La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual denunció que los artículos 483 y 509 del proyecto de Ley Presupuestal atentan contra los cometidos y el funcionamiento de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género.
El Frente Amplio, en su período de gobierno tampoco había asignado presupuesto a la ley, si bien legisló en la materia. Por lo tanto la ley no ha podido despegar y cumplir sus objetivos, que ante todo son combatir la violencia de género, un mal que afecta terriblemente a miles de mujeres y niñas en nuestro país.
“La ley de presupuesto no le da recursos al Poder Judicial para poder crear nuevos juzgados y el personal necesario, deroga competencias de los juzgados que había establecido la ley 19.580 lo cual perpetúa el fraccionamiento, por lo cual la víctima tiene que concurrir a distintas sedes judiciales, y se da una reiteración de declaraciones, de pericias y obviamente el resultado es la revictimización”, explicó EL POPULAR Marina Morelli, abogada feminista en Mujer Ahora, una organización que trabaja desde 1989 por los derechos humanos de las mujeres, desarrollando Consultorías, Capacitaciones y Cursos.
La abogada también explicó que las mujeres deberán concurrir a tribunales que no son especializados en violencia de género ni tienen formación en la temática: “las decisiones no van a contemplar la situación de violencia basada en género en su integralidad, que tiene factores y cuestiones muy específicas”, dijo Morelli. Mientras que la ley establece que exista un solo expediente y una sola comparecencia, el presupuesto plantea que las mujeres deberán pasar por al menos tres: la penal, la familiar y la de violencia de género.
El problema más grave es que a través del artículo 483 se plantea la modificación del artículo 18 de la ley 19580. El Proyecto de Presupuesto desmantela el Observatorio sobre Violencia basada en Género que había creado la ley, lo hace a través de varias acciones: “los cargos no son más rentados, manda para el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), porque estaba la ley lo pone en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que es el organismo indicado para diseñar, monitorear, evaluar políticas públicas, y que es la intención del observatorio, sin embargo lo manda al MIDES”, denunció la abogada feminista. Es de destacar que todas las políticas públicas son evaluadas por la OPP, razón por la cual se puede afirmar que el gobierno considera que la violencia de género ya no es digna de ser política pública. La Red Uruguaya contra la Violencia Domestica y Sexual señaló además que le quita al Observatorio el requisito de ser profesional para integrarlo por lo tanto le quita jerarquía institucional al organismo.
El artículo 18 plantea la creación de una Comisión Honoraria Interinstitucional conformada por el Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación. En tanto el Art. 18 planteaba que el observatorio “estará a cargo de una comisión interinstitucional conformada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que la presidirá, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Red Uruguaya contra la Violencia Domestica y Sexual”. También señalaba que “Los cargos serán rentados y ocupados por personas profesionales designadas por cada una de las Instituciones” y que funcionaría “en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que proveerá la secretaría técnica y la infraestructura necesaria”.
El presupuesto también saca la Sociedad Civil Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual “quien tiene la posibilidad de controlar y contrastar las políticas públicas del estado, eso es una oportunidad de control de la ciudadanía sobre lo que hace el estado en materia de violencia basada en género, que de otra manera y tal como está redactado el proyecto, el estado evaluándose a sí mismo no parece muy democrático, ahí se está violentando el principio de participación ciudadana, de transparencia, la intención del proyecto es desmantelar el Observatorio y que quede ineficaz para el objetivo que la ley lo creó”, subrayó Morelli.
(*) Esta es la primera de un ciclo de entrevistas a diferentes actores y entes sociales que nos explicarán cómo afecta el presupuesto de ajustes y recortes que está desarrollando el gobierno.
