La compra de dos lanchas oceánicas para la Armada: Garantía falsa, cuestionamientos y denuncias ante la Fiscalía.
La decisión del gobierno nacional de presentar denuncia civil y penal y rescindir el contrato por valor de más de 90 millones de dólares con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, por “fuertes indicios de estafa y fraude”, conmovió la escena política nacional.
La decisión pone en cuestión un nuevo contrato millonario del gobierno anterior, al igual que ocurrió con el Proyecto Neptuno o el Ferrocarril Central, pero, en este caso, además, introduce indicios de fraude y posibilidad de perjuicios para el Estado. Y también implica decisiones de la Armada Nacional, del Ministerio de Defensa Nacional y herramientas militares, que no otra cosa son las patrulleras oceánicas.
El miércoles pasado, en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, donde estuvo acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció la decisión del gobierno uruguayo. Como expresión de la gravedad que el gobierno le atribuía a la situación y a la decisión anunciada, también estuvieron presentes la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse y la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
El viernes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y, también se hará una demanda civil.
La decisión se tomó luego de comprobar que la garantía presentada por el astillero español, que tenía irregularidades muy importantes, correspondía a una empresa de papel, cuyo domicilio en Londres, Inglaterra, no era real y que no registraba actividad económica en los últimos años.
El Estado uruguayo ya abonó unos 30 millones de dólares, la primera lancha debía estar construida ya, no lo está, la garantía que el astillo presentó, con muchas irregularidades, se demostró sin respaldo.
La decisión fue cuestionada por el Honorable Directorio del Partido Nacional, el ex ministro de Defensa Nacional, hoy senador nacionalista, Javier García, dijo que el gobierno del Frente Amplio se dedicaba a destruir todo lo anterior y el ex presidente de la República, Luis Lacalle Pou, indicó que “el presidente Orsi se había dejado arrastrar”.
Una larga lista de cuestionamientos
Como ya ha informado EL POPULAR, la adquisición de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, durante el gobierno encabezado por Lacalle Pou, fue un proceso largo y cargado de cuestionamientos, idas y venidas.
Como informa La Diaria en una reciente nota, el proceso incluyó, dos llamados a ofertas, la incidencia de EEUU para impedir que se adquirieran a una empresa china, la decisión de compra directa a un astillero español sin ninguna experiencia en este tipo de navíos, discrepancias y renuncias en la Armada Nacional, cuestionamientos en el Tribunal de Cuentas, advertencias del Banco Central y de un estudio de abogados que trabajó con el Ministerio de Defensa y una larga lista de incumplimientos por parte de la empresa española desde que se firmó el contrato.
En diciembre de 2021, Lacalle Pou, anunció que se compararían dos patrulleras oceánicas para la Armada. Como bien recuerda La Diaria, Lacalle Pou dijo que conocía varias empresas interesadas en proporcionar esas lanchas con las que tenía relación por haber integrado la Comisión de Defensa del Senado. En los primeros meses de 2022 se abrieron dos llamados, uno para comprar buques usados, que fue declarado desierto y otro para comprar lanchas nuevas. En este la mejor opción, según las comisiones técnicas, fue la empresa china CSTC, el costo era de 160 millones de dólares. En esos meses, El Observador, La Diaria y otros medios informaron que EEUU había hecho llegar a parlamentarios nacionalistas su malestar si cerraba el trato con la empresa china. En enero de 2023, el Ministerio de Defensa desechó la posibilidad de la empresa china, porque el monto era superior a la disponibilidad presupuestal. En abril de 2023 se hace un nuevo proceso, pero esta vez desde la Armada se comunican directamente con empresas, reciben propuestas y las analizan. De acuerdo a El Observador, se presentaron al menos 7 propuestas y en mayo de 2023, con la aprobación del comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, Héctor Magliocca y José Luis Elizondo, se eligió la propuesta de Cardama. El entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, se opuso y luego pidió el pase a retiro. En julio de 2023, el entonces ministro de Defensa, Javier García, anunció que el gobierno había decidido comprarle las lanchas a Cardama, por 80 millones de euros y que estas terminarían de construirse a mediados de 2025.
En agosto de 2023, la empresa china CSTC, elegida en el primer llamado, cuestionó la decisión, dijo que en su caso había tenido que cumplir con una serie de requisitos y hacer una propuesta de 89 carillas y que el nuevo llamado, en el que se eligió a Cardama, se había hecho por teléfono y con una propuesta de menos de una carilla.
En esos mismos días el Tribunal de Cuentas aprobó la “compra directa por excepción” a Cardama, por 4 votos a 3, con la oposición de los ministros del Frente Amplio.
En diciembre de 2023 el gobierno firmó el contrato con Cardama, entre las disposiciones del contrato estaba que el astillero español tenía un plazo de 45 días para presentar una garantía de fiel cumplimiento, por un monto igual al 5% del total de las obras, la garantía debía cubrir todo el plazo de ejecución del contrato. En el contrato se establecía un plazo de 18 meses para la construcción de las lanchas, es decir junio de 2025.
¿Qué pasó luego de firmado el contrato?
Hasta allí el proceso. Según informaron Díaz y Sánchez en la conferencia de prensa, el astillero español no cumplió el plazo de 45 días para presentar la garantía, en realidad le llevó 11 meses, plazo en el cual todos sus pedidos de prórroga fueron aceptados. En esos 11 meses Cardama inició 7 procesos de validación, con empresas de seguros, financieras, nacionales e internacionales y todos resultaron rechazados, en varios casos las empresas no aceptaron garantizar al astillero español.
Finalmente, en setiembre de 2024, Cardama presentó un borrador del aval de EuroCommerce. El estudio jurídico de Delpiazzo, consultado por el Ministerio de Defensa, advirtió que el aval no cumplía con el requisito de cubrir todo el período de ejecución del contrato, solamente era válido por un año. El estudio jurídico también advirtió que la documentación del aval no tenía apostillado, ni estaba traducida del inglés, ni tenía certificación de firma. A pesar de esto el Ministerio de Defensa aceptó la garantía, en estas condiciones, en octubre de 2024.
En el contrato se establecía la obligación de Cardama de anunciar la renovación de la garantía antes de su vencimiento, año a año. Este 22 de octubre se venció el año y el Gobierno no tuvo ninguna comunicación de Cardama.
Presidencia instruyó al embajador uruguayo en Londres a constituirse en el domicilio de EuroCommerce, allí constató que allí funcionaba una inmobiliaria. El gobierno de inmediato contrató a un estudio jurídico de Londres para que realizara una investigación. Esa investigación, de información abierta, determinó que el propietario de EuroCommerce es un ciudadano ruso, que vive en Rusia y que la empresa no tiene actividad económica registrada, tiene un solo empleado y está en proceso de liquidación. Como si todo esto fuera poco también se comprobó que en la página web de EuroCommerce se mostraba la fachada de un banco canadiense, TD Bank, investigada en EEUU por lavado de activos y contribución al narcotráfico.
Fue ante la constatación de estos hechos que el presidente de la República, Yamandú Orsi resolvió, ejecutar la garantía, rescindir el contrato, presentar denuncias ante la Fiscalía e iniciar investigaciones administrativas.
Orsi dijo en conferencia de prensa y luego reiteró pública que se decidió efectuar una denuncia penal dados los “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado uruguayo”.
La fiscal Sandra Fleitas, a quien se le adjudicó el caso, pidió que se la relevara del mismo por “razones de decoro”, dada su vinculación con un ex jerarca del Ministerio de Defensa Nacional. La causa finalmente quedó a cargo del fiscal Alejandro Machado.
