La Ley de Urgente Consideración (LUC) introdujo cambios importantes para el régimen de alquiler. En particular, las modificaciones se enfocaron en el sistema de alquiler sin garantías y en los desalojos (artículos 429 al 459). Dentro de los 135 artículos propuestos para derogar se hace acento especial en los referidos a los desalojos. Lo que importa destacar es que lo que la LUC plantea no sólo no brindará las soluciones prometidas, sino que además causará mayores problemas.
Un régimen de alquileres precarios
La LUC introduce un nuevo régimen de alquileres sin garantía, que básicamente establece condiciones especiales para quienes firmen un contrato de alquiler sin tener una garantía. Ya hay miles de alquileres sin garantía, esto responde a un problema real, son muchos los que tienen enormes problemas para acceder a una garantía y esto los deja fuera de poder firmar contratos de alquiler como el resto de la población.
Este nuevo régimen, que introduce la LUC, viene de la mano de condiciones más precarias para el inquilino, al rebajar los plazos para los desalojos e incluir fuertes recargos para quienes no hayan pagado en fecha (más de esto adelante). Es decir, lejos de buscar sacar a las personas de su situación vulnerable, lo que busca es blanquear un régimen de alquiler que les resulta muy injusto y que pone más en el centro su vulnerabilidad. Es imposible que la precariedad se solucione con más precariedad.
Esta medida podrá tener como consecuencia que viviendas en pésimo estado se vuelquen al mercado de alquiler. Con contratos que dejan a las partes en tal nivel de desigualdad, los propietarios podrán obtener mayores rentas de viviendas que, de otra manera, deberían poner en condiciones antes de alquilarlas.
El gobierno dejó pasar una oportunidad de oro para poder trabajar sobre el fondo del problema, que es el acceso al mercado de vivienda formal. En esta ley el gobierno podría haber impulsado programas de acceso a la vivienda, crear fondos de garantías especiales para población vulnerable, o expandir las garantías estatales. La solución al problema de quienes no pueden acceder a una garantía debe pasar no por habilitar regímenes aún más precarios, sino por brindar una vivienda segura y estable.
Un blanqueo a la usura
La LUC da una oportunidad para un desalojo para aquellos que no hubieran podido pagar su alquiler, sin embargo, esta solución consta en pagar la deuda más un 60% de recargo. Al mismo tiempo el tiempo para ser considerado en mora por el pago de alquiler baja a tan solo 3 días.
Este tipo de prácticas parecen más cercanas a un régimen de usura que a un contrato social entre partes, con montos que escalan con semejante rapidez. Como solución, además, parece que no funcionará, aumentar el monto de la deuda por un 60% difícilmente pueda ayudar a una familia que no puede pagar el alquiler a salir de esta situación.
Con este tipo de plazos, atrasos pequeños en el pago de los sueldos se pueden traducir en deudas para cualquier familia inquilina. Parece imposible pensar en esta medida como algo positivo, en particular con gente perdiendo su trabajo como consecuencia de la pandemia.
Una vulneración de derechos
Una de las medidas más polémicas introducidas por la LUC es la del desalojo “exprés”. Esto lo hace al reducir significativamente los plazos para aplicar los desalojos en todos los casos, incluso si se es buen pagador. Los plazos de desahucios pasan para los buenos pagadores de seis meses como mínimo, a un máximo de 30 días. Mientras que para quienes no hayan podido pagar el alquiler en fecha, los plazos pasan de 20 días a tan sólo seis.
Si en un hogar las personas están desempleadas, y momentáneamente no pueden pagar el alquiler o se atrasan para abonar el mismo, un desalojo inmediato, les hará más difícil todavía poder volver a la normalidad. Esto sin nombrar que, en el medio de una pandemia, echar gente a la calle sin una alternativa habitacional es una doble vulneración: se expulsa a la gente de su vivienda y además se pone en riesgo su salud. Por eso, esta medida lejos de construir una red de contención social para los hogares más vulnerables, los empujará al precipicio.
La experiencia internacional también apunta a que este tipo de desalojos no solucionan los problemas. En España con la llegada de la crisis inmobiliaria del 2008, miles y miles de familias se encontraron sin trabajo y con la imposibilidad de pagar sus hipotecas. Con un marco de leyes que facilitaba los desahucios, lo que sucedió fue que, a lo que ya era una crisis económica, se le sumó una crisis social. Este tipo de políticas puso a España en la mira de Naciones Unidas, llegando a acumular cinco sentencias condenatorias por la práctica de desalojos que no garantizaban el derecho a la vivienda.
La LUC además disminuye los plazos de excepciones por desalojo de 60 días a tan solo 7 días. Las excepciones se aplican, por ejemplo, en caso de que haya menores de 15 años, mayores de 70 años o mujeres embarazadas. Queda claro que aplicar este tipo de medidas a la población que más sufriría de perder su hogar no hace del mercado de vivienda algo más seguro.
El problema que los desalojos intentan solucionar es el evitar que la gente decida dejar de pagar su alquiler y los propietarios se vean perjudicados. Este razonamiento no reconoce que, en la enorme mayoría de los casos, las familias no dejan de pagar el alquiler porque quieren, sino porque no pueden. Si la gente pierde el trabajo y no puede pagar el alquiler, la amenaza de echarlos no ayuda a poder salir de la situación.
Conclusión
Lejos de traer las soluciones necesarias, la LUC trae más problemas. Para las familias que tienen problema en el acceso al alquiler por no tener garantías, esta ley les blanquea un régimen de alquiler precario. Para ello abre la puerta a desalojos exprés, práctica, que la experiencia internacional muestra que no ha funcionado, y que constituyen una amplia vulneración de derechos. Además, la LUC habilita acciones de usura contra quienes no puedan pagar el alquiler. Estas medidas no hacen al mercado de alquiler más seguro, sino más salvaje.
En general, el enfoque que la LUC al afrontar los problemas del mercado de alquiler parece ser el mismo que lleva en tantas áreas de la política nacional: la mano dura. Las soluciones planteadas tienen como componente principal el aumentar penas y castigos a quienes no cumplan con las normas. En esto el gobierno desconoce que ninguna familia inquilina quiere dejar de pagar el alquiler, cuando lo hacen es porque se ven obligadas a elegir entre comer y pagarle al propietario. Además, el gobierno ignora que el tipo de medidas que plantea lo único que lograrán es agravar las consecuencias sociales de las crisis, poniendo más precariedad en los más vulnerables. Por último, amenazar con sanciones más graves rara vez lleva a los resultados buscados.
El camino hacia un mercado de alquiler que funcione mejor pasa por tomar medidas valientes que pongan a la vivienda como un derecho humano antes que como una mercancía. Por ello, el gobierno debe apostar por impulsar más y mejor vivienda pública, por extender la duración de los contratos y por limitar la especulación regulando los alquileres, entre otras medidas. Es imprescindible hacer del alquiler una opción segura y estable, por ello es imprescindible derogar los 135 artículos de la LUC.
Rodrigo Martínez, Economista
