El pasado 1 de agosto entró en vigor en el país la multiadquirencia.
Se trata, como define una publicación del portal de la Asociación de Bancarios de Uruguay (AEBU) de un sistema que “permitirá que todos los comercios del país puedan vender, mediante todas las tarjetas de débito o crédito, a través de una única empresa que brinda acceso a los medios de pago y al mismo tiempo al POS, para facilitar el accionar de comerciantes y consumidores”.
La medida, agrega la nota del portal de noticias sindical, “cuenta con un acuerdo de aranceles firmado entre los mayores adquirentes con el MEF, al que adhirieron las principales cámaras, asociaciones y agremiaciones comerciales del país”.
Este cambio en el sistema, se explica, trae como consecuencia se amplíen “los actores que están trabajando en materia de pagos digitales”, permitiendo, “además de una simplificación del acceso, una mayor competencia en el mercado”, que redundaría en “rebajas de aranceles”, así como, “del costo de los POS y de los servicios”.
Sin embargo, se alerta, todo ello será positivo “siempre y cuando este proceso no termine en un nuevo escenario de monopolio, un peligro que hoy estamos viendo”.
En ese sentido se recuerda que, en el país, “la teoría de que la libre competencia mejora la oferta de servicios y reduce los costos ha fracasado reiteradamente”.
Respecto a lo que viene sucediendo con la multiadquirencia, se agrega, “todo indica que vamos por ese camino”.
“Aparece como esperable que los adquirentes compitan fuertemente por captar a las empresas comerciales más grandes, y que finalmente estas accedan a los costos más bajos”, mientras que, “los comercios pequeños no serían prioridad, por lo que hay posibilidad de que esa baja de costos no se dé automáticamente también para ellos”.
La alerta ante la configuración de un posible monopolio, se explica por lo sucedido durante “el proceso de preparación de la multiadquirencia”.
En dicho proceso, se detalla, hay “un actor con una posición de privilegio”, que aprovecha la misma “para dominar el mercado y generar un monopolio implícito”, una situación que, de configurarse “pondría en riesgo todos los objetivos de rebaja de costos de los servicios”.
Las tendencias monopólicas que se denuncian tiene “en su centro a la empresa Fiserv”.
La misma, se describe, “compró en 2019 a First Data logrando el procesamiento exclusivo de la marca Mastercard para Uruguay, y adquirió parte de la empresa Geocom SA, cuya actividad es la prestación de servicios de terminales POS, que abarcan la actividad de colocación, facturación/cobro y mantenimiento de la mayor red de terminales del mercado”.
A partir de esta compra, “Geocom comenzó a instalar terminales propias que direccionan su procesamiento hacia Fiserv, y a ello se suma una estrategia dirigida a retener en su poder la red de terminales POS 2000, atendida por Geocom”.
Con la “disolución de POS 2000”, añade el análisis, “se ha generado la «guerra de los POS», dado que el resto de los integrantes de esa empresa en este momento deben recurrir a proveedores para la gestión de los servicios de las terminales POS”, por lo cual “comienzan a tener relevancia todos los aspectos vinculados a los temas tecnológicos que son controlados por Geocom/Fiserv”.
La forma en que dicha empresa ha venido operando, motivó ya una serie de acusaciones sobre tal proceder.
Las acusaciones contra Geocom/Fiserv, incluyen “posibles retiros indebidos de terminales, extrañas fallas en las terminales que requieren supuestos cambios, e imposición de firma de contrato por el arrendamiento y procesamiento de las transacciones con la empresa”.
Estas acusaciones son claros indicadores de “competencia desleal” y a ellas se le agrega “el control ejercido por Geocom/Fiserv en materia tecnológica, limitante del proceso de migración de los equipos existentes a la nueva plataforma, acción que de demostrarse configuraría una práctica ilegal”.
Dichas acciones, se denuncia, no solo afectan “al resto de las empresas propietarias de las terminales de POS asignadas a los antiguos socios de POS 2000 tras su disolución”, sino que también “ponen de rehenes a los comercios” y con ello ponen “en riesgo el correcto funcionamiento del sistema de pagos”.
“La asociación entre el mayor proveedor de servicios vinculados a la administración de POS, que por más de dos décadas fue el proveedor de la mayor red de terminales POS del país (ex POS 2000, disuelta en enero de 2022) y uno de los mayores adquirentes del mercado de tarjetas —también titular de su propia red de terminales POS—, ha generado una integración total del negocio”, lo que permite que se posicione con un claro dominio “en el mercado, situación que conllevaría la generación de un monopolio”.
A ello habría que agregar, se subraya, “la amenaza enorme de que Geocom/ Fiserv no continúe brindando los servicios de mantenimiento a terminales POS que actualmente funcionan en miles de comercios, y que son propiedad de los exintegrantes de POS 2000”.
En caso que ello suceda, “podría implicar la imposibilidad de ejecutar las transacciones diarias realizadas por los comercios, con un impacto mayúsculo para el mercado y el sistema de pagos”.
La forma en que se ha configurado el mercado y la amenaza de un posible monopolio, traería como resultado que se desvirtúe “el objetivo de la multiadquirencia”.
Para evitarlo, se afirma, es imperativo “que el BCU y el MEF tomen cartas en el asunto. En primer lugar, para asegurar que no se violenten principios de la libre competencia, no se registren abusos de posición dominante y no se generen formas monopólicas perjudiciales para la economía”.
“En segundo término”, el reclamo por la intervención de las autoridades permitirá “asegurar el funcionamiento del sistema de pagos mediante el ajuste de aspectos de regulación y de supervisión de la puesta en funcionamiento del sistema”, preservándose “así los intereses de consumidores y pequeños comerciantes”.
