enfatiza la declaración.

Con respecto al uso del concepto “pro vida”, reafirman que el mismo es “engañoso” y que “quienes defendemos el derecho al aborto, defendemos el derecho a la vida, a la integridad física y emocional, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, entre otros, de las mujeres, niñas y adolescentes”.

En este sentido las organizaciones firmantes reafirman que “asegurar el acceso al aborto seguro, legal y gratuito es una obligación del estado uruguayo”.

La ley, que asegura este derecho, enfatizan, “está vigente y es obligación del presidente y el gobierno cumplirla, sin introducir personalísimos puntos de vista, contrarios a los derechos humanos o claramente regresivos de derechos conquistados”.

Si se producen iniciativas que obstaculicen este derecho, se estaría violando la Constitución de la República, la propia ley aprobada y reglamentada, así como, “la normativa internacional obligatoria para Uruguay y de los estándares internacionales de derechos humanos”.

Finalmente, las organizaciones denuncian que, “esta iniciativa, consistente con la ideología conservadora y en muchos casos fundamentalista de integrantes de la coalición gobernante, arremete contra nuestra democracia, contra la igualdad y no discriminación, tanto cuando quiere enseñarle normas de higiene a mujeres en contextos vulnerables como cuando intenta sumar al paternalista “plazo de reflexión” de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, el ilegal propósito de interferir en sus decisiones. La ley prohíbe esa interferencia”.

Con respecto a la iniciativa que da lugar a esta declaración se enfatiza, “no nos sorprende la iniciativa del Sr. Iafigliola, lo que no puede es contar con el respaldo y el asocio explícito o implícito de ningún organismo del Estado”, por lo que se exige que “el estado uruguayo se abstenga e impida cualquier tentativa de retroceso en la agenda de derechos humanos legalmente vigentes y exigibles”.

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