Uruguay discute su Rendición de Cuentas y el contexto global en el que lo hace no es un dato menor, un mundo convulsionado, en guerra, con un declive de la potencia hegemónica que ordenó las últimas décadas, carrera armamentista en ascenso, colapso ambiental, disputa creciente por los recursos naturales, por mencionar algunas de las situaciones que atravesamos. En este marco, el desafío para el gobierno frenteamplista es sostener y profundizar un proceso democrático capaz de avanzar hacia más justicia social y más desarrollo productivo; no como consigna sino como tarea concreta de gobierno. La Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo llevó al Parlamento, defendida sin mayoría propia en Diputados, es una pieza más de ello. El terreno en el que se discute no es sencillo, aunque tampoco es el fracaso que parte de la oposición quiere instalar. A pesar del contexto internacional, Uruguay creció por encima del promedio de la última década, con crecimiento salarial, de empleo y de creación de empresas. Y si bien el crecimiento del Producto sigue sien do magro el gobierno decidió presentar una Rendición de Cuentas que realiza incrementos priorizando cuatro áreas: infancia, educación, personas en situación de calle y seguridad.
La infancia quedó en el centro de las decisiones presupuestales de esta Rendición, y los números lo confirman; en un país donde la pobreza infantil llega al 32% entre los menores de seis años y al 29% en el conjunto de la infancia. La nueva Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia implicaría un incremento sustantivo, por encima del 80% del nivel de transferencias que actual mente reciben los hogares, con una reducción de pobreza estimada del 25% entre los sectores alcanzados. En los deciles 1 y 2 el monto pasa de 5.371 y 4.400 pesos a 10.000; en los deciles 3 y 4, de 3.032 y 3.232 a 6.600; en el decil 5, de 2.796 a 3.300. Las niñas y niños nacidos en 2025, 2026 y 2027 quedan cubiertos por el nuevo régimen, con la previsión de incorporar a las generaciones siguientes. Es la transformación más relevante del sistema de transferencias de ingresos que el país instrumenta en las últimas dos décadas, a lo que se suma un incremento a las políticas del INAU, financiado con reasignaciones dentro del presupuesto ya aprobado. Es, en los hechos, una rendición de cuentas importante y positiva para el país actual y lo que se intenta proyectar a futuro.
El resto de las prioridades declaradas también tienen números detrás. El bono escolar se amplía a 230.000 niñas y niños y las becas de educación secundaria llegan a 30.000 estudiantes. Los recursos para la Estrategia Nacional de personas en situación de calle, presenta da en abril, financian proyectos de acompañamiento y también experiencias de convivencia y producción. En seguridad se suman 300 cargos policiales para el área metropolitana y hasta 12 vehículos blindados, dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública y del programa Más Barrio, pensados para garantizar derechos en los barrios más postergados. A esto se suma una conquista que llegó por otra vía, la exoneración de IVA a los materiales
de construcción del sistema cooperativo de vivienda, con una renuncia fiscal de 10 millones de dólares en cinco años, un avance histórico que responde a un reclamo sostenido del movimiento cooperativo. Los jubilados, por su parte, recibieron un aumento del 2,5% que no se descuenta a cuenta de futuros ajustes: un incremento limpio y no una promesa a cobrar más adelante.
Todo esto se financia con una combinación de racionalización del gasto de funcionamiento, reasigna ciones y mejoras en la eficiencia tributaria. 50 millones de dólares ya previstos para 2027 se mantienen, y se agregan 31 millones adicionales destinados sobre todo a la unificación del sistema de transferencias. Ninguno de estos cambios afecta las metas fiscales del quinquenio. Es una rendición con gasto adicional y con una reorga nización de prioridades en función de las urgencias que fueron apareciendo.
Sin embargo, la respuesta de la oposición llegó rápido y sin matices. Lo que queda de la Coalición Republicana anunció que no votará en general el proyecto, y los argumentos no se acercaron en ningún momento al contenido real de la Rendición. Se habló de un año de mal gobierno, de falta de liderazgo y de rumbo, de un examen que el gobierno no aprobó, de cuentas mal hechas y correcciones insuficientes. Ninguno de esos argumentos vino acompañado de una propuesta alter nativa sobre infancia, vivienda o seguridad. Temáticas que la propia oposición trabajó en campaña electoral pero que rechaza ahora. Hoy los votos no están. Y ahí es donde la tarea de las próximas semanas, hasta que el Parlamento resuelva, no puede limitarse a esperar. Cada sindicato, cada comité, cada organización territorial tiene por delante la tarea de hacerles saber al conjunto del sistema político que darle la espalda a estas necesidades tiene un costo. No alcanza con explicar los números: hay que disputarlos, puerta a puerta. Hay que hacer pesar (ante una oposición que reparte notas de examen sin un plan propio, más cómoda en la chicana política que en la disputa de fondo sobre qué hacer con los recursos del Estado), que su rechazo en bloque debería ser, para cualquiera que mire los números, más un problema de esa oposición que del proyecto que rechaza.
Pero ese rechazo no agota los desafíos de este proceso. Aprobar la Rendición en el Parlamento, incluso si se consiguen los votos, resuelve apenas la mitad del problema. La otra mitad se juega después, en si estas conquistas logran instalarse en la vida cotidiana de nuestro pueblo, ser reconocidas como decisiones políticas y no como hechos espontáneos del calendario, y convertir se en la base desde la cual empujar lo que todavía falta. Ninguna medida de este proyecto, por sólida que sea en el papel, se sostiene sola, necesita apropiación social para no quedar en la letra de la ley.
Las leyes solas no alcanzan. La nueva Ley de Empleo Integral tiene antecedentes en gobiernos anteriores que nunca llegaron al interior del país ni a las pequeñas empresas, no lograron consolidar empleo estable, precisamente porque quedaron en el texto y no en la práctica organizada. Algo parecido puede pasarles a las becas Butiá si se entregan como un trámite administrativo y no se construyen socialmente como un derecho compartido, con el riesgo de la estigmatización y sin el respaldo ciudadano que necesitan para sostenerse en el tiempo. En ASSE hubo cambios presupuestales importantes que buena parte de sus usuarios todavía desconoce. Infancia, vivienda cooperativa, becas y empleo para las jefas de hogar no son medidas sueltas, son todas piezas de una misma estrategia contra la desigualdad, y comunicarlas de forma aislada, una por una, sin ese hilo conductor, es parte del mismo problema.
Por todo esto la tarea que viene no termina en el Parlamento. Una Rendición de Cuentas se aprueba con votos, pero se sostiene con organización, en cada sindi cato que explica qué cambió en los Consejos de Salarios, en cada comité de base que discute qué representa la nueva Asignación, en cada organización social que exige que las partidas de ASSE se conviertan en mejor atención. El desafío no es sólo aprobar leyes ni anunciar medidas. Es que amplios sectores del pueblo vuelvan a sentirse protagonistas del proceso que las hizo posibles y las defienda ahora y mañana. Esa misma organización, además, es la única capaz de abrir mañana la puerta a lo que esta Rendición todavía no pudo dar, una reforma tributaria más profunda, más recursos contra la pobre za infantil, una educación pública puesta en el centro y no al margen. Ahí, y no solamente en el Parlamento, se juega si esta Rendición de Cuentas termina siendo una conquista sentida como propia o una lista de logros que nadie reclama como suyos y que mañana puedan caer.
