El Ministerio Público de Perú solicitó este miércoles la detención domiciliaria del dictador y genocida Alberto Fujimori por un plazo de 18 meses.
En el marco de la llamada causa Pativilca que refiere auna matanza de seis personas en 1992, al genocida se lo imputa por un delito «contra la vida».
El pedido de la Fiscalía se produjo luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo liberara en cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional de Perú (TC).
De acuerdo a TelesuR, el pedido fue presentado “por la Segunda Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ante la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada”.
En el alegato de la Fiscalía se afirma “que Fujimori tiene un proceso penal en su contra por la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y por homicidio calificado en la modalidad de asesinato con alevosía, en un contexto de lesa humanidad».
Fujimori quien dirigió el gobierno de Perú entre 1990 y el año 2000, estaba detenido al ser condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
La resolución del TC determinó que este miércoles el dictador y genocida fuera liberado en consideración “a su avanzada edad y precario estado de salud”.
La liberación de Fujimori produjo indignación entre la ciudadanía y algunos sectores políticos del Parlamento del país.
La liberación dio lugar a que la pasada jornada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instara al país andino a “que se abstuviera” de liberarlo, hasta que se revisara “si la orden del Tribunal Constitucional” cumplía “con sentencias previas de la justicia continental”.
