Con los votos de los diputados del Frente Amplio y de Cabildo Abierto fue aprobada la Rendición de Cuentas.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles la Rendición de Cuentas, en general con el apoyo de todos los partidos, salvo Identidad Soberana y en artículos claves con los votos del Frente Amplio y los dos de Cabildo Abierto.
La Rendición de Cuentas se aprobó en general por 93 en 96 votos, con el apoyo del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto. Los votos negativos fueron de los diputados de Identidad Soberana y del colorado Pablo Perna.
Los legisladores cabildantes Álvaro Perrone y Gastón Roel Bottari, se sumaron al Frente Amplio, lo que permitió que salieran adelante, con 50 votos, los artículos que la oposición rechazaba, sobre el incremento del tope de endeudamiento para este año y aumento del gasto en algunos rubros.
Finalmente, los primeros dos artículos de la Rendición de Cuentas, referidos al resultado fiscal de 2024, se aprobaron por 97 votos en 99, con la oposición únicamente de Identidad Soberana; mientras que los artículos 3, 4 y 5, que establecen partidas extra para el MSP, ASSE y el Ministerio de Transporte, resultaron aprobados por 50 votos en 99. En tanto, el artículo 7, que autoriza al gobierno a incrementar el tope de la deuda a 3.450 millones de dólares y que se habilitaran créditos presupuestales de US$ 144 millones para cubrir deudas que se arrastran del gobierno anterior y atender la situación de los medicamentos de alto precio., también se aprobó por 50 a 49.
Compartimos las intervenciones de los diputados de la 1001, Bruno Giometti y Ana Olivera.
Bruno Giometti
Estamos en un momento importante. La Rendición de Cuentas del último año de un gobierno, siempre es una instancia relevante para hacer un balance, no solamente del último año, sino del conjunto de la gestión desplegada en el quinquenio. Tenemos que analizar las políticas implementadas, los instrumentos utilizados y los resultados obtenidos, siempre en el marco del contexto histórico concreto en el que tuvo lugar ese gobierno.
Nadie desconoce —y vamos a hablar de ello— el efecto que tuvo la pandemia de COVID-19, la sequía y otros eventos exógenos que los gobiernos no pueden controlar. Pero de lo que se trata esta sesión es de analizar la gestión del último gobierno de Luis Lacalle Pou y valorar en qué medida los uruguayos vivimos mejor que hace cinco años o no.
No vamos a entrar en la valoración de la coyuntura política del actual gobierno, ni tampoco a hacer un balance de lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio. Para eso ya hubo oportunidad, incluso en este Parlamento. Nos vamos a ceñir a la discusión sobre la gestión del último quinquenio.
Vamos a evitar reiterar algunas cuestiones con las que estamos de acuerdo, que ya han sido planteadas por el compañero informante y por la diputada Julieta Sierra. Nos enfocaremos en algunos énfasis y en responder a afirmaciones inexactas que se han realizado en intervenciones anteriores de otros diputados.
Agenda de recortes
Una de las primeras cuestiones que queremos señalar como hecho relevante es que, durante la pandemia, cuando era más necesario llevar adelante políticas económicas contracíclicas y políticas sociales compensatorias, el gobierno priorizó su agenda de recortes, yendo en contra de lo que establecen todos los manuales de economía y de lo que incluso recomendaban los organismos internacionales en ese momento. Estos organismos recomendaban a todos los gobiernos invertir en políticas públicas y sociales para sostener el tejido económico y social.
Sin embargo, nos encontramos con que el gobierno festejaba ahorros, rebajas en gastos e inversiones estatales en un contexto donde simultáneamente crecía la pobreza y caía significativamente la actividad económica. En el marco de la crisis del año 2020, se realizó un ajuste fiscal recortando salarios, gastos de funcionamiento e inversiones, cuando todo indicaba lo contrario.
Se mantuvo el decreto 90/2020, que establecía un recorte del 15 % del presupuesto de los organismos del Estado. Se hizo una rebaja salarial importante en enero de 2021: veníamos de un año con una inflación del 9,4 %, y ese ajuste salarial quedó cinco puntos porcentuales por debajo. Las maestras, enfermeras, policías y demás funcionarios públicos tuvieron una pérdida salarial del 5%.
En esos años tan negativos para el país, especialmente para los sectores más vulnerables, hasta se bajó la jubilación mínima. Durante dos años consecutivos —enero de 2021 y enero de 2022— se ajustó por debajo de la inflación, a costa de un mayor ahorro para las arcas públicas.
Siempre se puede discutir si fue suficiente o insuficiente el monto destinado a enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, incluso por medio del fondo COVID, que valoramos como instrumento. Pero, por ejemplo, el Instituto de Economía, en mayo de 2020, afirmaba que el Estado debía destinar muchos más recursos. De lo contrario, la pobreza aumentaría, y ese aumento sería evitable.
La pobreza aumentó. En ese momento se pensó en tres puntos porcentuales. Con la nueva metodología, el aumento fue de seis puntos porcentuales en 2020. Muchos expertos del Instituto de Economía señalan que ese impacto se podría haber mitigado con mejores políticas sociales compensatorias.
La CEPAL, organismo que compara variables económicas en América Latina, indicó que Uruguay fue el país que menos invirtió en políticas públicas sociales y fiscales para afrontar la pandemia. Por eso afirmamos que lo hecho fue insuficiente y que se priorizó una agenda de recortes del Estado en el peor momento posible.
¿Qué ocurrió en la pospandemia? Naturalmente, la economía tuvo un efecto rebote y se recuperó en 2021 y 2022. Pero esa recuperación fue muy desigual, y los más perjudicados fueron los trabajadores y los sectores más vulnerables.
El salario real promedio —y los promedios siempre son ingratos— estuvo 40 meses por debajo del nivel de 2019, incluso cuando la economía ya había recuperado ese nivel a fines del 2021. Desde un punto de vista económico, es injustificable que el salario demorara tanto más que la actividad económica en recuperarse. Esa decisión implicó, según estudios académicos, una transferencia de 4.500 millones de dólares del trabajo al capital entre 2021 y 2022.
En 2022, por ejemplo, en un año récord de exportaciones agropecuarias, el salario real de los trabajadores rurales bajó. Sueldos de 25.000 o 28.000 pesos sufrieron recortes mientras el país alcanzaba cifras históricas en exportaciones agroindustriales. También se recortaron salarios en el comercio, transporte y agroindustria, a pesar de que muchos de estos sectores no tuvieron impacto negativo por la pandemia.
Es cierto que en 2020 el movimiento sindical firmó un acuerdo en el Consejo de Salarios para mantener el empleo a través de un «año puente». Pero no acordó una pérdida salarial durante cinco años, recuperando recién al final, como marcaban las pautas salariales del gobierno.
Hoy se festeja que el salario promedio de 2024 esté por encima del de 2019. Pero no se menciona que eso fue gracias a la acción de los sindicatos, que lograron convenios mejores que los que proponía el gobierno. Las pautas oficiales planteaban una recuperación recién a partir de enero de 2025.
En las votaciones del Consejo de Salarios, el gobierno votó el 90 % de las veces con los empleadores, y sólo el 10 % con los trabajadores. La recuperación fue, nuevamente, en perjuicio de los más pobres.
En 2022 y 2023, el PBI superaba los niveles de 2019, pero la pobreza seguía siendo más alta. En 2024, con un PBI 6,4 % superior al de 2019, la pobreza se mantiene igual: 17,3 %, según la nueva metodología. La desigualdad también aumentó. El índice de Gini estuvo casi todo el período por encima del nivel de 2019, salvo en el último semestre de 2024.
Más pobreza infantil, más indigencia
Otros indicadores empeoraron: hay más pobreza infantil, más indigencia, a pesar de una economía más grande.
También queremos enfatizar que el gasto público tuvo una correlación con el ciclo político. El mejor resultado fiscal fue hasta septiembre de 2022. En 2023 y 2024, el gasto público se incrementó significativamente, y el déficit terminó siendo similar al de 2019, calificado entonces como «complejo pero manejable», igual que ahora, según palabras del propio ministro de Economía.
En 2024, el gasto primario aumentó un 4,7 %, dos puntos porcentuales por encima del tope. Se argumentó que fue por una “sorpresa inflacionaria”, pero el Banco Central ya proyectaba una inflación del 5 %, y la inflación promedio fue 4,8 %, lo que invalida esa explicación.
Consideramos que ese aumento del gasto fue deliberado, no una sorpresa, y respondió a la lógica política del año electoral.
En inversión pública, hubo una caída importante en educación y salud pública. En ASSE la inversión bajó un 20 % respecto al quinquenio anterior; en ANEP, 13 %; en UTEC, 8 %; en la Universidad de la República, 6 %. Esto implicó menos infraestructura edilicia, a pesar de que los presupuestos generales de estos incisos aumentaron al final del período, por recuperación de remuneraciones y gastos de funcionamiento, no por inversión.
También queremos hablar de la inversión privada. Deseamos que aumente, genere empleo de calidad y diversificación productiva. Pero la teoría de “sacarle el lastre al malla de oro” no dio resultado. La tasa de inversión se mantuvo cerca del 16 % del PBI, muy lejos del 22 % que se logró en algunos años del Frente Amplio, y apenas por encima del nivel del 2019.
Esto ocurrió pese a un fuerte incremento en exoneraciones fiscales y a una duplicación de inversiones y depósitos financieros en el exterior. El modelo no funcionó. La inversión pública y privada deben complementarse, no competir.
Sobre el empleo: se ha dicho que hay 100.000 puestos más que en 2019. Eso es falso. No se pueden comparar los datos de 2019 con los de 2021 en adelante, porque se usan metodologías distintas. El empleo creció, sí, pero no en esa magnitud. Las estimaciones sin ese sesgo metodológico indican que el aumento fue de aproximadamente la mitad.
En lo fiscal, la situación estructural es similar a 2019. La diferencia está en los gastos postergados que pasaron a 2025: facturas no registradas, gastos diferidos, compromisos asumidos por el gobierno anterior. Todo eso suma 970 millones de dólares, lo que obliga a aumentar el tope de deuda.
En ASSE, por ejemplo, la deuda en 2025 es de 11.221 millones de pesos, más del doble que en 2019.
En resumen, esta Rendición de Cuentas refiere a un quinquenio que no podemos calificar como satisfactorio ni positivo para la mayoría de los uruguayos. Hubo deterioro salarial, más trabajadores con salarios sumergidos, más pobreza infantil, más indigencia, y un PBI más alto que en 2019.
Se recortó el gasto público cuando más se necesitaba. Y aunque se incrementó hacia el final del período, no redundó en mejoras sociales significativas. Hubo deterioro en salud y educación por recortes en inversión. Mientras otros países de América Latina lograron reducir la pobreza en 2023 respecto a 2019, Uruguay recién empató en 2024.
La teoría del “malla de oro” no dinamizó la economía. No hubo desarrollo de sectores con potencial de encadenamiento productivo, y aumentó significativamente la riqueza depositada en el exterior.
Por todo esto, creemos que es de responsabilidad votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas remitido por el Poder Ejecutivo y seguir discutiendo las diferentes políticas, sobre todo en la discusión presupuestal que tenemos por delante.
Ana Olivera
Podemos tener muchas ideas de lo que es la Rendición de Cuentas, pero no se trata solamente de la exposición de motivos, donde se dice cuál fue el resultado del año que pasó. En esta, como lo fue la del año pasado se aborda el conjunto del quinquenio y además, implica muchísima información que, inciso por inciso, ministerio por ministerio, se cuenta el cumplimiento de las metas de cada uno de esos ministerios que tiene que ver con la vida de las personas, porque las rendiciones de cuentas y el presupuesto tiene que ver con eso.
Hay temas que hemos seguido y nos interesa darle el cierre, uno que no es el que hubiéramos querido, el medio punto de la pobreza que significa 100.000 personas durante la pandemia. Uno no se regodea hablando de este tema, porque siempre tratamos de ver por dónde eran las salidas, cuáles eran las salidas y además veíamos esa distancia que se iba produciendo con la pobreza infantil. Esa pobreza infantil, que a pesar de las medidas tomadas, a las que me voy a referir, siguió creciendo y esto lo fuimos advirtiendo desde el año 2021, cuando se aprueba la partida especial para la primera infancia.
Inicialmente parecía que iba a ser solo del Ministerio de Desarrollo Social, pero que, sin embargo, después le fueron apareciendo para sumarse el Ministerio de Vivienda, ASSE, ANEP, INAU y fue cambiando de forma, entendíamos la necesidad de una articulación y de un plan en común y no de un reparto de dinero para que cada uno hiciera lo que quisiera.
Luego fuimos visualizando en la Rendición de Cuentas del año 2022, que estas partidas no se habían ejecutado en su totalidad, aunque aparecían como ejecutadas. Lo dijimos varias veces: silencio de radio, lo volvimos a repetir en la Rendición de Cuentas del año 2023. Allí con más claridad, porque además ya había un crecimiento a pesar de esos 50 millones de dólares anuales que se ponía. Esa pobreza infantil creció en cuatro puntos, señor presidente y volvimos a insistir, luego vino una solución mágica, porque si alguno tiene interés en leer las actas de aquella época, allí se crea un fondo especial: el Fondo de la Infancia.
¿Y el Bono Crianza?
Y cuando se lo crea quien hace la propuesta, dice con claridad que objetivamente hubo problemas para gestionar esta partida especial, más allá de los resultados concretos, pero también estaba el no cumplimiento de las medidas. Bueno, hoy tenemos el cierre de ese programa.
No se cumplió ni con la meta del Bono Crianza, ni con las metas vinculadas con las becas socioeducativas en el Tomo 2 de ANEP, en el Tomo del INAU no hay rendición pero hay otro documento, por eso decía que la rendición es mucho más que mirar los artículos y la exposición de motivos. Hay un documento especial que es Rendición de cuentas y balance, personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos y ahí está que cuando se crea el Fondo Infancia recién se logra, recién se ejecuta el grueso del dinero el 17 de diciembre del año pasado para pagar al INAU los gastos de funcionamiento de aquellos CAIF que habían sido abiertos.
Antes del presupuesto, que viene en agosto, había la necesidad de plantear una serie de artículos que son los que están puestos con absoluta y total transparencia. Aquí quiero hacer un breve paréntesis: el ministro Oddone fue totalmente transparente, podría haber enmascarado o maquillado sus intenciones y sin embargo las transparentó del primero al último en relación a cada uno de los artículos, además del que aprueba la Rendición de Cuentas.
Transparencia
También está en la exposición de motivos toda su línea de racionamiento respecto a eso, que puede parecer una tontería, pero que tiene que ver con medidas concretas que se tomaron para lograr concretar la regla fiscal, porque efectivamente el ministro nos demuestra – yendo al corazón como dice él de su presentación-, que uno de los temas centrales ha sido el incumplimiento de la regla fiscal.
El ministro dice que se incumplieron los tres pilares de la regla fiscal que no quiere decir y lo dice con total claridad, que debería aplicarse una regla fiscal con otras características, manteniendo el carácter de regla fiscal. Algunas de esas características que están dichas por el propio Consejo Fiscal Asesor, porque el primero que habla del incumplimiento de la regla fiscal no es el Ministro de Economía, no es el gobierno del Frente Amplio, es el Consejo Fiscal Asesor y todos lo sabemos acá que es una entidad creada por la institucionalidad fiscal que puso a funcionar la LUC y eso es que los tres pilares fueron incumplidos durante el año 2024.
Y acá, vuelvo a insistir, no es el Ministerio de Economía, no es el gobierno del Frente Amplio, no son los zurdos que están diciendo que no se cumplió con la regla fiscal.
¿Saben lo que dijo el Consejo Fiscal Asesor? Dice sobre la activación de la cláusula de salvaguarda (como propone la oposición) para el tope legal de endeudamiento neto. El Consejo manifiesta su desacuerdo con su activación motivada por “sustanciales cambios en precios relativos” y aquí se refiere al tema de la inflación. Entonces no es conveniente, desde un punto de vista institucional, la activación de la cláusula de salvaguarda en 2024, dado que la ambigüedad asociada a su justificación vuelve a repetir “sustanciales cambios en precios relativos” y esto podría llevar en el futuro a invocaciones arbitrarias y frecuentes de la cláusula, lo que potencialmente desvirtuaría la naturaleza de un instrumento valioso como lo es una cláusula de escape para una regla fiscal. Esto es con otras palabras lo que el ministro Oddone señaló en su presentación.
Cuando se habla de la falta de objetivos, cuando se habla de la falta de claridad hay algo que en la Rendición de Cuentas está expresado muchísimas veces, pero que además en su intervención y pensando en el futuro el ministro de economía, en función de lo que es sin duda el programa de gobierno lo reiteró muchísimas veces: Uno de los objetivos sustantivos de esta administración que comenzó el 1° de marzo es la lucha contra la desigualdad, palabra que pueden ver en las versiones taquigráficas, no fue dicha en esta sala en ninguna de las rendiciones de cuentas del quinquenio pasado: la palabra desigualdad lo dijimos muchísimas veces, no existía aquí, está planteada como uno de los objetivos sustantivos del gobierno que se inicia.
