Por Pablo Da Rocha (*)
El pasado 9 de julio, en la segunda reunión del Consejo Superior Tripartito, el gobierno ratificó los lineamientos salariales para la 11.ª ronda de Consejos de Salario, que abarcará a más de 745.000 trabajadores distribuidos en unas 185 mesas sectoriales. Estos lineamientos buscan establecer una hoja de ruta para las negociaciones colectivas de los próximos dos años, en un contexto de relativa estabilidad inflacionaria y crecimiento económico moderado, aunque con incertidumbres a nivel internacional.
El esquema propuesto establece convenios de dos años de duración, con ajustes salariales semestrales y correctivos anuales frente a la inflación. Se organiza en tres franjas salariales: la franja 1 (ingresos de hasta $38.950 nominales), que incluye aproximadamente al 30 % de los trabajadores y concentra los mayores incrementos; la franja 2 (entre $38.951 y $165.228), que agrupa al 64 % de los asalariados; y la franja 3 (más de $165.228), que cubre a un 6 % del total.
La lógica declarada es priorizar la mejora del salario real de los sectores con menores ingresos, mediante aumentos más significativos y correctivos que aseguren el poder adquisitivo frente a la inflación. Además, por primera vez se incluyen en la agenda temas no salariales, como la salud mental, la formación profesional continua y medidas de apoyo a las tareas de cuidado, especialmente relevantes en sectores feminizados como la salud.
En cuanto a los aumentos nominales previstos, los trabajadores de la Franja 1 recibirán un incremento acumulado del orden del 13,9 % al final de los dos años; los de la Franja 2, un 11,3 %; y los de la Franja 3, un 9,2 %. Estos porcentajes incluyen correctivos anuales para las dos primeras franjas si la inflación supera los aumentos acordados, mientras que la franja más alta queda desprotegida frente a posibles desviaciones inflacionarias. En términos reales, y siempre bajo el supuesto optimista de que la inflación se mantenga dentro de las metas oficiales, los aumentos para las franjas 1 y 2 serían de alrededor de 4,2 % y 2 % respectivamente, con un promedio general cercano al 2,3 % para todo el sector privado.
Estos aumentos, sin embargo, se ubican por debajo del crecimiento económico proyectado para el período, lo que implica que la distribución del ingreso no mejorará sustancialmente y el peso de la masa salarial en el Producto Interno Bruto dependerá, además, de la evolución del empleo.
Desde una perspectiva sindical y crítica, los lineamientos presentan avances pero también importantes límites y desafíos. Por un lado, priorizan a los trabajadores de menores ingresos y ponen sobre la mesa cuestiones sociales largamente reclamadas, como la formación y los cuidados. Por otro lado, consolidan una lógica de crecimiento moderado que no asegura que los salarios acompañen plenamente al crecimiento de la economía, ni que se reviertan las pérdidas salariales acumuladas en años anteriores.
La franja 3 queda sin mecanismos de corrección, lo que constituye un retroceso en términos de justicia distributiva para esos trabajadores. Además, la actualización anual de las franjas por IPC podría provocar movimientos entre franjas para quienes se encuentran cerca de los límites, generando desigualdades y dificultando la organización colectiva.
Otro aspecto crítico es el propio diseño técnico de los correctivos, que puede producir resultados contradictorios. Por ejemplo, en ciertos escenarios inflacionarios, los trabajadores de la franja 2 podrían recibir mayores correcciones que los de la franja 1, lo que rompe con la lógica de priorizar a los sectores más bajos; pues el diseño técnico de los correctivos contempla distintas tolerancias para las franjas 1 y 2 (0,5 % y 1 %, respectivamente), lo que en principio prioriza a la franja más baja; sin embargo, en ciertos escenarios inflacionarios intermedios, esta lógica puede invertirse.
Por ejemplo, si la inflación subyacente supera los aumentos previstos en un valor que está por encima del umbral de la franja 2 pero por debajo del de la franja 1, la franja 2 activaría su correctivo mientras que la franja 1 no, recibiendo así un mayor ajuste. Esto contradice la intención distributiva de los lineamientos, que es proteger especialmente a los sectores de menores ingresos, y sugiere la necesidad de revisar el esquema para evitar que en ningún caso la franja 2 termine con más aumento que la franja 1.
También cabe señalar que las tasas de crecimiento real previstas son modestas y dependen de que la inflación efectiva no se desvíe de las metas, lo que exige una vigilancia constante y una acción oportuna para evitar que los desfasajes se coman las mejoras prometidas.
De cara a la negociación en las mesas sectoriales, es fundamental que las y los militantes comprendan tanto las virtudes como las debilidades del esquema planteado. La defensa del poder adquisitivo exige presionar para que los aumentos superen al crecimiento económico y no solo a la inflación, y que los correctivos sean automáticos y suficientes para cubrir cualquier desvío.
También debemos exigir que las franjas se definan claramente y de manera estable para evitar desplazamientos injustos, y que se contemplen las particularidades sectoriales, evitando una aplicación rígida y centralizada que debilite la negociación colectiva. Finalmente, resulta imprescindible defender la inclusión de los temas no salariales —salud mental, formación y cuidados— como parte integral de la dignidad y calidad del trabajo, reforzando la dimensión humana y social de la negociación.
En suma, los lineamientos para esta ronda representan un punto de partida y una oportunidad para recuperar parcialmente el terreno perdido, pero no son suficientes por sí mismos. Requieren organización, movilización y vigilancia para que las promesas se traduzcan en mejoras reales y sostenibles para los trabajadores y para que la distribución del ingreso avance en equidad. La fuerza de nuestra negociación no reside en las mesas solamente, sino en la conciencia y la unidad de quienes estamos dispuestos a defender con firmeza los derechos conquistados y a seguir luchando por más.
Sabemos que estos lineamientos contienen avances importantes, como la prioridad a los salarios más bajos, la inclusión de temas sociales como salud mental y cuidados, y la garantía —al menos formal— de mantener el poder de compra frente a la inflación en las franjas más bajas y medias. Pero también sabemos que estos avances son parciales, que los aumentos reales previstos no alcanzan para que los salarios acompañen plenamente el crecimiento de la economía, y que en la franja más alta ni siquiera se garantiza mantener el salario real.
Por eso, la fuerza para conquistar mejores condiciones no está escrita en ningún lineamiento: está en nuestra organización, en nuestra unidad y en nuestra capacidad de negociación y movilización. Esta próxima ronda será clave para disputar la forma en que se distribuye la riqueza que producimos y la dignidad de las condiciones de trabajo. Estemos atentos, informados y comprometidos para que cada mesa sectorial refleje la voz y las necesidades de quienes sostenemos día a día el país con nuestro trabajo.
¡Nada se logra sin lucha, y nada nos lo pueden quitar si estamos organizados!
Salud
(*) Economista.
