Una medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue rechazada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick.
A pesar del rechazo, informó Página 12, el juez resolvió que “observará presencialmente con suma atención todo lo que suceda durante la movilizacion convocada para este miércoles, a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta».
La medida cautelar, explica el medio de prensa, tenía como objetivo suspender el denominado protocolo Bulrich y que se ordenra al “Ministerio de Seguridad que respete y garantice el derecho a la vida, integridad personal, la salud y la libertad de expresión de quienes participen de protestas, transiten por las zonas en donde se lleva a cabo una protesta o desempeñen su labor periodística para brindar cobertura a dichos eventos”.
El rechazo del magistrado no supone, tal y como lo expresó este, “desconocimiento” y en ese sentido remarcó que “no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12/03/25 que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”.
Varios organismos del vecino país han presentado pedidos con el objetivo expreso de que se proteja y preserve “la integridad de los manifestantes y el fin de la impunidad represiva”.
En particular, informa el diario argentino, la Red Federal de Derechos Humanos, “presentó un Habeas Corpus ante el juzgado Criminal y Correccional N° 7 para que se tomen medidas preventivas de cara a la manifestación del próximo miércoles», solicitando, además a la jueza federal María Servini para que «de forma urgente ordene la preservación de la prueba sobre la represión del 12 de marzo».
