Rony Corbo
En el intercambio se expresaron las preocupaciones por las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de la región, con la excepción de Argentina, aún en la pandemia.
Se afirmó la necesidad de fortalecer la unidad de acción de las fuerzas populares, políticas y sociales, colocando la vida y la salud como un prioridad y el establecimiento de una renta básica como medida para enfrentar los impactos económicos y sociales de la pandemia.
En la declaración final la Regional Sur del FSP expresa que “el contexto mundial y los efectos que genera la pandemia provocada por el Covid-19, la cual ha agudizado la grave crisis económica y social que está impactando a millones de personas en el mundo, particularmente en los sectores más vulnerables de la sociedad”.
Destaca “la profundización de la ofensiva de E.E.U.U en el continente, valiéndose de bloqueos y otras sanciones unilaterales; su injerencia en asuntos internos de otros países y la constante amenaza de guerra”.
En tal sentido pide priorizar “la vida y la salud de las personas, por encima de la economía, y por tanto, es imprescindible impulsar la discusión de una renta básica para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos”.
Los partidos miembros del Foro de San Pablo del Cono Sur afirman que “en ese contexto, es fundamental retomar el camino de la inversión en el sistema de salud pública, sobre todo en aquellos países en los que se ha subestimado la inversión pública en un sector vital, lo que ha provocado una crisis sanitaria que agudizó la crisis económica y profundizó la crisis social a nivel mundial”.
Polemizando con la derecha advierten “que la crisis ya estaba instalada, consecuencia de la implementación de medidas aplicadas sistemáticamente por décadas, en favor de los intereses de las transnacionales, y hoy se utiliza la situación de pandemia como forma de solapar acciones de corte netamente neoliberal”.
La Regional Sur del Foro de San Pablo reafirma que “América Latina y el Caribe es una zona de Paz, y por tanto Convoca a la solidaridad mundial en la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En tal sentido, condena la instalación de Bases Militares con fines intervencionistas por parte de Estados Unidos y sus aliados y rechaza las amenazas de invasión militar a Venezuela y acciones que en el mismo sentido se desarrollan para generar desestabilización y profundizar la crisis económica que atraviesa el país hermano”.
Asimismo, reclama “a la Comunidad Internacional el cese inmediato de los bloqueos y sanciones económicas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua y propone que los Organismos Internacionales en el marco de las Naciones Unidas y sus distintas especialidades, se pronuncien enfáticamente a favor de esta medida impostergable en tiempos de pandemia mundial”.
Advierte que “el mantenimiento de los bloqueos y sanciones económicas constituyen una flagrante violación de los Derechos Humanos que solo tienen como objetivo profundizar el aislamiento geopolítico de los países afectados, lo que a su vez determina consecuencias devastadoras para los sectores más vulnerables de la sociedad. Resulta inadmisible que se mantengan este tipo de medidas que condenan a millones de personas a vivir en condiciones degradantes, impidiéndoles acceder a necesidades básicas para la vida humana”.
El documento denuncia “el alineamiento de la OEA a las posturas injerencistas promovidas por Estados Unidos, que contraviene el Artículo 1 de su Carta fundacional, en cuya Naturaleza y Propósitos los Estados Miembros se constituyen como una organización desarrollada para lograr «…un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia».
Los partidos de izquierda y progresistas del Cono Sur destacan la importancia de los organismos de integración regional y su funcionamiento en esta coyuntura.
El documento destaca que “en la actual coyuntura, el Foro de Sao Paulo se constituye en una herramienta fundamental para la reflexión política, la generación de opinión y el desarrollo de acciones que reafirmen la concepción anti imperialista de nuestros Pueblos, con la capacidad necesaria para generar marcos de acumulación socio-política que permitan aumentar la representatividad y el respaldo de nuestras propuestas, en función de una composición democrática, plural, con sentido de amplitud y una profunda visión de justicia social, respetando nuestros orígenes diversos, nuestras identidades ideológicas, nuestros valores fundacionales y nuestros métodos de lucha, que según las particularidades de nuestros procesos históricos tienen distintas expresiones, que han dado lugar a grandes logros, y ante los desafíos de la etapa en la que nos encontramos, debemos defender en Unidad”.
Informe de coyuntura por país
En los informes de coyuntura de cada uno de los países se observa la aplicación de políticas neoliberales en la situación de pandemia, priorizando el capital sobre el trabajo. Solo Argentina aplica medidas de corte distinto.
En Brasil, el impacto del coronavirus ha sido violento y el pronóstico apunta a una situación aún más grave en las próximas semanas. El gobierno federal es prácticamente inerte cuando se trata de combatir la epidemia. Su incapacidad para articular medidas concretas es catastrófica, con demoras, burocracia y negligencia. Jair Bolsonaro hace un discurso permanente para reabrir la economía, independientemente del impacto en la salud de los trabajadores. Mientras tanto, es indulgente en la transferencia de ayuda de emergencia a trabajadores informales y autónomos
Con el comienzo de la epidemia en el país, el Ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, trató de mantener la defensa de las medidas aprobadas por la OMS y adoptadas por los estados y municipios. Desde entonces, se enfrentó con el presidente Bolsonaro hasta que finalmente renunció la semana pasada. Fue reemplazado por un ministro subordinado sin liderazgo en el sector de la salud.
En el aspecto económico, el ministro de economía, el ultraliberal Paulo Guedes, se opone a las iniciativas para combatir los efectos en la población y está en contra de cualquier gasto que comprometa el presupuesto.
Por otro lado, los movimientos sociales presentaron una plataforma con medidas urgentes para combatir el virus y su impacto socioeconómico, centrada en los siguientes puntos: fortalecer la salud pública, garantizar los ingresos y el empleo, la protección social y el derecho a la alimentación para todos, el derecho a la vivienda, conversión de la economía y uso de recursos públicos. Es cada vez más urgente que las instituciones y la sociedad reaccionen en defensa de la democracia.
En Chile el coronavirus impactó en momentos de una profunda crisis social e institucional y en medio de un conflicto que enfrenta a las grandes mayorías populares contra el gobierno de Piñera y las elites dominantes. Producto de la agudización generada por la movilización social y popular se instaló en el país la exigencia de la recuperación de los derechos sociales y económicos del pueblo trabajador y el cambio del modelo económico neoliberal, lo que planteó, en la práctica, la disputa por el verdadero cierre de la larga transición post dictadura a través de un proceso Constituyente para terminar con la Constitución neoliberal pinochetista. Es central el reclamo de una nueva una Constitución elaborada democráticamente por una Asamblea Constituyente.
Desde el 18 octubre del 2019, se produjo un levantamiento social con multitudinarias manifestaciones en todo el país, marchas, huelgas y paros convocados por Unidad Social, Centrales sindicales, organizaciones estudiantiles y un amplio espectro de movimientos territoriales y populares. Simultáneamente, se constituyeron cientos de Cabildos y asambleas ciudadanas para exigir y discutir una nueva Constitución.
La emergencia sanitaria del coronavirus golpea a Chile de manera muy severa debido a la crisis estructural del sistema público de salud por un modelo neoliberal que ha transferido millonarios recursos desde el sector público hacia el sector privado provocando en la salud pública, entre otros efectos; un alto déficit en la infraestructura y capacidad hospitalaria, en el acceso a la atención, recursos humanos y disponibilidad de medicamentos e insumos.
Los partidos del FSP en Chile se plantean revertir la instalación del actual escenario autoritario y represivo que impulsa Piñera y la derecha para retomar una agenda unitaria de movilización social y política para el cambio estructural del modelo neoliberal y la restitución al pueblo del poder soberano y originario para cambiar la constitución.
En Paraguay el gobierno de Abdo Benítez, que es contrario a la integración regional para el desarrollo, se apoya y apoya a los sectores más concentrados del capital,
Los partidos políticos miembros del FSP plantean que se apliquen impuestos a las grandes fortunas, al tabaco, a la exportación de granos en estado natural y a las elevadas rentas del sector financiero privado y de los monopolios privados.
Que se deje de pagar la deuda externa, así como en particular la deuda de Itaipú, que ya están pagadas hace rato y que se destinen todos estos recursos –del impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa y de Itaipú– a la agricultura familiar campesina para producir más alimentos, para llegar al objetivo de hambre cero; para construir un sistema de salud pública universal, de calidad y gratuito y para garantizar la estabilidad en los empleos y en los ingresos de los trabajadores formales –así como sus contratos colectivos de condiciones de trabajo– e informales, y de las pequeñas empresas.
En Argentina el gobierno de Alberto Fernández ha tenido que luchar desde el primer momento con la pandemia socio-económica que dejó el desgobierno neoliberal de Mauricio Macri y, a poco de andar, hacerse cargo de la Pandemia provocada por la diseminación del Coronavirus en el Planeta. En solo cuatro años Mauricio Macri y sus CEOS del libre mercado habiendo heredado un PBI de 643.000 millones de dólares lo entregaron con 450.000 millones, resultado de más de 30.000 pequeñas y medianas empresas quebradas y 200.000 puestos de trabajo menos pertenecientes al sector formal de la Economía, sin contar con los miles de desocupados del sector informal que la crisis económica fue dejando en el camino, cuentapropistas, albañiles, plomeros, pequeños comerciantes, etc.
Sus primeras medidas en el contexto anteriormente descripto fueron en sentido absolutamente contrario a lo heredado, para ello dispuso: Lanzamiento del Plan Argentina contra el Hambre, para garantizar el derecho a la alimentación a todos los sumergidos por el régimen neoliberal. Bono de Emergencia de $ 2000 (unos 30 U$A) para titulares de la Asignación Universal por cada Hijo y $ 5000 (unos U$A 70) para aliviar la situación de los Jubilados a quienes Macri les había recortado los haberes y modificado a la baja el coeficiente por el cual se actualizaban sus jubilaciones. Doble Indemnización para despidos sin causa por 180 días. Aumento salarial: $ 4000 (aproximadamente U$A 60) para empleados privados y para estatales que cobren hasta $60.000 (aproximadamente U$S 1000). Congelamiento de las tarifas de gas y electricidad por 180 días, necesarios para revisar el escandaloso negocio de la Empresas Privadas de Energía que aumentaron las tarifas en más del 2.000% en cuatro años. Créditos del sistema de seguridad social con baja de la tasa de interés y suspensión del cobro de cuotas por 6 meses.
Moratoria para condonar multas e intereses de deudas impositivas. Reducción del 8 % en los precios de los medicamentos que permitieron abultadas ganancias durante los cuatro años de Macri a las Multinacionales del sector. Suspensión de los aumentos en combustibles, trenes y colectivos por 120 días. Lanzamiento del Plan de Precios Cuidados con primeras marcas y más controles a los efectos de regular y controlar el aumento injustificado de precios. Sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para volver a crecer. Restablecimiento de los Ministerios de Salud, Ciencia y Tecnología, Trabajo y Cultura a los que Macri había rebajado a Secretarias cumpliendo órdenes emanadas del ajuste pedido por el FMI. Creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Restitución del Protocolo de Aborto no Punible. Derogación del Protocolo de Uso de Armas de Fuego con fines represivos. Firma del Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad entre gobierno, empresarios, sindicatos y movimientos sociales.
Los partidos integrantes del Foro de San Pablo en Argentina también destacaron que el gobierno de este país ha adoptado medidas adicionales para enfrentar los impactos del COVID 19. Entre ellas destacaron: Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción: destinado tanto a empleadores como a trabajadores. Asignación compensatoria al salario para trabajadores a cargo del Estado, sistema integral de prestaciones por desempleo y asistencia a través del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) del Ministerio de Trabajo. Prohibición de despidos por sesenta días. Creación del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Congelamiento temporario de alquileres y suspensión de desalojos hasta el 30 de septiembre. Facilidades para créditos hipotecarios. Pago extraordinario para personal de salud, seguridad y defensa.Prórroga de vencimiento de deudas para PyMES y Micro PyMES.Créditos subsidiados a MiPyMES para el pago de sueldos.
Refuerzos en la política de protección social: se incrementan las partidas para asistir a comedores escolares, comunitarios y merenderos. Los titulares de planes sociales reciben un plus y se otorgó un bono extraordinario que alcanzará a más de 9 millones de jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, y Asignación Universal por Embarazo.
Esta inversión y subsidios representan casi 3 puntos del PBI, unos 1.800 millones de dólares.
Como observamos Argentina a través de las políticas estatales se distancia claramente del resto de la región.
