La decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de desplegar por un año una fuerza armada multinacional en Haití dirigida por Kenia, se produce tras un año en que el país demandara ayuda a la comunidad internacional con el propósito de poner fin al accionar de las bandas criminales que han tomado el control de amplias zonas a lo largo y ancho del territorio haitiano.
La primera vez que Haití realizó una solicitud formal en la que se solicitaba la intervención militar internacional data del 6 de octubre del pasado año.
De acuerdo al analista Bruno Sgarzini, la aprobación por parte de 13 naciones de las 15 que componen el Consejo constituye lo que califica como “una victoria significativa para la administración Biden”.
La “victoria” estadounidense, señala el analista se da luego de fracasar el intento estadounidense de que “Canadá asumiera un papel de liderazgo”.
De igual forma, agrega Sgarzini, se trata de “una victoria para el Secretario General de la ONU, António Guterres, quien, reconociendo problemas pasados con las operaciones de mantenimiento de la paz en Haití, propuso desplegar una fuerza bajo un mandato del Consejo de Seguridad, pero no dirigida por la propia ONU”, razón por la cual “visitó el Caribe en julio para presionar a los líderes reacios” para apoyaran la iniciativa de la fuerza multinacional.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad que fuera aprobada, explica el analista, “no será técnicamente una misión de la ONU”.
Como consecuencia de ello, “los países miembros no están obligados a contribuir a su costo” y el financiamiento de la fuerza se daría a través de “contribuciones voluntarias de los países”.
Hasta el momento, Estados Unidos no ha informado sobre sus evaluaciones respecto al costo de la misión, más allá de que el mismo aportará “una financiación inicial de 200 millones de dólares” proveniente del Departamento de Defensa.
La misión aprobada por el Consejo deberá, “asegurar instalaciones gubernamentales claves en Haití, como el puerto marítimo y el aeropuerto”, aunque también dará apoyo “a la fuerza policial mal equipada y con fondos insuficientes de Haití en operaciones para contrarrestar las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad”.
Haití, de nuevo, vuelve al centro de las noticias; esta vez no por una catástrofe natural, un magnicidio, sino por una nueva intervención militar aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El principal argumento es que se hace para luchar contra el caos provocadas por las bandas armadas. Y a pedido del actual primer ministro, Ariel Henry, responsable de atrasar las elecciones y la crisis económica que atraviesa el país.
La ONU, por lo pronto, trata de despegarse de la misión por ser dirigida por un grupo de países, no por la organización.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el lunes un despliegue de un año de una fuerza armada multinacional en Haití que estará dirigida por Kenia, casi un año después de que el país asolado por la crisis pidiera ayuda a la comunidad internacional para acabar con las bandas violentas que han tomado en zonas más amplias del país. La votación de la Res. 2699 se produjo cuatro días antes de cumplirse un año desde que el gobierno haitiano solicitó por primera vez una intervención militar internacional el 6 de octubre de 2022.
Trece de las naciones del consejo de 15 miembros votaron a favor, mientras que dos países, China y la Federación de Rusia, se abstuvieron. Los embajadores de ambos países dijeron que comprenden la escala y la urgencia de los problemas de seguridad que enfrenta el país, pero creen que la resolución no llega a ser un enfoque integral para abordar las múltiples crisis en Haití.
La votación fue una victoria significativa para la administración Biden, que, después de no lograr que Canadá asumiera un papel de liderazgo, logró obtener la aprobación del consejo de seguridad. También es una victoria para el Secretario General de la ONU, António Guterres, quien, reconociendo problemas pasados con las operaciones de mantenimiento de la paz en Haití, propuso desplegar una fuerza bajo un mandato del Consejo de Seguridad, pero no dirigida por la propia ONU, y visitó el Caribe en julio para presionar a los líderes reacios para que los apoyen.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad no será técnicamente una misión de la ONU, lo que significa que los países miembros no están obligados a contribuir a su costo.
Según la resolución, la fuerza se financiaría con contribuciones voluntarias de los países y la autorización sería inicialmente por un año, con una revisión después de nueve meses.
Más allá de las declaraciones de altos funcionarios de la administración Biden respecto al compromiso estadounidense con “el éxito de la misión”, no han declarado publicamente “cuánto se espera que cueste la misión, aparte de los planes de Estados Unidos de proporcionar una financiación inicial de 200 millones de dólares”, proveniente del Departamento de Defensa.
La misión, que ahora se espera que incluya tropas militares y policiales, implicará asegurar instalaciones gubernamentales clave en Haití, como el puerto marítimo y el aeropuerto, pero también apoyará a la fuerza policial mal equipada y con fondos insuficientes de Haití en operaciones «para contrarrestar las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad” en el volátil país.
La actual misión aprobada por el Consejo de Seguridad ha sido presentada como una forma “de estabilizar la violencia criminal en el país hasta que se hagan las postergadas elecciones”.
Al menos así lo había presentado y solicitado el pasado año, el primer ministro Henry luego de producirse, recuerda Sgarzini “una revuelta social en su contra” a partir del aumento de los combustibles”, un aumento que formaba parte “de un programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional”.
Como consecuencia de ello, reseña el analista internacional, Jimmy Cherizier, líder de la megabanda G-9 en Familia y Alianza, lideró “la toma de los tanques de combustibles de la capital Puerto Príncipe”. Al tiempo que realizó un llamado para “destituir a Henry”.
El intento de Cheriezier “fue sancionado, junto a otras personas, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.
En medio de dicha situación, explica el experto, “aparecieron 77 grupos armados en el país, entre ellos, Grupo de los 9 en familia y alianza liderado por el expolicía Jimmy Cherizier, antes miembro de la Unidad de Mantenimiento del Orden”.
La actual situación del país ha sido definida como “compleja”, sobre todo porque se considera que “las bandas, en parte, han sustituido al Estado haitiano”.
Sin embargo, añade el analista, es imposible comprender la actual situación del país si no se recuerda el agravamiento de la situación como consecuencia de las sanciones estadounidenses a Venezuela y el “fin de Petrocaribe”.
La dependencia de Haití de los combustibles para poder generar energía eléctrica tiene como consecuencia que “los elevados precios del barril de petróleo, y todos los productos refinados”, tengan “un impacto altísimo en las importaciones del país”.
En esa dupla de “alimentos y combustibles más caros”, la “crisis” está “asegurada”, sentencia Sgarzini.
La dependencia de la matriz energética de Haití “de una mezcla de petróleo importado y biocombustibles domésticos como la madera y los residuos de la caña de azúcar” permite entender cómo según datos del Departamento de Estado, en 2020, “más del 90 % de la generación eléctrica” del país “provenía de combustibles fósiles y menos del 10 % de energías renovables”.
El experto en temas internacionales recuerda que “desde 2008 hasta 2017, Haití tenía asegurado un suministro de combustible barato por parte de Petrocaribe, un programa comandado por Venezuela que le permitía pagar el 60% de su valor a 25 años con un 1% de tasa de interés”.
Sin embargo, añade, “las sanciones de Donald Trump bloquearon la capacidad de PDVSA, la estatal venezolana, para enviar más productos petroleros refinados para sostener la economía de Haití”.
Estas sanciones también afectaron “las obras públicas de Petrocaribe”.
“Hasta el bloqueo estadounidense a Venezuela”, señala el análisis de Sgarzini, “Petrocaribe representaba el 31% de la ayuda internacional, mientras el 49% era de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el resto se repartía en un 9, 7 y 4% entre el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea”.
Pero al neutralizarse el impacto de Petrocaribe, el gobierno haitiano “se quedó sin su principal caja política y entró en una espiral de conflicto”.
Con la neutralización de Petrocaribe, hizo su entrada “el Fondo Monetario Internacional con un crédito, a cambio de una reducción de los subsidios en los combustibles y otros ajustes de las cuentas públicas”.
Dichos fondos, “se fueron en una canaleta de corrupción sin sentido por parte de la clase política” lo que derivó en que la sociedad haitiana entrara en “un ciclo ascendente de protestas”.
“La constante subida de alimentos y combustibles, provocadas por el contexto global”, empeoraron la situación de la población y en paralelo el país vio incrementarse el contrabando de armas, desde Jamaica, lo que reforzó “la fortaleza de las bandas criminales que ocupan el vacío del Estado”, señala el analista.
En ese “cóctel explosivo”, Washington no está ajeno y en ese sentido no puede olvidarse que Estados Unidos “ha intervenido en tres oportunidades en el país con distintos nombres argumentos; en 1915, 1994 y 2004”.
Es esta historia la que permite comprender la propuesta estadounidense al Consejo de Seguridad para que se aprobara una «misión internacional de asistencia, ajena a la ONU, para mejorar la seguridad y permitir que la ayuda humanitaria fluya hacia Haití».
Kenia, liderara la Misión, pero la Misión transitará con “nulos controles de la ONU”.
