El Ministerio de Seguridad de Argentin amenazó con responder “con estrictas medidas”, la presencia de cualquier persona que “incurra en conductas que afecten la seguridad o que realice cualquier acción ilegal” en el curso de la marcha que, como se va haciendo tradicional, realizan los jubilados del vecino país.
A través de un comunicado oficial el ente argentino aseguró que en dichos casos, la persona “será identificada y detenida”.
Los anuncios del ministerio de Seguridad al mando de Patricia Bulrich, atienden, principalmente a las hinchadas de fútbol quienes han venido acompañando a los jubilados en sus protestas.
De acuerdo al ministerio, las hinchadas se unirán a la marcha convocada para este miércoles 12 de marzo en “las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina”, a pedido de un “hombre llamado Carlos”, a quien se señala como “socio vitalicio” de uno de los clubes que viene acompañando a los jubilados en todas las movilizaciones.
Ante la solidaridad desplegada por las hinchadas, ls institución reiteró en el comunicado que “cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad, participando en actos que generen desmanes o disturbios con violencia contra las personas o los bienes, o que realice cualquier acción contraria a la ley, será identificada y detenida”,
Las movilizaciones de los miércoles, sostenidas por jubilados argentinos ha sido calificada por la ministra, Patricia Bullrich como “La Marcha de las Barras Bravas”, asegurando “que se dictaminarán sanciones ante la protesta”.
“Si querés ir y quedarte parado, podés quedarte parado. Le levantás una mano a un policía y vas preso”, declaró Bulrich a la prensa local.
En el comunicado del organismo se reitera la amenaza de aplicar la restricción administrativa de los que sean detenidos “a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país”.
Para el colectivo de la Coordinadora de Hinchas, los dichos de la ministra pretenden “deslegitimar la convocatoria y provocar miedo” con el objetivo de afectar la participación.
Lo anterior es descartado y negado por el organismo de seguridad que asegura que sus medidas constituyen una reafirmación de “su compromiso con la seguridad ciudadana, el respeto por la ley y el orden público, garantizando el bienestar de toda la población”.
