“El Grupo de Trabajo expresa su profunda admiración por la lucha incansable de las familias de personas desaparecidas y su solidaridad con ellas. Su constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito permanente y una continua violación de los derechos humanos hasta que la suerte y el paradero de la víctima se hayan esclarecido”, indica el documento titulado “Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias al concluir la visita oficial a la República Oriental de Uruguay (7 al 14 de julio de 2022)” y fechado el día de hoy.
Deuda histórica
“El Grupo de Trabajo observa con honda preocupación que en estos años han fallecido muchas personas sin haber logrado conocer la verdad sobre lo acontecido a sus seres queridos ni obtenido justicia. El Estado tiene una deuda histórica pendiente desde hace casi cinco décadas y debe asumirla como una tarea impostergable y poner fin al sufrimiento y a la angustia que han acompañado a miles de personas durante décadas y que ahora, en algunos casos, debido a su edad avanzada, también deben lidiar con el miedo de morir sin que sus derechos hayan sido garantizados” advierte el informe.
Más adelante agrega que “en muchos casos, la responsabilidad de llevar adelante toda actividad relacionada con la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones de los crímenes ha recaído sobre las víctimas y sus familiares, por ausencia de una actitud proactiva por parte de las autoridades”.
En este marco entienden que es necesario instaurar una “política de Estado en Uruguay que involucre a todos los partidos y sectores políticos, que rompa con el silencio y contribuya a mejorar la obtención de información de fuentes humanas así como documentales, y tome medidas eficaces para asegurar gestión, digitalización y acceso de archivos tanto en Uruguay como en el exterior”.
Es así que el organismo internacional “ha observado que, hasta la fecha, en Uruguay no se ha dado un ejercicio amplio de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad con respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas en el periodo 1968-1985. En este sentido, el Grupo de Trabajo recuerda que el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar en el futuro que tales crímenes se repitan”.
Reconocen trabajo de la INDDHH
La institución destacó especialmente la labor de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en la búsqueda de los desaparecidos. Institución que “goza de un alto grado de credibilidad y confianza por parte de las víctimas, en buena medida debido a su independencia, acorde con los criterios establecidos en los Principios de París (…) Sin embargo, el Grupo de Trabajo quisiera expresar su preocupación por la información recibida acerca de los reiterados episodios tendientes al desprestigio y el cuestionamiento público de sus integrantes y de la propia institución, formulados por exponentes políticos y retomados por algunos medios de comunicación. Estas instancias pueden dificultar el desempeño de sus funciones, incluyendo sus tareas de búsqueda. En este sentido, el Grupo de Trabajo considera inaceptable cualquier ataque, amenaza o intimidación que atente contra la integridad personal y profesional de sus integrantes, y vaya dirigida a cuestionar la labor de búsqueda de las personas desaparecidas y de protección de los derechos humanos”.
En este marco, es que hizo un llamado de atención sobre el “actual proceso de renovación del Consejo Directivo de la INDDHH previsto para el próximo mes de agosto. El Grupo quisiera expresar su preocupación por la información recibida sobre la intención de ciertos sectores políticos del país de querer controlar y politizar la Institución mediante la elección de un nuevo Consejo Directivo. En este sentido, el Grupo de Trabajo subraya la necesidad de que la elección de sus miembros se lleve a cabo en base a un procedimiento que ofrezca garantías de idoneidad y competencia de los candidatos y que representen actores civiles involucrados en la promoción y protección de los derechos humanos”.
La Fiscalía de Lesa Humanidad como un gran avance
Otra institución sobre la cual el grupo internacional destaco su creación, fue la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, y una Unidad dedicada a Víctimas y Testigos en la Fiscalía General de la Nación.
“Asimismo, el Grupo de Trabajo quisiera hacer propio lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia en el caso Maidanik y otros v. Uruguay con respecto al fortalecimiento de la capacidad de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Finalmente, el Grupo lamenta que, al día de hoy, no se haya dado seguimiento a ninguna de las medidas de reparación ordenadas por la Corte en la sentencia sobre el caso Maidanik y otros, convocado a familiares y sus representantes legales y alienta al Estado a conformar una mesa interinstitucional, con participación de las víctimas, para agilizar la ejecución de la sentencia. Asimismo, el Grupo lamenta que no se haya dado cumplimiento integral a las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en el caso Gelman y otros v. Uruguay. En general, teniendo en cuenta el inminente examen de Uruguay por parte del Comité contra la Desaparición Forzada, y las observaciones finales adoptadas por otros órganos de tratado o las recomendaciones de procedimientos especiales, el Grupo de Trabajo considera importante que el Estado garantice la existencia de un mecanismo eficaz destinado a coordinar las diferentes instancias y autoridades competentes para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas”, agrega el documento.
La excusa de la edad no funciona
El organismo internacional también expresó su preocupación por el proyecto de ley que esta en el Parlamento con el objetivo de sustituir las penas privativas de libertad por régimen de prisión domiciliaria, para procesados y condenados mayores de 65 años. “Debido a que dicha legislación sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos, y en especial, a los límites impuestos al otorgamiento de amnistías, indultos, reducción o beneficios en la ejecución de la pena, u otras medidas análogas a acusados y condenados por graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales, incluyendo a las desapariciones forzadas”.
También advierten sobre la información recibida sobre los obstáculos dentro del sistema educativo a los esfuerzos de algunos docentes tendientes a generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre los crímenes de la dictadura y otros temas relevantes de derechos humanos. “Así como la utilización del argumento de “laicidad” para limitar la educación sobre temas que son de interés universal. En ese sentido, el Grupo de Trabajo recalca que para garantizar un ámbito respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, son necesarias las medidas en las áreas de la educación formal e informal, la cultura, la memorialización y la formación en materia de derechos humanos”.
También se expresaron sobre la vandalización de los sitios de memoria, con el agravado de que estos incidentes en general no han sido investigados, ni las personas o grupos que los han cometido, han sido enjuiciadas y sancionadas. “A este respecto, el Grupo de Trabajo reitera la necesidad de generar una política integral de memoria que considere la importancia de reconocer desde el Estado los espacios de memoria, incluyendo el reconocimiento y la protección de los ya existentes, y que promueva el intercambio permanente con los familiares y sus asociaciones con relación a dichos espacios”.
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