La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó al gobierno argentino a que asegure las condiciones que permitan la libertad de expresión, así como la de asociación.
El comunicado de la CIDH insta al gobierno de Javier Milei a que utilice protocolos de actuación “con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones2, tal y como se establece en los estándares interamericanos.
De acuerdo al comunicado emitido por el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), surgido por mandato de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado argentino “respondió a la protesta del 12 de marzo con un operativo de seguridad”, donde se utilizaron “gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.”
Como resultado de dicha intervención, se señala, 20 personas resultaron heridas, “incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo craneano”.
Del mismo modo, se añade, “se registraron 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial”.
Fue posible documentar, señala la CIDH, “ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero de 35 años que resultó gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, y que actualmente se encuentra en estado crítico, así como otros casos donde profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa”.
Los hechos ocurrieron, detalla el comunicado, “en el marco de la llamada «Marcha de los Jubilados», que se realiza semanalmente desde 2024 de manera pacífica en protesta de las reformas de austeridad económica implementadas por el Estado y sus impactos en los derechos de las personas pensionadas”.
Para la CIDH y con independencia de los argumentos utilizados por el Estado argentino para describir su accionar, “la CIDH reafirma que la protesta social es un componente esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas”.
“El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica permite a las personas manifestar sus demandas, opiniones y disensos frente a las políticas públicas y decisiones gubernamentales”, teniendo en ese sentido, el Estado de Argentina (…) la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, utilizando la fuerza como último recurso”.
“Adicionalmente,” se subraya, “el Estado tiene la obligación de garantizar que las y los periodistas puedan ejercer su trabajo de documentación e información durante protestas sin ser objeto de violencia, agresiones ni obstrucciones, ya que su función es esencial para informar a la sociedad y para garantizar el escrutinio público de la actuación policial”.
Respecto a las denuncias presentadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, “la Comisión recuerda que el Estado debe garantizar el ejercicio independiente del sistema judicial, que puede ser inhibido por la presentación de denuncias penales por decisiones emitidas en el cumplimiento de sus mandatos” y recuerda “que la participación de algunas personas en actos de violencia durante una manifestación no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente”.
Cuando ello acontece, se recuerda, “los agentes de seguridad deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia, y utilizando la fuerza solo como último recurso, de forma excepcional, proporcional y en estricto cumplimiento de los estándares internacionales e interamericanos”.
Finalmente, la CIDH reitera en su declaración, el “reconocimiento a la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, la cual ha sido fundamental para el fortalecimiento de su democracia”, por lo que urge “al Estado argentino a investigar de manera pronta, imparcial y con la debida diligencia los posibles excesos en el uso de la fuerza, y a sancionar a quienes resulten responsables” e insta “a las autoridades a promover un diálogo genuino, efectivo e inclusivo para atender las legítimas demandas de la población”.
