El pasado martes participó del programa Voces de Montevideo, que se emite de 12 a 13 horas por CX1330, Gustavo Leal, sociólogo que trabajó en El Abrojo y fue asesor y ex director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.
Leal explicó que en la ley de urgente consideración el capítulo referido a Seguridad incluye 125 artículos, de los cuales se propone derogar 33, que son los más regresivos.
“Tenemos que tratar de incidir para que voten el Sí y la ciudadanía tome la decisión de corregir algunos aspectos de esta ley. Hay un fundamento importante para quienes están indecisos, esta objeción que se hace para derogar 135 artículos es sobre aquellos aspectos más negativos de una ley que se votó a las apuradas”, señaló.
“Esto no es poner el palo en la rueda, el gobierno no puede victimizarse y decir que no se lo quiere dejar gobernar porque la ley de urgente consideración tiene 476 artículos y se propone impugnar 135, un 28% del articulado.
No pedimos que se evalúe al gobierno a los dos años de asumir como si fuera una elección, .por suerte el Uruguay es un país democrático consolidado, podemos decir que habrá elecciones en 2024, 2029 y cinco años después”, indicó Leal.
Asimismo, recordó que los referéndum y plebiscitos son “mecanismos constitucionales para corregir rumbos que la ciudadanía piensa que están mal, o reforzar aquellos que la ciudadanía piensa que está bien.
Para los indecisos ese es el argumento: es una objeción que hacen 800.000 personas que firmaron para mejorar un conjunto de leyes que se entiende que si se mantiene estos artículos será negativo”.
“Hay gente a la que no le interesa tanto la política, quizás porque no les llega la información, las personas jóvenes de los barrios populares del área metropolitana y las personas más pobres del interior del país son quienes tienen mayor nivel de incertidumbre sobre qué votar, los argumentos a utilizar tienen que desmontar la estrategia del gobierno de identificar a quienes promovemos el sí como los negativos seriales, es una estrategia inteligente, pero no significa que tengan razón. Intentan instalar que el SÍ no quiere dejar gobernar y se opone a todo”, afirmó Leal.
Ubicar a quienes apoyan el sí en “en ese lugar político” intenta “clausurar la escucha, por eso creo que hay que salir de esa lógica, hay que explicar que no estamos en contra de toda la LUC, sino de un porcentaje”, aseguró.
“Si un gobierno cree que impugnar el 28% de una ley es poner ‘el palo en la rueda’ es que tiene muy poca capacidad de debatir y corregir rumbos.
La forma en que se discutió esta ley le hace ruido a muchos indecisos, Uruguay tiene una tradición histórica donde las reformas de los gobiernos son en capas, cambios que se hacen en forma paulatina, no se promueven lógicas refundacionales, hay una construcción estatal y pública”, expresó Leal.
A su vez, recordó que en 1943, fruto de las luchas sindicales, se realizaron los primeros consejos de salarios y asignaciones familiares y se modificó el modelo de asignaciones. “En el gobierno de Batlle, en plena crisis, se desacoplaron las asignaciones familiares al mercado de trabajo, a las que accedían solamente aquellos que tenían trabajo formal.
Durante los gobiernos del FA se transformó a las asignaciones en prestaciones vinculadas a la ampliación del plan de Emergencia. Posteriormente Plan de Equidad, actualmente se utilizan para refuerzos económicos en torno a la crisis de la pandemia, la institucionalidad se mantuvo.
Lo que le hace ruido a muchas personas es la forma de cambiar 70 leyes al galope, en 74 días, es un mecanismo legal y constitucional pero es impropio para lo que se usó.
Hasta ahora hubo 13 leyes de urgente consideración desde el retorno democrático, esta tiene 476 artículos, las anteriores eran todas unitemáticas, abarcaban un solo tema”, señaló Leal.
Asimismo, indicó que “el mecanismo de urgente consideración se llama así porque es excepcional, ya que implica que el Poder Ejecutivo es quien presenta la propuesta y si el Parlamento no la trata se aprueba automáticamente luego de 90 días, no es la forma en que funciona el Parlamento en general.
Si presento una moción y tiene la posibilidad de aprobarse automáticamente si no se vota en contra, es un poder muy excepcional y hay que cuidarlo, es un instrumento que generó al modificar 70 leyes a la vez que el Parlamento no funcione ahora”
“La forma es el tercer argumento: al gobierno se le fue la mano, no se legisla atropelladamente, por eso se objeta aquello que se entiende es algo que es absolutamente equivocado”, señaló Leal.
Los artículos referidos a Seguridad Ciudadana son cuestionados “por sus malos contenidos, el argumento principal es que nosotros promovemos un modelo de seguridad,basado en una polìtica estatal, con una policía pública y estatal, la LUC habilita a perforar el sistema de seguridad, no es verdad que nos oponemos a la LUC porque defendemos a los delincuentes. Quienes defendemos el SÍ defendemos a la policía, porque defendemos el Estado, y la policía es quien tiene el monopolio del uso de la fuerza. Hay modelos de seguridad que no son estatales ni públicos, en EEUU uno puede comprar un arma en un supermercado porque se cree que los individuos pueden ejercer la defensa de su seguridad en forma individual”, aseguró Leal.
“En Uruguay el porte de arma está sumamente restringido porque tenemos una concepción de que el Estado es quien tiene un modelo profesional y una institucionalidad pública de la seguridad. Defendemos la escuela pública, la salud pública y la policía pública”, afirmó.
“La policía es una construcción estatal, como sociedad creamos una institución profesional con el monopolio del uso de la fuerza, pero con una serie de controles, la policía es auxiliar de la justicia, no es independiente ni tiene grandes niveles de autonomía, la LUC perfora ese modelo porque le da niveles de autonomía a la policía, en relación a la Fiscalía y a la justicia que no pueden tenerse junto al monopolio del uso de la fuerza”, advirtió Leal.
“Desde los sectores sociales, sindicales y populares, vinculados al progresismo y a la izquierda en particular, tenemos una tradición muy fuerte de defensa de la inclusión a partir del mundo del trabajo, es lo que ha defendido la izquierda en toda su vida, mejorar las condiciones de trabajo, porque así se mejora la capacidad de incluirnos en la sociedad, y a partir de ahí se avanza. El mejor dirigente sindical era el mejor trabajador, la pelea era por mejores condiciones de trabajo, la delincuencia en un sentido estricto es un atajo a la cultura del trabajo, puede tener varias explicaciones, pero explicarlo no implica defenderlo como modelo”, indicó.
El artículo 1 referido a la legítima defensa, “amplía las posibilidades de utilizarla en escenarios que no son para defender la vida sino la propiedad. El artículo 65 habilita a los retirados policiales, que no son policías, puedan hacer procedimientos policiales libremente. La legítima defensa existe desde 1933 en Uruguay, la diferencia es que está estipulada cuando hay un riesgo inminente de vida de las personas, tiene que ser utilizada de manera proporcional de acuerdo a la agresión recibida, aquí se incorpora que si hay un riesgo en mi propiedad, puedo utilizar la legítima defensa. Si me roban la bicicleta, para defender esa propiedad puedo pegarle un tiro a quien me la robó, hay un nivel de desproporción absoluto que habilita a que a nivel privado se utilice la fuerza en forma desmesurada”, advirtió Leal.
A su vez, señaló que “este artículo eliminó la posibilidad de ejercer la legítima defensa en relación a terceras personas, en esta reforma jurídica a las apuradas, la técnica legislativa es pésima y eliminaron eso, defendemos la legítima defensa a terceros”
La LUC defiende la idea de que si la gente “ejerce libremente la violencia está ejerciendo su libertad, nosotros tenemos un concepto de libertad diferente, donde lo que tiene que primar es el bien común, para eso organismos del Estado tienen que ejercer el monopolio, por ejemplo, el de la fuerza.
Tenemos que defender una construcción del Estado que la LUC perfora. En Uruguay hay 25.000 retirados policiales, y hay 19.000 policías efectivos, en el Ministerio del Interior hay 33.000 funcionarios pero no son todos policías, hay personal de cárceles, el personal administrativo y el del Hospital Policial, etc, explicó Leal.
“El ministro ha cometido un montón de errores en estos últimos días, se define como un hincha de la policía, en el Ministerio del Interior no necesitamos hinchas, necesitamos gente con cordura y aplomo, porque el hincha es quien cree que grita fuerte y provocará que el cuadro va a ganar. El hincha es pura pasión, aunque pierda va a seguir siendo hincha, uno no es autocrítico. Heber dijo ‘somos 33.000 policías, y digo somos porque yo soy el primer policía’, tiene una confusión de roles enorme, porque un ministro no es el primer policía, sino el Director Nacional de la Policía, el ministro es la jerarquía política de un ministerio que engloba otras cosas. Con esta lógica de hinchada se trata de vender una idea de respaldo a la policía”, sostuvo.
“Ya han pasado dos años de este gobierno, pero creo que la sociedad ya se estando cuenta de que eso que se dice de que la seguridad ha mejorado no es tan así, la seguridad mejoró durante un tiempo porque hubo una pandemia y una restricción enorme a la movilidad, a la policía se la respalda con materialidad, el ministro se dice hincha pero no va para adelante, porque quienes ponen el pecho son los policías y el año pasado trabajaron con chalecos vencidos, hoy los policías llevan un 8% de pérdida salarial en 2 años”, indicó Leal.
“La policía es un organismo clave para construir comunidad con el monopolio del uso de la fuerza, si rompemos ese monopolio, entramos en una lógica complicada, del lejano oeste.
La LUC no beneficia a los ciudadanos ni a los policías, porque la mejor política de seguridad en un país es que haya confianza en lo público, tengo que confiar en la Institución, esta ley habilita a pedir documentación de una manera especial, desde 1978 hay una ley que obligaba a identificarse cuando la policía te lo solicita, se mejoró con la Ley de Procedimiento Policial, que establece que tengo que dar mis datos, la policía tiene mecanismos para identificarnos, si la policía duda de mi identidad ahí podía pedirme la huella en el patrullero o llevarme a la comisaría, avisando a Fiscalía que me lleva, ahora se habilita a pedir documentación pero no es necesario un procedimiento policial si hay actividad sospechosa, si no tengo documentación me pueden llevar detenido hasta dos horas, sin avisarle al fiscal, es lo más parecido a una razzia”, advirtió.
Moriana Alberro
