La justicia resolvió a favor de la intimación del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) contra la puesta en funcionamiento del sistema de portabilidad numérica.
La decisión fue anunciada por los dirigentes sindicales de SUTEL y su representante legal, en conferencia de prensa realizada este lunes.
En el curso de la misma, Gabriel Molina, presidente de SUTEL, señaló “que el gobierno no ha informado del gran negocio que hay detrás de la puesta en marcha de la portabilidad numérica” y afirmó que la decisión del Ejecutivo “beneficiará a compañías privadas en perjuicio de la empresa pública ANTEL”.
Desde que fuera anunciada la iniciativa del Ejecutivo, el sindicato ha venido realizando una serie de denuncias y acciones con el objetivo expreso de frenar esta decisión, SUTEL ha insistido que la resolución del gobierno sobre la portabilidad numérica debe dejarse en suspenso hasta que se conozcan los resultados del referéndum sobre 135 artículos de la LUC en marzo de este año.
«No hay ninguna razón de urgencia para poner en funcionamiento ahora -la portabilidad numérica- antes de conocer el resultado de la votación que se llevará a cabo el 27 de marzo de 2022, salvo los intereses de las empresas de telefonía celular que son competencia de ANTEL», plantea SUTEL en el recurso presentado a la justicia.
El documento agrega que «es obvio que carece de razonabilidad y sentido lógico y práctico el ignorar que las normas que han sido cuestionadas e insistir en avanzar en base a normas legales que no están firmes».
En la conferencia de prensa, además de informarse de lo dispuesto por la justicia, el dirigente sindical resaltó el reconocimiento recibido por parte de la justicia, quien consideró a la organización sindical «como una persona física para seguir adelante con estos tipos de recursos”.
En la evaluación de la resolución de la justicia, la secretaria general del sindicato, Florencia Leymonié, remarcó que la acción del sindicato al presentar el recurso, es un mecanismo legítimo y representa un camino a ser recorrido por otros sindicatos u organizaciones sociales que entiendan se están vulnerando sus derechos”.
Consultados sobre si el Ejecutivo deberá cumplir lo dispuesto judicialmente, el asesor de SUTEL, Óscar López Goldaracena, explicó “que el Poder Ejecutivo podrá cumplir o no la intimación judicial”, pero si no lo hace “sabrá atenerse a las consecuencias».
