Luego de decretarse el “estado de excepción”, grupos criminales en Ecuador desataron una serie de acciones que pusieron al país en tensión.
Toma de rehenes en las prisiones y una violenta acción de intimidación en un canal de televisión derivaron en que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretara la existencia en el país de un “conflicto armado interno”.
Noboa, de acuerdo a lo comunicado en X (exTwitter) ordenó a las Fuerzas Armadas desarrollar acciones militares “bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos”.
“He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos”, escribió el presidente ecuatoriano en su cuenta oficial de X.
Las acciones de los grupos criminales fueron repudiadas por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador que, mediante un comunicado expresó que “repudia severamente la ofensiva del crimen organizado contra la vida, libertad e integridad de los ciudadanos”.
Estos hechos, se lee en el documento de la CNJ, “ponen de manifiesto la reacción violenta de las estructuras de corrupción y delincuencia frente al accionar del sistema de Justicia”.
En su declaración la CNJ se reafirma la posición del organismo para “aplicar decisiones que coadyuven a la lucha contra el actuar de los grupos criminales y se evite la impunidad”.
La institución señaló su respaldo a las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa con el objetivo de enfrentar la crisis de inseguridad que prevalece en el país.
“Solicitamos de manera urgente a las autoridades de la Función Ejecutiva proporcionar el suficiente resguardo policial y militar a la Corte Nacional de Justicia y a los complejos judiciales del país”, se lee en el comunicado de la Corte que finaliza llamando a la unidad a todas las instituciones del Estado para enfrentar la violencia criminal con “acciones conjuntas y articuladas”.
