En Estados Unidos, varios de sus estados impulsan medidas contra los migrantes.
Tanto en Missouri como en Mississippi los legisladores han propuesto varias medidas “que permitirían a ciudadanos recibir una recompensa de $1,000 dólares por proporcionar información que conduzca a la detención de inmigrantes indocumentados, reportó el diario NY.
De acuerdo al medio de prensa local, el plan propuesto “contempla (…) la creación de un sistema de cazarrecompensas certificados con autoridad para identificar y detener a personas sin estatus migratorio regular”.
Se trata, agrega el medio de prensa, de propuestas claramente alineadas “con las políticas de deportación masiva, promovidas por el presidente Donald Trump”, que ya “generan fuertes críticas por el riesgo de abusos y discriminación”.
La iniciativa, reseñó en un reportaje el canal local Telemundo, “busca que cualquier persona pueda reportar a migrantes sospechosos de ser indocumentados, incentivando una vigilancia comunitaria sin precedentes”.
De igual forma dicho plan asegura la emisión “de licencias oficiales para cazarrecompensas”, los que operararían “como una especie de fuerza auxiliar” de las fuerzas policiales en la detención de migrantes.
Al comentar la propuesta una activista de la organización Hispanic Association, dijo a la cadena de noticias que la iniciativa era muy peligrosa “porque los cazadores de recompensas no son policías”, existiendo el riesgo de que usen “tácticas agresivas” o que cometan errores y pongan vidas en peligro”.
El anuncio de estas medidas ha despertado las críticas de defensores de derechos humanos quienes temen por el impacto de las mismas “y alertan que podrían derivar en perfiles raciales, denuncias falsas y persecuciones arbitrarias”.
Otros estados, además de Missouri y Mississippi, también han avanzado en el diseño específico de medidas contra los migrantes.
En Oklahoma, ejemplifica el diario NY ya fue aprobada “una norma que exige pruebas de estatus migratorio para los estudiantes en escuelas públicas”, mientras que en Tennessee, “se propuso el cobro de matrículas escolares a niños indocumentados, lo que podría afectar el acceso a la educación de miles de menores”.
Montana, por su parte da a los policías “la facultad de verificar el estatus migratorio de las personas durante controles de tránsito”, mientras que en Iowa y Dakota del Sur, se avanza para “implementar licencias de conducir con marcadores que indiquen el estatus migratorio de los solicitantes”.
En Texas por su parte, se analiza si se exigirá la toma de “huellas dactilares a niños migrantes en los hospitales”, en tanto en Florida se discute, a partir de una nueva legislación que debe ser firmada por el gobernador Ron DeSantis, si se establece “un departamento exclusivo para agilizar deportaciones, con un zar de Inmigración y un equipo de 140 empleados”.
