Se aprobó en Comisión de Diputados el proyecto de Ley de Medios del gobierno que habilita mayor concentración de la propiedad, la extranjerización y elimina controles sociales.
GM
Se acaba de aprobar en la Comisión de Industria de Diputados el articulado del proyecto de ley de la Nueva Ley de Medios, promovida por la coalición de derecha, especialmente por el Partido Nacional y muy particularmente por Presidencia de la República.
Este proyecto de ley que ahora debe pasar al Pleno de la Cámara y luego al Senado, es un retroceso democrático importante. Como ya han denunciado el Frente Amplio y organizaciones de defensa de la libertad de expresión, este proyecto de ley es regresivo, está destinado a favorecer a un reducido número de poderosos grupos empresariales; posibilita más concentración de la propiedad; habilita mayor extranjerización; quita controles sociales y transparencia y busca blanquear la situación de grupos mediáticos que hoy violan la ley vigente. La aprobación definitiva de este proyecto de ley seria un gran retroceso democrático y nos llevaría a un sistema de medios menos plural, más concentrado y más extranjerizado, por lo tano menos democrático.
Este proyecto de ley es más un plan de negocios para los empresarios de la comunicación que una ley que regule la comunicación. Es un traje a medida de los intereses y las exigencias de los grandes grupos empresariales mediáticos. Es una expresión más del modelo general de desigualdad y de beneficiar a los poderosos. Este proyecto de ley concentra el poder y la riqueza, también en los medios de comunicación.
Es importante establecer, que este proyecto de ley, cuya aprobación fue postergada durante casi 4 años, por la firme oposición del Frente Amplio, de las organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión y por prácticamente la unanimidad de la academia, responde a una exigencia sostenida y a una presión constante de los grandes grupos empresariales de los medios de comunicación.
Y también, que no es un hecho aislado. El gobierno de derecha ha realizado un conjunto de acciones para beneficiar a ese reducido grupo de empresarios que conforman un verdadero oligopolio de la comunicación.
Ese proyecto de ley es la continuidad de medidas como: habilitar a los canales de televisión a vender internet golpeando a ANTEL; al pago por ANTEL de 9 millones de dólares para tener la señal de los Canales 4, 10 y 12 en Antel TV, que se demostró un negocio ruinoso para la telefónica estatal; asegurarles a los grandes grupos empresariales mediáticos por decreto no pagar el canon establecido por primera vez en la historia en la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; flexibilizar hasta el infinito la duración de las tandas y ni siquiera controlar si los canales cumplían con eso y la última medida de otorgarles, cambiando los términos del llamado en el medio del proceso, la totalidad de los recursos del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable (FAPANS) a los tres canales privados de Montevideo.
Los contenidos del proyecto
A cuenta de un análisis más profundo, se puede adelantar, como lo hizo el ex director Nacional de Telecomunicaciones y consultor nacional e internacional sobre libertad de expresión, Gustavo Gómez, en un mensaje en sus redes sociales, que el proyecto de ley aprobado por la coalición de derecha en la Comisión de Industria de Diputados “blanquea la concentración ilegal de frecuencias del Grupo Clarín de Argentina. La ley vigente sólo permite acumular 3 licencias de TV paga. Clarín/Flow tiene 8 licencias. ¿La nueva ley que tope pone ahora?: 8 licencias. No es un número arbitrario, son las mismas que ya tiene Clarín en Uruguay”.
El proyecto de ley aprobado también, como explica Gómez “blanquea la concentración ilegal de frecuencias de grupos mediáticos uruguayos. La actual Ley de medios permite sólo 3 licencias de radio y TV”. En el proyecto de ley “se duplican a 6 (4 de ellas en Montevideo). El número no es arbitrario, busca legalizar a los grupos mediáticos Romay, Sarandí, Magnolio y Zorrilla”.
El proyecto de ley “autoriza la venta del 100% de las acciones de empresas de TV para abonados a grupos extranjeros. La actual Ley de medios sólo permite el 49% de capital extranjero (con excepción de quienes ya tenían licencia) pero no su control total”, se informa. Cabe recordar, para seguir atando cabos de a qué intereses defiende este proyecto de ley, que hace pocos meses se hizo público el interés de uno de los tres canales grandes de Montevideo de vender su canal de televisión paga a un grupo extranjero. Primero le dieron autorización para vender internet, ahora le habilitan que el 100% sea extranjero, eso claramente aumenta el precio de venta y vehiculiza el interés de grupos extranjeros, es hasta bochornoso como se legisla para facilitar negocios concretos de privados.
Es un proyecto de ley que apuesta a la opacidad y el ocultamiento para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión y para la transferencia de la titularidad de estas. El proyecto de ley aprobado, como también lo señala Gómez, deroga las disposiciones de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establecían obligaciones para el gobierno y para la URSEC. En concreto, y como una declaración de intenciones, deroga el organismo de control, con participación de la ciudadanía y las empresas, que además era honorario, y deroga también las consultas públicas previas a la adjudicación de frecuencias, renovación de las mismas o transferencia de titularidad, venta. Esto tiene como consecuencia directa que se oculte a la ciudadanía decisiones relevantes sobre el uso de las frecuencias, que son de toda la sociedad, no del gobierno y menos de un grupo de empresas, e implica un deterioro democrático.
Como no podía ser de otra manera, refleja otra exigencia de los grandes empresarios de los medios de comunicación, no pagar un canon por el usufructo en su beneficio de frecuencias que son de todas y todos. Como recuerda Gómez, hasta el año 2014, en que se aprobó la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los empresarios que usufructúan frecuencias de radio y televisión o licencias de televisión paga, no estaban obligados a pagar por usar frecuencias que son un patrimonio público. Nunca pagaron nada. El gobierno de derecha, actuando casi como un defensor de las empresas privadas de comunicación, las exoneró por decreto, año a año, de pagar lo que establecía la ley. Ahora con este proyecto de ley directamente derogan la obligación de pagar un canon. El canon era progresivo, los medios más grandes pagaban más, los más chicos mucho menos e incluso las radios del Interior no debían pagar nada. Gómez se pregunta: ¿Quiénes se benefician con la derogación del pago de canon? Específicamente los canales de televisión comerciales de Montevideo.
Es necesario recordar que, en el marco de la Rendición de Cuentas del año 2021, discutida el año pasado, el gobierno, más particularmente el Herrerismo, con la participación personal del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, intentó derogar por completo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa intención no prosperó por la votación en contra del Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Si se aprobó, el perentorio reclamo de los grandes empresarios de los medios de comunicación, la derogación del Artículo 56 de la Ley, y de esa manera se habilitó a los canales cables de todo el país a vender internet y competirle a ANTEL. (*)
Hay que señalar, como bien lo destaca Gómez, que en el articulado aprobado finalmente se lograron revertir otros aspectos negativos que tenía el proyecto promovido por el gobierno. No prosperó la intención del gobierno de derogar artículos de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que consagran varios derechos. Esto fue así porque hubo un esfuerzo muy importante de la bancada del Frente Amplio y de organizaciones de la sociedad civil, los planteos realizados encontraron eco en las bancadas del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, lo que dejó en esos puntos, aislado al Herrerismo.
Entre los aspectos negativos que se lograron reincorporar al proyecto de ley del gobierno los 4 artículos que protegen a la niñez y el derecho a la objeción de periodistas, aspectos ambos que la propuesta original del gobierno quería derogar.
(*) Enlace a la intervención de Gabriel Mazzarovich en la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, en el año 2022, marcando la oposición del Frente Amplio a la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Foto de portada:
Diputados votando- Foto: Javier Calvelo /adhocFotos
